Fue una ejecución. Los escuadrones de fusileros saben que los cartuchos con gas lacrimógeno no se disparan al cuerpo ni a corta distancia. En Neuquén, según los testimonios publicados, el verdugo policial estaba a no más de dos metros de distancia del automóvil en el que se estaba retirando el profesor Carlos Alberto Fuentealba cuando disparó sobre la luneta del vehículo, atravesándola, y alcanzó a la víctima en la cabeza con daño mortal. En el momento del asesinato, el docente no estaba cortando ninguna ruta ni forcejeando con la policía, se marchaba de la zona de conflicto. Un crimen sin atenuantes.

El conflicto docente tampoco debió existir, porque el gobierno provincial cuenta con recursos económico-financieros para negociar un acuerdo razonable. Según fuentes sindicales, la asamblea había aprobado el aumento para los maestros de primaria y sólo por dos votos de diferencia continuaba el desacuerdo en la secundaria. En esas circunstancias, ¿por qué el gobernador Jorge Sobisch, que aspira a la presidencia de la República, ordenó reprimir a la policía provincial, sin ninguna restricción previa? Sólo hay una explicación coherente: quería demostrarle al país que al conflicto social hay que disciplinarlo aunque sea a palos. La “mano dura” como modelo de confrontación, y recurso electoral, contra el “garantismo” del gobierno nacional. No es casual que esta semana otros docentes, en legítimo uso del derecho de huelga, hayan sido represaliados con violencia en Salta, provincia gobernada por el menemista Juan Carlos Romero, otro exponente de la derecha nacional. Son réplicas ideológicas, premeditadas y alevosas, que no toleran las reglas de juego de la democracia republicana. En la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, buen amigo de Sobisch, tendrá que explicar con todo detalle a los porteños que si llega a gobernarlos no habrá nuevos muertos por el “delito” de ejercer el derecho de protesta.

La derecha ortodoxa cree, sin embargo, que esa presunta “firmeza” puede cosechar votos debido a que hay sectores de la sociedad atosigados por sentimientos de inseguridad o fastidiados por el “desorden” social que corta calles y rutas. Por las mismas razones, otros del mismo palo piensan que Juan Carlos Blumberg podría polarizar adhesiones metropolitanas o que Luis Patti, excluido del Congreso nacional debido a testimonios que lo entreveran con el terrorismo de Estado, puede insistir con su actual candidatura a gobernador de Buenos Aires. Aunque no formen parte de la misma organización, son la expresión de superficie de la misma tendencia que opera desde la clandestinidad para hacer víctimas como J. J. López. Están ligados, por arriba, con grupos económicos que tienen nostalgia por Martínez de Hoz y por la década del ’90 y, por abajo, siguen contando con solidaridades, por acción u omisión, en las fuerzas armadas y de seguridad. La mayoría de esos grupos de tareas residuales está cebada de impunidad debido a la inactividad deliberada en algunos tribunales, a la lentitud de la Justicia y a la protección de poderes políticos. En Neuquén, el ejecutor del profesor Fuentealba debió recordar que el asesino de Teresa Rodríguez en la misma provincia sigue libre y, lo más probable, en actividad.

Las demandas sindicales sobre salarios tienen razones legítimas de fondo y otras de oportunidad. Hay opinión mayoritaria en el país, y el gobierno nacional no deja que nadie lo olvide, sobre el progreso de la economía nacional pero, al mismo tiempo, a muchos no se les escapa que pese a esos avances la pobreza todavía tiene más de diez millones de rehenes y que la brecha entre ricos y pobres es demasiado ancha todavía. Es cierto que la relación de ingresos entre unos y otros en la crisis de 2001/02 era de 58 veces y que en el último trimestre del 2006 bajó a 31, pero aún el 10 por ciento en la punta de la pirámide social se queda con el 36 por ciento de los ingresos totales, mientras que el 10 por ciento de los menos afortunados recibe sólo el uno por ciento. La experiencia enseña, por otra parte, que en tiempos electorales los gobiernos son más permeables a las demandas sociales porque necesitan mimar a los votantes si no los quieren perder, en especial en estos tiempos en los que ya nadie gana sólo con la camiseta o la boina.

