El Congreso aprobó el martes la renegociación del contrato de Aeropuertos Argentina 2000, que prevé la parcial reestatización de la empresa mediante una fórmula tan compleja como controvertida. El concesionario pagará al Estado con acciones su deuda estimada en 849 millones de pesos que, de haberse seguido los criterios de cálculo avalados por la Auditoría General de la Nación en varios informes, se triplicaría y obligaría a la sociedad comandada por Eduardo Eurnekian a ceder íntegramente la propiedad. Según el acuerdo apoyado por la mayoría de los parlamentarios, y que promete reconvertir la compañía en una sociedad mixta con gerenciamiento privado, el año 2012 parece clave. Recién entonces se podría concretar la promesa de transferir a la órbita pública el 20 por ciento del paquete accionario. Ese año se terminaría de pagar una parte de aquella deuda en efectivo. Y también habrá que esperar otros seis años para que la relación entre los ingresos de la empresa y sus inversiones recuperen la proporción que tenían en 1998, cuando Carlos Menem privatizó la administración de los principales aeropuertos del país.

La base de este nuevo acuerdo, defendido por Planificación y apoyado por el oficialismo parlamentario, es una compensación de deudas entre el Estado y el grupo concesionario, integrado por la local Corporación América y la italiana Sea, que se hizo en el seno de la Unidad de Renegociación. De esa confrontación surgió aquel número que, según destacó sin más rédito que algunos aplausos el diputado de Fuerza Porteña Claudio Lozano en el recinto, implicaría “un regalo” al grupo privado de 2713 millones de pesos, ya que se le estarían condonando gran parte de las obligaciones por el canon impago, así como por las inversiones.

La base para la objeción de Lozano son los informes de la Auditoría, cuyos técnicos calcularon una deuda por canon muy superior a la que tomaron como base los renegociadores oficiales. Para éstos, esa obligación no honrada asciende a 1263 millones de pesos, a los que se les descontó 414 millones por compensaciones indemnizatorias que el Estado le reconoce a la empresa por varios conceptos, entre otros, por haberle entregado algunos aeropuertos en forma tardía y no haber ejecutado con tiempo ciertas obras.

Pero según la AGN, al año 2005 el canon impago ya sumaba 1900 millones de pesos, a los que, según un criterio estricto, habría que añadirle el canon devengado durante el 2006. Para la empresa, la clave de esa diferencia estaría en que los auditores insistieron en dolarizar la deuda que los renegociadores pesificaron apenas se sentaron a revisar el contrato. Un favor oficial que, para AA2000, estaría justificado en el reconocimiento de que esta privatización habría resultado menos redituable que otras.

La deuda privada tomada como base para diseñar esta salida contractual no incluye el cómputo de las inversiones no ejecutadas, y que equivalen a más del 90 por ciento del programa original. De algún modo, una condonación. El actual diagrama de obra es mucho más laxo y se irá ajustando según lo que el negocio indique como necesario o conveniente. De acuerdo a este nuevo esquema, habrá que esperar hasta el año 2102 para que las obras alcancen la misma proporción de los ingresos que representaban en el arranque de la licitación menemista. En otras palabras: en el nuevo contrato, la obligación de invertir resulta bastante más liviana.

El corazón del remozado contrato de AA2000 es el presunto pago con acciones de la deuda empresaria, cuyo cálculo plantea ciertas dudas. Pero esta asociación, y por lo tanto el cobro de las acreencias estatales, no es inmediata.

Los 849 millones de pesos se pagarán de tres formas diferentes, pero ninguna de ellas implica para la sociedad la obligación de desembolsar nada por ahora. Unos 195 millones de pesos serán cancelados desde la puesta en ejecución del nuevo contrato hasta el 2012 con el 7 por ciento de lo que se recaude por tasas internacionales, y que se cobran en moneda dura. Otros 158 millones tendrán la forma de obligaciones negociables, convertibles en acciones ordinarias hasta un 20 por ciento del capital. Pero esta opción recién podrá ejercerse después del 2012: en tanto, se ajustarán por CER más el 2 por ciento anual. O no ejercerse y entonces esas ON funcionan como un simple pagaré.

Para el grupo privado, “la opción del 20 por ciento es un hecho” y se concretará a través de un mecanismo “técnicamente inobjetable”, que supone definir primero cuánto vale Aeropuertos Argentina 2000. Para ello resulta necesario que la empresa salga a la Bolsa o que una consultora internacional fije el precio. Lo cierto es que por esta vía el Estado conservará por ahora su status de acreedor y no se convertirá en socio.

La tercera forma de pago, utilizada para cancelar los 496 millones restantes, será la entrega de acciones preferidas, que no dan derecho a voto y que podrían ser rescatadas (el Estado podría cobrar por ellas) recién después del 2020. Los responsables de la sociedad que comanda Eurnekian aseguran que esas condiciones legales no privarán a los funcionarios públicos de tener control sobre la suerte de la empresa, ya que se les permitiría designar un director y un síndico con funciones fiscalizadores presuntamente amplias. Una chance que la ley de sociedades no habilitaría, pero que Eurnekian decidió conceder.

De un modo u otro, la intervención estatal en la administración comercial de las estaciones aéreas parece ineludible.

El canon, que originalmente era de 171 millones de dólares, según el nuevo contrato será proporcional a la recaudación, una fórmula de hecho más benévola para la empresa, que pagará según evolucione su negocio. El 15 por ciento de sus ingresos totales irán a integrar un fondo fiduciario que administrará el órgano de control junto al Ministerio de Planificación: esos recursos se destinarán para invertir en los aeropuertos no concesionados, pero también en los que sí están privatizados. Todo este paquete de obras sí sería competencia estatal.

En la misma jornada, y con una asistencia inéditamente nutrida para la rutina parlamentaria de febrero, la Cámara de Diputados y el Senado avalaron el martes pasado este nuevo acuerdo, a instancias del oficialismo y con críticas a la oposición que se plasmaron en dictámenes minoritarios. En estos pronunciamientos quedó claro que el principal resquemor era respaldar un pacto de asociación del Estado con un grupo empresario consagrado como incumplidor y al que podría habérsele rescindido el contrato sin costo alguno para el fisco. Pero para la administración kirchnerista vale más la presunta vocación inversora que habría demostrado el empresario que ese derrotero transgresor.