El nuevo contrato de privatización aeroportuaria tiene varias singularidades. Se estrena el mecanismo de estatización a través del cobro de deudas, que el Gobierno piensa utilizar para aumentar su participación en Aerolíneas Argentinas. Es el segundo después del de la distribuidora Edelap que consigue un apoyo expreso del Parlamento, ya que la mayoría de las renegociaciones quedan respaldadas por la sanción ficta, que se consigue por el paso del tiempo, sin los votos en recinto. Admite condiciones que hasta hace poco eran rechazadas por la propia dirigencia oficial. La senadora Cristina Fernández de Kirchner fue una de las promotoras de la derogación del decreto por el cual Eduardo Duhalde avaló una revisión contractual que disponía condiciones similares a las actuales. Entre ellas la pesificación del canon y su conversión en una proporción de los ingresos (en lugar de un importe fijo). Lo que el entonces presidente no convalidó –y quizás nadie le propuso– fue la asociación con el empresario, ahora devenido en un inversor bien considerado por la Casa Rosada.