[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La mitad, aproximadamente, de las carteras activas de los bancos en la Argentina, dejando de lado inmuebles y otros rubros menores, son hoy acreencias contra el Estado. Este es un dato económico y político clave porque condiciona toda estrategia futura: de la capacidad que tenga el fisco para servir su deuda (o al menos la parte de ella que está en manos del sistema financiero local) dependerá la salud y quizá la supervivencia misma de los bancos, si se abandona la ilusión de que las casas matriz extranjeras los recapitalizarán. En este sentido, el Estado tendrá que generar como sea el excedente (superávit primario) que le permita atender ese pasivo. Unos sostendrán que, por tanto, será necesario redoblar el ajuste fiscal. Otros preferirán colocar todo el énfasis en conseguir que la economía crezca para que así genere recursos tributarios, para lo cual de todas formas necesitarán de los bancos. Pero no hay que perder de vista un detalle crucial: hoy se vuelve a plantear una situación similar a la de 1989, resuelta entonces con el canje forzoso de depósitos por Bónex. Algo ilustra esto sobre la pelea entre Aldo Pignanelli (BCRA) y Roberto Lavagna (Economía).
A lo largo del último año y medio viene dándose un aumento exponencial en la exposición del sistema bancario local a lo que los especialistas llaman “riesgo soberano”; es decir, el riesgo de tener como deudor al Estado. Este proceso, acentuado durante el 2001, se tornó vertiginoso en lo que va del 2002, a pesar de la ausencia de operaciones de mercado. Toda la deuda pública adicional en manos de los bancos es involuntaria, producto de decisiones políticas. No se trata de negocios en los que se metieron solos y cuyos quebrantos deben asumir, tras las enormes ganancias que les generaron durante años (como los préstamos a provincias).
A medida que el Estado fue asumiendo una significativa porción de los costos provocados por el derrumbe de la convertibilidad, cediendo a objetivos políticos (como atenuar la furia de los ahorristas atrapados o la desesperación de los deudores hipotecarios) o a la presión de lobbies empresarios (como hacer de cuenta de que las empresas endeudadas en dólares en realidad debían igual cantidad pero de pesos), en los bancos se acumularon pilas cada vez más altas de papeles públicos.
Como no hay balances actualizados, porque los bancos no presentaron ninguno en el curso de este año ante la vorágine de nuevas situaciones que gravitaron sobre su patrimonio, sólo puede trabajarse con supuestos aproximativos. Estos llevan a estimar –según señala Guillermo Mondino, de Macrovisión– que hoy la mitad de la cartera activa de los bancos (excluyendo inmuebles y otros bienes de uso) se compone de activos soberanos -es decir, acreencias contra el Estado-, cuando a comienzos de año esa proporción no llegaba al 30 por ciento.
Vuelven a presentarse así condiciones similares a las que condujeron al Plan Bónex. En aquel momento el Estado cargaba con un enorme costo cuasifiscal (en cabeza no del Tesoro sino del Banco Central) representado por la remuneración de activos bancarios que estaban calzados con depósitos que pagaban altísimas tasas nominales de interés en australes. El verdadero tomador de la plata que el público colocaba en plazos fijos era el Gobierno, que así financiaba (y al mismo tiempo inflaba) su déficit. El Estado se escabulló de esa trampa cancelando a la fuerza los plazos fijos mediante el Bónex, con lo que dolarizó esos pasivos, reduciendo drásticamente la tasa de interés y estirando enormemente los plazos. Ello permitió al mismo tiempo limpiar los activos de los bancos del riesgo soberano acumulado en ellos.
Aunque se resuelva el corralón (reprogramados) con algún mecanismo hacia futuro, los bancos se quedarían con una cartera muy larga de activos estatales (en el caso de las deudas provinciales se las reprograma a 15años), que les tornará muy difícil atender la devolución de los plazos fijos, de acuerdo a los tiempos previstos en la reprogramación. Pero a esta insuficiencia de liquidez (mientras las acreencias contra el Estado son en promedio a siete años y medio, la duration de los depósitos reprogramados es un tercio de ese plazo, lo cual seguirá siendo grave mientras la gente quiera llevarse su dinero del sistema) hay que añadir un problema de solvencia, ya que se trata de carteras atiborradas de títulos soberanos en default. Aunque la gente, por algún milagro, decidiese mantener su dinero en la banca local, de todas maneras habría que encarar un gigantesco saneamiento de carteras.
