La investigación sobre el desaparecido testigo Jorge Julio López quedó centrada en la llamada pista “parapolicial”, que adjudicaría el secuestro del albañil a un grupo de ex policías y militares. Una vez que el caso recaló de manera definitiva en la Justicia federal de La Plata se organizó el material existente y el recibido del fuero ordinario. ¿El resultado? Aunque ya nadie sostenga que está perdido y se hayan ordenado medidas concretas respecto del círculo de relaciones del ex comisario Miguel Etchecolatz, siguen en pie variadas hipótesis y otras que habían dado resultado negativo volvieron a ser analizadas. A cinco meses del hecho que sacudió al poder político y a los organismos de derechos humanos, la familia López designó por primera vez a un abogado en el expediente. Por su parte, Myriam Bregman, una de las letradas que lo representaron en el juicio contra Etchecolatz, exigió que “la SIDE entregue todos los informes de inteligencia que hizo durante los procesos sobre violaciones a los derechos humanos, ya que hasta ahora no hay nada de eso” en la causa. Mientras tanto, ¿alguien busca a López? Aunque las llamadas al 911 han mermado y ya casi ninguna lo menciona, las fuerzas de seguridad y los funcionarios del área se mantienen alertas.

Esto es porque siguen apareciendo cadáveres NN cuya identificación moviliza a las policías provinciales y federal para determinar lo más rápido posible si se trata del cuerpo del hombre que contribuyó a condenar al ex mano derecha de Ramón Camps. La última falsa alarma causó revuelo en Rosario y una vez más la familia vio desvanecerse en pocas horas la posibilidad de saber algo de Tito, como lo llaman.

El último gran operativo de búsqueda ocurrió hace algunos días. El dato lo aportó una vecina que le dijo a una pariente de los López que el hombre podía ser ubicado en la zona de Hudson. Esa mujer se comunicó con una funcionaria del gobierno porteño, que a su vez informó al Ministerio de Seguridad bonaerense. Hacia allí se movilizó un equipo integrado por efectivos de la Policía Federal, la Bonaerense y la SIDE, pero el resultado volvió a ser negativo.

Media docena de fuentes de distinto origen y con conocimiento del caso coincidieron ante Página/12 en que el juzgado de Arnaldo Corazza y la fiscalía de Sergio Franco trabajaron de manera intensa durante la feria judicial de verano, y deslizaron cierto “optimismo”, aunque sin dar precisiones. “Están bien encaminados pero no se puede decir más”, fue la escueta respuesta de la gente del ministro de Seguridad, León Arslanian. El fiscal presentó en enero un escrito pidiendo “una batería” de medidas que, otra vez, “no se pueden difundir”, comentó un funcionario judicial. Este diario logró establecer que el juez ordenó medidas concretas referidas al entorno de Etchecolatz, pero la fuente apuntó que “no se puede contar” en qué consisten. En tal sentido, la abogada, Bregman se mostró indignada de que el ex comisario siga conviviendo en la cárcel de Marcos Paz con otros represores acusados de violaciones a los derechos humanos. “Es una vergüenza que aún no los hayan separado”, expresó.

¿Venganza de represores?

“Que los secuestradores integren una banda mixta (ex policías y militares vinculados a la represión) es algo que sí se maneja, pero cada vez que aparece un cuerpo queda desdibujado, porque se vuelve a abrir un universo de posibilidades no necesariamente relacionadas con eso”, se sinceró el funcionario judicial. Según comentó a este diario Guadalupe Godoy –otra de las letradas de López en el proceso que culminó con la primera condena por genocidio– esa nueva línea que apunta a ex uniformados “es más acorde a lo que dijimos desde el principio los organismos, está mejor orientada y es menos disparatada”. Un allegado a los López apuntó que podría tratarse de uniformados retirados, pero también abonó la posibilidad de que haya sido una represalia de los ex policías bonaerenses que quedaron afuera de la fuerza, tras las sucesivas purgas, y vieron truncados algunos de los negocios que tenían montados.

Otra fuente que conoce el expediente confirmó que “están mezcladas” las diferentes pistas, pero es notable en los últimos días la repetición de oficios referidos a la denominada “Atalaya”, según la cual López pasó sus últimas horas en esa pequeña localidad cercana a La Plata. En septiembre unos perros habían enloquecido al olfatear un viejo colchón en la casa del delegado municipal Rubén Durso. Ahora los investigadores de Corazza habrían constatado que los policías bonaerenses fueron al lugar con pertenencias de López antes de que llegaran los caninos. Por lo tanto, apenas regrese del descanso que se tomó, el magistrado deberá determinar si todo se debió a la torpeza de los efectivos o hubo intencionalidad de armar una línea investigativa falsa. Incluso sería convocado de nuevo Durso, que ya declaró en aquel momento.

Mientras tanto, en el expediente se van sumando pedidos de informes, algunos llamativos como el que solicitó la familia para que todas las farmacias de la provincia respondieran si vendieron el mismo medicamento que tomaba López, con posterioridad a su desaparición.

La familia del albañil y ex militante peronista volvió a optar por el silencio y sólo trascendió que espera algún resultado positivo en esta nueva etapa de la investigación. Alguien les habría sugerido que es mejor confiar en el juez sin ejercer presión mediática sobre él. Casi al mismo tiempo que Corazza recibía la parte del caso que tenía su colega Marcela Garmendia, se presentó en representación de los López el abogado Alfredo Gascón Cotti. El penalista se limitó a manifestar ante este diario que están “esperanzados” respecto de la actuación del juzgado en la búsqueda del testigo, que podría estar tanto secuestrado como “ausentado”, según expresó.