“Prefiero mil veces tener que dar explicaciones de por qué no pagué desacatando una orden judicial, antes que tener que explicar por qué pagué nada menos que 600 millones de pesos que no corresponden.” Es lo que los colaboradores de mayor confianza de Felisa Miceli le escucharon decir respecto de su negativa a efectivizar la indemnización que la Justicia comercial dictaminó a favor del grupo Greco por hechos ocurridos durante la última dictadura. La frase revela que la ministra de Economía es consciente de que su determinación política puede ser considerada ilegal, pero también revela que está dispuesta a correr ese riesgo jurídico porque, según ella, en este caso no es justo que el Estado abone ese monto.

Tal como se cuenta en nota aparte, la indemnización por 600 millones de dólares a favor de los sobrevivientes y herederos del grupo Greco fue fijada por el juez comercial Francisco de Asís Soto en agosto de 2005, pero nunca se hizo efectiva. Aseguran en Economía que cuando se enteró del tema a los pocos meses de asumir, tomó la decisión política de no pagar, con el consentimiento del presidente Néstor Kirchner.

Sin embargo, en su ministerio hubo varias actuaciones tendientes a cumplir con la ley, es decir en contradicción con lo anterior. Por ejemplo, el 11 de noviembre del año pasado los responsables de la Dirección de Asuntos Jurídicos le recomendaron al secretario de Finanzas, Alfredo Mac Loughlin, “cumplir la sentencia”. Téngase en cuenta que el día anterior el juez Soto había intimado al secretario a pagar, bajo apercibimiento del delito de desobediencia y de una multa de 500 pesos por día de demora. Mac Loughlin le indicó a la oficina encargada de emitir los bonos que pagara y a los pocos días renunció.

Otro documento que los abogados de los Greco esgrimen como prueba de que la ministra sí quería pagar, pero por algún motivo cambió de idea recién cuando el tema tomó estado público hace tres meses, es la nota con fecha 13 de noviembre de 2006 en la que el director de Administración de Deuda Pública, Jorge Amado, reconoce que se está tramitando una ley para ampliar la emisión de títulos destinada a pagarle al grupo Greco, entre otros beneficiarios. Efectivamente, fue ese proyecto de ley el que destapó el escándalo. Pasó como por un tubo por Diputados, pero cuando los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz preguntaron quiénes eran los receptores (el proyecto no detallaba destinatarios) y alguien les informó que entre ellos figuraba el grupo Greco, consiguieron frenar la aprobación, incluso con la sugestiva anuencia del bloque oficialista. La mencionada nota de Amado también afirma que parte de los bonos de consolidación que figuraban en el proyecto de Ley de Presupuesto 2007 tenían igual destino. Es obvio que ambos proyectos de ley llevan la firma de Kirchner, Alberto Fernández y Miceli.

En Economía admiten que no tienen explicación para ese escrito, y que el tema es uno de los tantos que está siendo investigado en el sumario que se abrió el 19 de diciembre, luego de que estallara el escándalo. “Desde un principio hubo decisión de no pagar, más allá de lo que hacía la línea burocrática del ministerio”, aseguran en el entorno de Miceli.

Al sumario interno le siguieron decisiones mucho más polémicas. El 25 de enero la ministra firmó la resolución 33, por la que anula todo lo actuado por su ministerio desde septiembre de 2004 y le pide al juez una medida de no innovar para suspender el pago de los 600 millones de pesos. Además, presentó en la Justicia federal una denuncia contra tres funcionarios del área jurídica de Economía (Yolanda Eggink, Alberto García y Beatriz Pernas), a quienes acusa penalmente de administración infiel e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la defensa del Estado en la causa Greco. Por su parte, le solicita al juez como medida cautelar que disponga “la prohibición de pagar”. El expediente quedó radicado en el juzgado de Sergio Torres.

Las sospechas del Gobierno alcanzan a otros dos ex funcionarios que tuvieron mayor rango y que eran de confianza de Roberto Lavagna: el subsecretario Legal Osvaldo Siseles y su jefe Eduardo Pérez, pero dicen no contar con elementos como para denunciarlos.

La ministra sabe que los antecedentes del expediente están a favor de los Greco y que es posible interpretar el fallo del juez como cosa juzgada. Pero acotan que así como se dio marcha atrás con los pagos al grupo Meller, también se puede lograr revertir esta situación, en base a que hubo una mala defensa por parte del Estado y a que, en el peor de los casos, los 600 millones de pesos resultan en extremo desproporcionados como indemnización. La defensa de los Greco da por descontado que el juez Soto va a rechazar el pedido de nulidad de Economía, pero por las dudas solicitó al magistrado que ordenara la indisponibilidad de los bonos por 600 millones de pesos. En cuanto a qué actitud puede adoptar Torres, dicen que un juez federal no puede anular el fallo de otro fuero sin que medie por lo menos algún procesamiento.

Sergio Torres no tiene plazo para expedirse, con lo cual la historia que comenzó hace más de veinticinco años probablemente se prolongue por bastante tiempo.