“No hay nada más cobarde que el dinero.” La sentencia corresponde a Hugo Menella, titular de la Cámara Inmobiliaria, y alude al supuesto riesgo que para los intermediarios entraña la obligación de empadronarse, impuesta por la AFIP: que se desaliente la “inversión en ladrillo”. El nuevo registro oficial, que estará abierto entre el 1º de febrero y el 16 de marzo, tiene por fin estimular el blanqueo en la compraventa de inmuebles, que normalmente se subvalúan a la hora de escriturar.

La obligación alcanza no sólo a inmobiliarias, martilleros y otros operadores del mercado, sino a los propietarios que tengan más de cinco inmuebles o a los que recauden una renta anual por encima de los 96 mil pesos. Aquí una primera objeción formal planteada por los intermediarios, para quienes esos límites resultan “discriminatorios”. “¿Por qué debe empadronarse el que tenga un puñado de cinco modestas propiedades y no el que cobra por una única una renta de 90 mil al año?”, se pregunta Menella.

Pero el argumento central para cuestionar la nueva operatoria es que podría ahuyentar la inversión en el rubro, por la renuencia de los compradores y vendedores a que se divulguen los datos de la operación y los suyos propios. Esta información debe ser remitida por las inmobiliarias a la AFIP apenas se oferte una propiedad. Cuando la transacción se concreta, la escribanía informa sobre el valor acordado y desde entonces el organismo oficial dispone de veinte días para aprobarla. De no hacerlo, es imposible escriturar.

La AFIP persigue el propósito de mejorar la recaudación sincerando la base sobre la que se calcula el Impuesto a las Transacciones Inmobiliarias (ITI: 2,5 por ciento sobre el valor del bien que no sea vivienda única) y, al mismo tiempo, perfeccionar el padrón de Bienes Personales, computando el valor real de los inmuebles que integran el patrimonio de los contribuyentes.

Ni los intermediarios ni los propietarios niegan que a la hora de escriturar se consigna habitualmente un precio menor al real, en una proporción que para los técnicos oficiales es del 50 por ciento y que los propietarios admiten cercana al 30. Pero en una reciente reunión con el titular de la AFIP, Alberto Abad, los representantes de las inmobiliarias le sugirieron subsanar ese problema modificando la valuación fiscal de los inmuebles, que hoy está bastante por debajo del valor real, a semejanza de lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires. El nuevo precio oficial sería la referencia para validar las futuras escrituras y, según los privados, eso evitaría el presunto trastorno de dar detalles de cada operación, incluyendo en qué escribanía se concreta y cuál es la modalidad de pago.

Pero como las valuaciones fiscales son competencia de cada distrito, Abad declinó aceptar la propuesta. Las inmobiliarias empadronadas –las únicas habilitadas para operar en el nuevo sistema– se verán así obligadas también a blanquear sus ingresos, ya que hoy muchas de ellas declaran comisiones sobre el valor de la escritura pero cobran sobre el real, consignado en el boleto que se destruye.