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Rudiger Dornbusch y Ricardo Caballero no han predicado en el desierto. Su audaz, provocativa y hasta denigrante propuesta/advertencia de que la Argentina, si quiere que la ayuden, debe aceptar que manos extranjeras se ocupen de controlar y supervisar el gasto público, la administración tributaria y la emisión de moneda, ha sido recogida por la líder de Unión por Todos, al menos en lo que al peso se refiere. Marco Rebozov, cabeza del equipo de economistas que formó la candidata a presidente Patricia Bullrich, califica de “humillante” la sugerencia de la pareja de economistas del Massachusetts Institute of Technology, pero la adopta en un aspecto esencial.
En un texto del 3 de marzo pasado, Dornbusch-Caballero sostienen que “un consejo integrado por experimentados banqueros centrales no argentinos debería tomar bajo su control la política monetaria del país. Esta solución tendría muchas de las virtudes de una caja de conversión (que no puede emitir pesos si no es contra la compra de dólares), sin los costos de tener que adoptar una política monetaria cortada a la medida de las necesidades de otro (alusión crítica a la dolarización). Los nuevos pesos no serían impresos en suelo argentino.”
El plan económico de la señora Bullrich, que quedará delineado en unas dos o tres semanas, propone, efectivamente, reimplantar la convertibilidad, pero no dándole este desprestigiado nombre. Habrá, sin embargo, alguna que otra diferencia. Por ejemplo, que las reservas que respaldarán a la moneda nacional estarán en otra parte, no en el BCRA sino probablemente en la banca central estadounidense, la Fed, o quizá también en el Banco Central Europeo. Son, en todo caso, aspiraciones que ya desalentó en su momento la Reserva Federal. ¿Pero qué se pierde con insistir?
Aquí el análisis, el diagnóstico y las medidas en que piensa Rebozov, y que serán el arma con que van a disputar el espacio del centroderecha:
- Todo lo que se hizo este año (vale decir, lo que hicieron Eduardo Duhalde, Jorge Remes y Roberto Lavagna) fue caótico, desastroso. Un salto al vacío. Destrozaron una economía que estaba mal pero no quebrada. Destruyeron la moneda y nos divorciaron financieramente del mundo.
- Nosotros jamás hubiésemos pesificado. Fue un error garrafal, con el que vulneraron todo el orden jurídico. Jamás hubiésemos devaluado, y mucho menos como hecho aislado, sin el contexto de un plan integral.
- La economía traía dos problemas de arrastre: la insolvencia fiscal y la falta de competitividad. El desequilibrio fiscal era provocado por un exceso de gasto. También había demasiada presión tributaria. Era imperioso aplicar un fuerte ajuste, con drástica reducción del gasto público mediante una reforma estructural (bajar los costos administrativos y el gasto político) y una reducción de sueldos, tan rotunda (alrededor de 25 por ciento) como la que ya había hecho el sector privado. Gente no se podía echar porque ya había demasiados excluidos.
- Para mejorar la competitividad habría que haber disminuido la presión fiscal, eliminando las contribuciones patronales y otros impuestos distorsivos. El sector privado tendría que haber bajado un 15 por ciento adicional los salarios, y debió haberse logrado un descenso similar en las tarifas de los servicios públicos.
- El sector político no quiso convalidar el ajuste del sector público y la reducción de sueldos, y se negó a eliminar los privilegios y la corrupción.
- La deuda externa era perfectamente pagable si se la renegociaba en un contexto de crecimiento y asegurando el logro de un superávit fiscal primario (antes del pago de los intereses del endeudamiento) de 3,5 por ciento del PBI. También era necesario aliviar el perfil de vencimientos mediante una reprogramación, como iba a lograrse con la segunda fase del canje. En esto Domingo Cavallo tenía razón.* ¿Qué hacer ahora? Recomponer todo. Deshacer lo que se hizo mal y reconstruir lo que se destruyó. Antes había una economía con problemas. Ahora hay una economía desquiciada. Pero la actual no es una situación de equilibrio. La Argentina no es el país pobre en el que fue transformada por tantos errores. Su Producto Bruto no puede ser inferior a unos 230 mil millones de dólares. Esto implica un Ingreso per cápita superior a 6000 dólares anuales, y no inferior a los 3000, como se calcula ahora.
