En las primeras horas del 25 de abril de 1980 una patota policial a cargo del subcomisario Rodríguez de Coordinación Federal irrumpe en el tradicional restaurante Pedemonte, de Av. de Mayo, y se lleva detenidos a tres comensales de una mesa: Héctor Greco, José Greco y Jorge Bassil. Las detenciones, que se prolongarían hasta más allá de finales de la dictadura, habían sido decididas horas antes en una reunión en la Casa Rosada en la que estuvieron el presidente Jorge Videla, sus ministros Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz, el secretario de Programación Guillermo Walter Klein y el presidente y el vice del Banco Central Adolfo Diz y Alejandro Reynal. En ese encuentro cumbre también se definió la intervención del tambaleante Banco de Los Andes y de las otras cuarenta y cinco empresas que eran propiedad de los tres detenidos. Ese accionar del gobierno de facto es el desencadenante de un conflicto entre los sobrevivientes y herederos del grupo Greco contra el Estado, que actualmente se disputan judicial y políticamente unos 600 millones de pesos.

Según el apasionante relato que el sociólogo José Simonetti hace del caso en su libro Del delito de cuello blanco a la economía criminal, “la notable expansión de un grupo empresario llamado genéricamente Grupo Greco, que se había proyectado hacia la industria vitivinícola, había comenzado en 1977. Esta expansión estaba acompañada, y en realidad había sido posibilitada, por la correlativa expansión de las actividades del Banco de Los Andes que, desde 1977 y a partir de su compra por los Greco, cumplía las funciones de agente financiero del conjunto económico. Es decir, el grupo Greco estaba integrado por un conjunto numeroso de empresas vinculadas a la industria vitivinícola y su agente financiero, el Banco de Los Andes”.

Montado sobre la ola especulativa propia de la patria financiera de esos oscuros años, el Banco de Los Andes (BLA) había tenido un crecimiento extraordinario, al punto de que en febrero de 1980 concentraba el cinco por ciento del total de depósitos del sistema. Con una particularidad, muy frecuente en la actividad bancaria de esos tiempos y de tiempos posteriores también (caso Moneta, Banco Mayo, etcétera): casi la totalidad de los depósitos del BLA se volcaba mediante autopréstamos a financiar las empresas del grupo. Se trataba de un conglomerado de 45 empresas con origen y sede en Mendoza, que poseía 35 bodegas propias, más de cien alquiladas, marcas como Resero, Talacasto, Arizu, Catena, Agua Villavicencio, empleaban veinte mil personas de manera directa, a lo que se sumaban decenas de miles de cabezas de ganado y de hectáreas, entre otras cosas.

El grupo comenzó a caer arrastrado por el derrumbe del Banco de Intercambio Regional (BIR), el que más había crecido hasta alcanzar el liderazgo durante la época de la plata dulce. La corrida bancaria que desató el BIR se contagió al BLA (y a varios más), que durante un breve lapso sobrevivió con asistencia del Banco Central. El 14 de abril de 1980 el Central le exigió al grupo Greco garantías para respaldar redescuentos por 1500 millones de dólares, y en negociaciones que duraron diez días se alcanzó un acuerdo. Pero, siguiendo el relato de Simonetti, “los Greco y Bassil habían concurrido el 24 de abril al Banco Central a firmar los contratos elaborados entre sus abogados y los de esta institución. En la ocasión se les presentan otros contratos y una solicitud de intervención que se niegan a firmar y, luego de retirarse, son detenidos mientras comían”. Videla declaró judicialmente que los detuvieron “en razón del estado de sitio, en virtud de las graves implicancias que las conductas de los mencionados tienen para la economía nacional y la moral pública, constituyendo un caso de subversión económica”. Por ley de facto de junio de 1980 el gobierno interviene y desapodera a los Greco de todas sus empresas, mientras que en la cárcel los fuerzan a firmar los documentos que se habían negado a suscribir en libertad. Más allá de los delitos que pudieran haber cometido (de hecho José Greco terminó condenado por subversión económica en 1999), el accionar represivo y jurídicamente irregular de la dictadura hizo que los Greco demandaran al Estado una indemnización. Los detenidos recuperaron su libertad en julio de 1984. De los tres, sólo sobrevive con cáncer José Greco.

Ya en democracia, en agosto de 1987 los Greco llegan a un acuerdo con el gobierno de Raúl Alfonsín, por el cual se les reconoce la propiedad de diez de las 45 empresas que les habían quitado, mientras las otras quedaban en compensación por las deudas con el Estado. Ese convenio formalizado por decreto no se pudo practicar porque las empresas habían sido desguazadas o vendidas. En 1989 se firma otro convenio, y unos pocos días antes de entregar por adelantado el mando Alfonsín ordena cumplir. Era tal el descalabro en el país que el pago a los Greco tampoco se concretó.

En 1991 los Greco inician un juicio para ejecutar los acuerdos a su favor, lo que abre un expediente a cargo del juez comercial Francisco de Asís Soto. Luego de diez años de tibia defensa por parte del Estado, el magistrado falla a favor de los Greco el 28 de diciembre de 2001, es decir el día en que los cacerolazos sacudieron al fugaz gobierno de Adolfo Rodríguez Saá. Quedaba por establecer el monto de la indemnización. Los abogados del Estado desistieron de la apelación porque “se advierte la justicia de la decisión”, decía la presentación de la abogada del Ministerio de Economía, Gloria María Eugenia Martínez.

Tras idas y vueltas entre las partes, finalmente el juez Soto establece en agosto de 2005 que los daños y perjuicios deberán ser compensados mediante la entrega de Bonos de Consolidación por un valor nominal de 332,4 millones de pesos, que a la cotización de hoy equivale a casi 600 millones de pesos.