El 30 de abril vence el plazo para acceder a la jubilación con moratoria, que permite contar con un haber previsional a aquellas personas que cumplen con el requisito de edad, pero no con los 30 años de aportes que marca la ley. Ya se inscribieron para cobrar el beneficio alrededor de un millón de personas. Según una encuesta de la consultora Equis, a la que accedió Página/12, el 48 por ciento de los beneficiados pertenece a familias pobres, y el 34 por ciento a hogares “medios en riesgo”, lo cual confirma que la única “política social universal” del Gobierno favorece a los que más lo necesitan. En promedio, los que ya empezaron a cobrar perciben un haber de 281 pesos mensuales. Desde la aprobación del trámite hasta el momento del cobro se tarda, en promedio, 13 semanas.

El llamado “programa de inclusión jubilatoria” abrió la puerta para que puedan jubilarse aquellas personas que cumplen con la edad de retiro (60 años para las mujeres y 65 años los hombres), pero no cuentan con los 30 años de aportes que indica la ley. Así, alguien con 10 o 15 años de aportes comprobados puede acceder a un haber jubilatorio mínimo (530 pesos), del que se deduce simultáneamente durante 5 años las cuotas de una moratoria previsional. Cuanto mayor sea la cantidad de años aportados menor será el valor de las cuotas de la moratoria, y por ende mayor la jubilación que quede en el bolsillo.

El sistema fue ideado para contrarrestar los efectos de casi dos décadas de elevadísimos niveles de empleo en negro, que en el presente cierran el camino de la jubilación a más de un millón de personas.

Los economistas ortodoxos critican el plan y advierten sobre su costo fiscal: unos 4000 millones de pesos adicionales que tendrá que afrontar el sistema de seguridad social. Sin embargo, nada dicen de la responsabilidad de los empresarios que no depositaron durante años los aportes obligatorios a sus empleados ni de la complicidad del Estado que consintió elevados niveles de trabajo en negro, como una forma de reducir el “costo argentino”. Más aún, si en los próximos años no se lograra disminuir los niveles actuales de informalidad laboral (43 por ciento de los ocupados), entonces en un futuro no muy lejano el dilema para el Gobierno de turno será el mismo: reabrir un programa de jubilaciones a través de una moratoria, o resignarse a que uno de cada dos personas en edad de jubilarse no esté en condiciones de gestionar un beneficio previsional.

Vale recordar que una vez clausurada la actual moratoria, para aquellos que no cuentan con los 30 años de aportes obligatorios sólo quedará disponible la “prestación jubilatoria por edad avanzada”, que permite acceder a un haber mínimo a quien haya realizado sólo 10 años de aportes, pero recién a partir de los 70 años.

La consultora Equis, que dirige Artemio López, realizó para la Anses el primer estudio sobre las “características socioeconómicas” de las personas que accedieron hasta ahora al “plan de inclusión previsional”. Los principales resultados de esa radiografía social son los siguientes:

- El 47,7 por ciento de los beneficiarios forma parte de familias pobres. El 34,2 por ciento pertenece a hogares “medios en riesgo” (definidos como aquellos que apenas superan la línea de pobreza). El 15,9 por ciento, a sectores “medios plenos”. Y el 2,1 por ciento, a hogares “medios altos y altos”.

- El 92 por ciento de los beneficiarios se declaran inactivos (no tienen empleo ni lo buscan), y sólo el 8 por ciento son activos, en su gran mayoría subocupados (trabajan menos de 35 horas semanales).

- Los que presentaron la documentación para acogerse al beneficio y trabajan cobran un salario promedio 305 pesos mensuales.

- El haber jubilatorio promedio para los que ya están cobrando es de 281 pesos. (Es decir que sobre una jubilación mínima de 530 pesos pagan una cuota por moratoria de 249 pesos.)

- El beneficio modifica sustancialmente la situación social de esos hogares. Después del cobro, sólo el 15,6 por ciento continúa siendo pobre por ingresos, mientras que el 46,7 por ciento asciende a la categoría de “medio en riesgo” y el 30,2 a “medios plenos”.

- El 85 por ciento son propietarios de la vivienda que habitan, el 12,5 por ciento “ocupantes gratuitos” y sólo el 2,5 por ciento inquilinos.

- En promedio, desde la aprobación del trámite, el haber se empieza a cobrar en poco más de 3 meses (13 semanas).

- El 93 por ciento de los encuestados afirma que “no fue difícil” reunir la documentación que le solicitaron para conseguir el beneficio, y también un 93 por ciento consideró “positiva” la información brindada por la Anses para el desarrollo del trámite jubilatorio. Sin embargo, todavía es elevada la proporción de intermediarios (gestores-abogados) a la hora de iniciar los trámites y baja la participación de los miembros de la familia a la hora de colaborar en la presentación de la documentación requerida al futuro jubilado.