- Pero nada puede hacerse sin restablecer precios relativos (básicamente, la relación entre el dólar y los precios internos) de equilibrio de mediano y largo plazo. Todos los precios están hoy completamente defasados: las tarifas, los salarios, los alquileres. En estas condiciones no es posible celebrar ningún contrato de crédito.
- La primera condición es volver a precios relativos semejantes a los que regían en diciembre, pero con salarios y tarifas menores. Para alcanzar ese objetivo es necesario negociar con las privatizadas tarifas que estén, en dólares, a un 85 por ciento de su nivel anterior a la devaluación. Lo mismo deberá valer para todos los contratos privados, como alquileres, hipotecas de escribanía, etc.
- Todo esto implicará una triplicación de las tarifas en pesos, para llevarlas a un dólar de 3 pesos. Otro tanto regiría para los alquileres. Los salarios, a su vez, serían elevados también en un 200 por ciento. De todas formas, los salarios se negociarán libremente, teniendo el ajuste de las tarifas públicas como guía.
- Otro problema es el de la fuga de capitales, que pulverizó la demanda interna. Logrando frenar la salida se recompondrá la demanda y automáticamente subirán los salarios.
- Habrá un nuevo sistema monetario y cambiario. El peso no sirve para celebrar contratos, pero la Argentina, por sí sola, no podrá reconstruirlo. Es imprescindible el apoyo internacional, en concreto de los bancos centrales del G7. La dolarización es una opción extrema, para el caso de que la recuperación del peso resulte inviable. Pero sólo puede pensarse una dolarización con apoyo externo y aceptada por los argentinos. Sin esto, dolarizar es una estupidez, un salto al vacío.
- La Reserva Federal y las bancas centrales del G7 deberían respaldar la base monetaria argentina (es decir, los pasivos monetarios del BCRA, incluyendo el circulante), operando la restablecida caja de conversión, con funcionarios extranjeros que controlarán el sistema. Ellos serán los ejecutores de esta renovada convertibilidad (aunque no se llamará así). La diferencia esencial radicará en el respaldo, que ya no será provisto por las reservas del BCRA. Se considera que la ley argentina ya no puede respaldar nada.
- A los depositantes habrá que devolverles sus dólares, anulándose la pesificación. Sin embargo, dado el descalabro producido surgirán problemas de liquidez para los bancos. Por tanto, la devolución no podrá ser inmediata. Los plazos fijos reprogramados serán restituidos en dólares en un año, en cuotas mensuales. Quienes optaron por los Boden también serán incluidos.
- El corralito transaccional permanecerá como está, pero en menos de un año deberá producirse su total apertura.
- El Estado pagará en dólares su deuda con los bancos.
- Los créditos ajustarán su valor a la capacidad de repago de cada deudor. Esto significa que los préstamos adeudados por particulares bajarán en dólares tanto como haya disminuido el salario en esa moneda. Si el deudor es un empleado público, ese crédito tendrá una poda mayor aún en dólares, ya que esos sueldos caerán más que los privados. Los exportadores, en cambio, pagarán en dólares a valor pleno. La pérdida que sufrirá el sistema financiero por las quitas en los créditos deberá ser compartida por los bancos y el Estado.* Los bancos extranjeros deberán enfrentar sus problemas de liquidez con aportes de sus casas matriz, mientras que el Estado procurará apoyo internacional para asistir a los bancos oficiales.
- No se piensa en offshoreizar la banca, porque implicaría derivar los depósitos al extranjero. El objetivo consiste en recabar apoyo externo para darle seguridad jurídica al depositante.
- Se plantea la total cancelación de la deuda pública en un plazo de entre 20 y 30 años, respaldando el cumplimiento del compromiso con el mencionado superávit primario de 3,5 por ciento del Producto. La idea no es plantear una fuerte quita en el capital adeudado, sino una reducción en las tasas (lo cual a la postre es lo mismo) y un alargamiento de plazos, compatibles con la meta fiscal.