La asfixiante acumulación de deuda pública en los bancos desde que asumió Eduardo Duhalde, y el incremento de su peso en relación a la deuda privada, obedeció a los siguientes mecanismos:
- Los bancos fueron obligados a aceptar títulos públicos a valor nominal (no al muy inferior que tienen en el mercado) para la cancelación de deudas privadas de calificación 4 (difícil recuperación) y 5 (irrecuperables).
- La pesificación asimétrica, que convirtió a razón de $ 1,40 cada dólar en el caso de títulos públicos en manos de los bancos y otras acreencias de éstos contra el Estado, mientras que los créditos contra deudores privados fueron pesificados 1 a 1.
- Mediante indexaciones diferenciales, ya que el CER con el cual se ajusta la deuda del Estado con los bancos es mucho más “agresivo” que el coeficiente de variación salarial (CVS) con que se actualizan los préstamos a particulares.
- La cartera de créditos al sector privado se ha ido reduciendo a medida que se aplicaban certificados de depósito a la cancelación de préstamos, en general los mejores, de categorías 1 (cumplimiento normal) y 2 (en observación o negociación), porque eran esos deudores los que tenían liquidez como para comprar plazos fijos y saldar con ellos sus deudas.
- Cada medida gubernamental que le genera algún costo a la banca (como la eliminación del CER para créditos a particulares) le es (o será) compensada con nuevos bonos estatales.
- También recibirán los bancos títulos públicos, en el caso de los amparos judiciales, por la diferencia entre el plazo fijo pesificado a 1,40 más CER y el monto de ese mismo certificado a valor dólar (actualmente a $ 3,68 por unidad).
Hernán del Villar, de la consultora Alpha, ilustra que al concluir junio, la suma de la deuda pesificada del Estado, sin adosarle aún el CER pero sumándole el bono compensatorio (por la pesificación asimétrica) es de 72 mil millones de pesos, sobre activos totales del sistema por 158 mil, que incluyen inmuebles y otros rubros varios. Por ahora lo previsible es que la deuda estatal metida en los portafolios bancarios seguirá creciendo, con un peso relativo cada vez mayor en la medida en que caiga el crédito al sector privado y la caja de los bancos.
Mondino subraya, por otro lado, que en las condiciones actuales del mercado de capitales, y con el Estado en default, a los bancos les resulta extremadamente difícil descargar esa cartera de riesgo soberano, aun en el caso de estar dispuestos a realizar la pérdida. El Préstamo Garantizado, por empezar, no tiene mercado secundario (de reventa), y la demanda por títulos de ley argentina, en default y pesificados, es minúscula.
Así, a medida que pasa el tiempo y se profundiza el deterioro del sistema bancario por el aumento en el peso de la deuda pública en su cartera, se aleja la posibilidad –barajada medio año atrás– de que cada banco responda con sus activos ante sus clientes, en un esquema de fideicomiso. Hoy el depositante que recibe un Cedro (extendido por el banco en canje por su plazo fijo) puede hacer de cuenta de que la mitad de ese papel (en promedio, ya que la proporción varía de banco en banco) esun bono público, ya que del otro lado está –en esa proporción– el peso del Estado en el portafolio de la entidad.
Pero, de hecho, cualquier persona que tenga o lleve plata a un banco debe saber que la liquidez y, más aún, la solvencia de esa entidad dependerá, ante todo, de la conducta de su gran deudor público. Esta relación implícita, quizás oculta para el ahorrista común, fue explicitada recientemente al insinuarse la idea de permitir que los bancos capten plazos fijos nuevos indexados, recolocando el dinero en letras del Banco Central (Lebac). Es volver plenamente a la Argentina 1989.
En este panorama, la discusión entre imponer un bono compulsivo (pretensión del FMI y el lobby de la banca) y la elegida por Economía de permitir la opción entre un título público (Boden) y uno del banco (Cedro) tiene menos profundidad que la aparente.