El Gobierno criticó ayer a los dirigentes rurales que convocaron a un paro agropecuario a partir del próximo domingo. “Les pido que me ayuden a hacerles entender a los intereses que se quieren llevar toda la riqueza que está bien que tengan rentabilidad, pero hay millones de argentinos que quieren compartir el crecimiento”, sostuvo el presidente Néstor Kirchner. A su vez, en el Ministerio de Economía destacaron que la protesta “no tiene motivaciones económicas sino políticas” y fueron más allá al dejar trascender que desde Federación Agraria (FAA) solicitaron cargos en organismos públicos para levantar la huelga. Las entidades ratificaron la medida y respondieron a las acusaciones. Sociedad Rural anuncia hoy si adhiere, en medio de las presiones del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien emprendió la tarea de desalentar a potenciales participantes del paro.

Carbap, la organización que representa a los productores de Buenos Aires y La Pampa y a la vez integra Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), aseguró a través de un comunicado que la protesta es “en defensa de la dignidad humana y no por intereses económicos, oportunismos políticos o egoísmos”. Luego intentó ser un poco más precisa, aunque sin abandonar la grandilocuencia, al destacar que “el principal motivo de la misma es el atropello del gobierno nacional, que agrede las instituciones, afecta la capacidad productiva, interfiere el normal desarrollo de la vida en el interior del país y perjudica el interés nacional”.

Por su parte, Mario Llambías, titular de CRA, dijo que con el paro se busca evitar que la renta del productor se siga transfiriendo a “grandes grupos empresarios”. Los empresarios están convencidos de que la intervención del Gobierno cristalizó un nuevo reparto de las ganancias al interior de la cadena en beneficio de la industria y de los exportadores, quienes compran granos y carne a precio regulado y venden en el mercado internacional a precio record y en el mercado interno con leves rebajas que no alcanzan a compensar lo que se ahorraron desde que el Gobierno fijó precios “sugeridos” en Liniers y en las principales bolsas de granos. “Estamos de acuerdo en mantener los valores internos de inflación, hemos mantenido los precios internos, pero nos tienen que dejar que recuperemos parte de la renta con la exportación”, reclamó Llambías.

Al justificar la huelga como una respuesta frente al intervencionismo estatal, se buscó esquivar también la crítica de los funcionarios del Gobierno, quienes aseguran que, luego de bajar el peso mínimo de faena de 280 a 240 kilos para ampliar la oferta y mantener el mismo cupo para exportar que viene rigiendo desde el 28 de septiembre, ya no hay motivos para parar.

En Economía sostienen que la ministra Felisa Miceli les había adelantado a tres de las entidades hace algunos días el anuncio formulado el miércoles y que los ganaderos decidieron tomar como un hecho las versiones sobre una nueva limitación en el cupo exportable de carne para poder justificar un paro que tenían decidido desde antes y que responde a motivaciones “políticas”.

Frente a esa acusación, los dirigentes del campo consultados por este diario respondieron que fueron varios los funcionarios del Palacio de Hacienda que les informaron que el cupo para exportar se restringiría más aún e identifican entre ellos al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y al secretario de Agricultura, Miguel Campos.

Por su parte, Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria, señaló que “no hacemos un paro para chantajear al Gobierno, pero que digan lo que quieran”. La respuesta salió al cruce de las declaraciones formuladas por una fuente de Economía que aseguró que la FAA solicitó cargos en organismos públicos a cambio de levantar el paro. “Quieren designar un director en el Banco Nación, la presidencia del Instituto de la Semilla, otros cargos en delegaciones del interior del Plan Social Agropecuario y la Subsecretaría de Agricultura Familiar para repartir subsidios”, destacó.

Además de restarle legitimidad a la protesta, el Gobierno quiere lograr bajar la adhesión. Uno de los funcionarios que tiene a cargo esa tarea es Guillermo Moreno, quien en los últimos días llamó en reiteradas ocasiones a los dirigentes de la Sociedad Rural para solicitar que no adhieran a la protesta y presionó a los consignatarios, a quienes controla con un delegado instalado en Liniers, con el mismo objetivo.

El martes también se reunió con representantes de los frigoríficos que venden en el mercado interno, los cuales tuvieron una destacada participación en la huelga anterior, cuando decidieron no comprar el ganado que se había enviado al Mercado de Liniers el día previo a la protesta para, de ese modo, obligar a los productores a vender las vacas en medio de la huelga. La carne que está en stock en los frigoríficos será importante para garantizar el abastecimiento, aunque en esta oportunidad el paro no será de tres días sino de una semana, lo que hace prever mayores dificultades.