Las fracturas políticas, además, se expresan en la base sindical, donde han aparecido gremialistas que no obedecen a la antigua disciplina vertical y atienden más que nada a las decisiones de asambleas de trabajadores, aunque la mayor parte se mantenga en el interior de los sindicatos con personería gremial, mientras los gobiernos sigan sin democratizar la vida institucional del movimiento obrero. En 2002, según cifras oficiales, los trabajadores sindicalizados eran 3,5 millones (sobre una población económicamente activa de 11 millones, en números redondos), agrupados en 45 asociaciones, 43 sindicatos nacionales, 31 uniones y 53 federaciones. De acuerdo con las mismas fuentes, había ese año 545 organizaciones sindicales de primer grado y 735 con simple adscripción, “adheridas” a diversas federaciones, en especial en educación, sanidad, luz y fuerza y comercio (J. Godio, El tiempo de Kirchner, ed. Letragrifa). Más allá de estas contabilidades, la fragmentación por la base da origen, por ejemplo, a los “autoconvocados” y, frente a esos cambios, algunos tradicionalistas han querido ver a grupos radicalizados de izquierda que, a la manera del Mayo Francés, obedecen al criterio de “pedir lo imposible para lograr lo máximo posible”. En cualquier caso, como los nuevos delegados son asambleístas para tomar decisiones, habría que decir que sus peticiones suelen estar respaldadas por las opiniones mayoritarias de sus bases, que los acompañan en las movilizaciones y mitines callejeros. El profesor Fuentealba, de 40 años de edad, había hecho sus primeras experiencias sindicales como empleado administrativo de la Uocra provincial y no en el Partido Obrero o cualquier otro grupo similar, según los antecedentes que registran las crónicas de las últimas horas.

El autor citado, Julio Godio, director del Instituto del Mundo del Trabajo en Argentina, escribió: “La controversia entre paradigmas sindicales político-organizativos o ‘modelos sindicales’ puede llevar años, como ha sido notable respecto de la cláusula closed shop en el sindicalismo anglosajón, de gran similitud con la complejidad del caso argentino. Si los enfoques se plantean como oposición entre unidad sindical frente a pluralismo organizativo, es probable que la controversia no sólo se prolongue en el tiempo, sino que provoque una mayor diáspora organizativa” (Ibid. cit.). La CTA liderada por Hugo Yaski, titular también de Ctera, en nombre de un millón de afiliados viene reclamando la democratización sindical, y ambas entidades fueron las primeras en reaccionar frente al crimen de Neuquén convocando a un paro de 24 horas con manifestaciones en todo el país para pasado mañana, pero hay que destacar que la CGT encabezada de Hugo Moyano se sumó a la protesta con un paro de una hora (de 12 a 13) el mismo lunes 9. Esta coincidencia, así sea parcial, es una expresión auspiciosa, en un sentido contrario al que podían esperar los cerebros y los gatillos de la “mano dura”.

Sería todavía más contundente el pronunciamiento democrático si los partidos mayoritarios suspendieran las vacaciones pascuales para sumarse a la convocatoria de las dos centrales sindicales y de los gremios docentes, porque ni la víctima ni lo que está en juego pueden restringirse al campo sindical. Igual que la desaparición de López, el fusilamiento de Fuentealba son ataques frontales al proyecto de convivencia en libertad de los argentinos y a los derechos civiles y sociales expresados en el texto constitucional. El gobierno nacional que es ajeno al origen de estos dramas, pese a las acusaciones de los opositores por motivos electoralistas, sí tiene responsabilidad directa en salvaguardar la convivencia pacífica y los derechos de los argentinos, en primer lugar de los trabajadores. Al menos sus candidatos deberían estar en las cabeceras de los actos de repudio a la violencia criminal, como sucede en España y en otros países europeos cuando se trata de ratificar la voluntad política de vivir en pluralidad, con justicia y paz. Asimismo, es hora de proceder con más energía y audacia que hasta ahora a la mayor democratización de los órganos de seguridad y de inteligencia. En Italia hasta tienen sus organizaciones sindicales y esa condición nunca debilitó las luchas contra las mafias criminales y terroristas, sin desaparecidos, torturados o fusilados, con la ley y la Justicia en plenitud funcional. Es tiempo de apagar las brasas de los fuegos infernales que encendieron los terroristas de Estado y hacer cumplir el juramento de los albores democráticos: Nunca Más, y a los que lo violen, penalidades ejemplares, inolvidables.