Es casi un hecho que la suba de 3,6 por ciento en los precios de la canasta alimentaria que informó el Indec el último miércoles será corregida. El Gobierno acusa a funcionarios y trabajadores del organismo de haber inflado la cifra y considera que podrá justificar un número mucho más bajo. Ayer trascendió que el Ministerio de Economía divulgaría una suba de entre 0,6 y 0,8 por ciento. Néstor Kirchner está siguiendo el tema de cerca. Esta vez juega a favor de la postura oficial que economistas de distintas tendencias confesaron su sorpresa por la gran diferencia entre la suba del rubro Alimentos para consumir en el hogar, de 0,8 por ciento, y el alza cuatro veces mayor de la canasta.

De acuerdo con lo anticipado por fuentes oficiales, el Gobierno no convalidaría el aumento de 3,6 y el próximo martes daría una cifra menor. Más allá de la solvencia que puedan tener sus justificaciones técnicas, seguramente deberá cargar con el costo de manosear otra vez los datos del Indec. La credibilidad del organismo se ve cada vez más comprometida. En este episodio, además, los funcionarios no consiguen presentar una explicación convincente de por qué se adelantó la difusión del comunicado del Indice de Precios al Consumidor, que originalmente estaba prevista para pasado mañana y se concretó el último miércoles.

“Fue una decisión del Indec”, descargaron en Economía, adonde también señalaron que ni Felisa Miceli ni Guillermo Moreno, ni ninguno de sus colaboradores pudieron detectar a tiempo el supuesto error en la cifra de la canasta básica. Beatriz Paglieri, la funcionaria que nombró el Gobierno en reemplazo de Graciela Bevacqua en la dirección del índice de precios, se excusó con el argumento de que el dato añadido en el comunicado del IPC con el valor de la canasta no lo elabora su área, sino la de Condiciones de Vida.

La versión que deja trascender el Gobierno es que existe un trabajo conjunto entre trabajadores del Instituto que responderían a partidos de izquierda y personal de dirección que llegó al organismo hace una década, vinculado a FIEL y a la Fundación Mediterránea, para afectar la imagen de la política económica. Los funcionarios recuerdan que el Indec ya cometió un error grosero cuando informó que en enero pasado los precios de los commodities de exportación habían bajado cuando en realidad habían subido. En esa oportunidad, el organismo tuvo que admitir su falla con una fe de erratas.

Pese a ello, el Gobierno se niega a dar precisiones de los cambios metodológicos que introdujo en la medición de los precios minoristas. Las sospechas de manipulación de los resultados volverán si, efectivamente, se produce una corrección en el valor de la canasta alimentaria de marzo.

El delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Indec, Daniel Fazio, concedió ayer que “si hubo un error” en el cálculo de la canasta, los empleados sabrán asumirlo. “Lo rectificarán y darán las explicaciones que correspondan”, afirmó, dando aire a la versión oficial. De todos modos, agregó: “La honestidad de quienes realizan la estimación no está en tela de juicio bajo ningún aspecto”. Y luego ratificó que este lunes una delegación del Instituto le llevará un petitorio a Felisa Miceli para que se respete la independencia del organismo. Un día más tarde, habrá un paro de 24 horas y una marcha desde el Indec hasta el Palacio de Hacienda. Es en reclamo por la “manipulación” de las estadísticas y la erosión a la credibilidad del Indec.