En medio de la convulsión que se registra en Neuquén por la muerte de Carlos Fuentealba, el docente acribillado por la policía durante una protesta salarial, las autoridades provinciales desaparecieron de la escena y quien acaparó las miradas fue el sargento primero Darío Poblete. Se trata del efectivo policial identificado como autor del disparo que terminó con la vida de Fuentealba, quien fue detenido y se negó a declarar ante la Justicia. En noviembre pasado, Poblete fue condenado a dos años de prisión e inhabilitado para desempeñar sus funciones por cometer apremios ilegales y vejámenes contra un detenido en la alcaidía de Zapala, pero apeló el fallo judicial y así consiguió mantenerse dentro de la fuerza policial. La oposición pidió el juicio político del gobernador Jorge Sobisch, aunque no tiene demasiadas chances de que prospere porque el oficialismo controla la Legislatura. Lo que no pudo evitar el mandatario es la aparición de una interna en el Movimiento Popular Neuquino (MPN), donde algunos le reclaman que renuncie a la conducción de ese partido.

La versión sobre el arresto de Poblete, integrante del temido Grupo de Operaciones Especiales de la policía de Neuquén (GEOP), corrió de boca en boca entre los docentes en huelga que pasaron la noche de “vigilia” en los dos puentes carreteros que aún mantienen cortados: “Ya identificaron al policía que fusiló a Carlos”.

El presunto asesino de Fuentealba fue detenido en la noche del jueves y ayer fue trasladado a distintos lugares de la capital provincial, bajo una fuerte custodia, para evitar “escraches”. La detención de Poblete la ordenó el juez de Instrucción Número 4, Cristian Piana, a pedido de la fiscal Sandra González Taboada.

“En 36 horas se colectaron probanzas necesarias, elementos suficientes que permiten sostener el pedido de detención”, explicó la titular de la fiscalía de Delitos de Suma Gravedad ante unos pocos medios periodísticos y expuso la razón por la cual pidió el arresto de Poblete: “Está sospechado de haber efectuado el disparo contra Fuentealba”.

La novedad del arresto de Poblete comenzó a crecer a medida que avanzaba la mañana en Neuquén. Al mediodía ya todos los docentes conocían el nombre del policía. Lo habían confirmado los abogados de los organismos de derechos humanos en una entrevista con González Taboada.

Tanto la fiscal como el juez de la causa admitieron que Poblete tiene “antecedentes judiciales”, pero se negaron a especificarlos. Los datos al respecto tampoco tardaron en salir a la luz: el policía fue condenado en noviembre del año pasado por apremios ilegales y vejámenes. Su víctima fue un detenido en la alcaidía de Zapala.

La Cámara Penal de esa ciudad neuquina le impuso a Poblete una pena de dos años de prisión más la accesoria de la inhabilitación por cuatro años para el ejercicio de sus funciones. Los camaristas Víctor Hugo Martínez, Oscar Rodeiro y Enrique Modina tuvieron en cuenta que el policía ya arrastraba una condena anterior en suspenso.

Poblete no fue apartado de la policía neuquina porque apeló la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia provincial, que aún no se ha expedido con respecto a su planteo. Lo que hicieron las autoridades policiales tras la condena fue trasladarlo a la ciudad de Cutral-Có. Desde allí fue movilizado el miércoles pasado junto a otros policías para reprimir a los docentes, quienes intentaron sin suerte armar un piquete sobre la ruta provincial 22 para hacer oír sus reclamos gremiales después de un mes de paro.

El policía se negó a prestar declaración indagatoria ante Piana. El trámite judicial se cumplió a las seis de la tarde y duró apenas unos pocos minutos. El magistrado ordenó también una serie de pericias, que serán realizadas en el Instituto Balseiro de Bariloche, con el propósito de determinar la distancia y otros aspectos relacionados con el disparo de la granada de gas lacrimógeno que provocó la muerte de Fuentealba.

“Actuó rápido”, dijeron varios docentes a Página/12, en referencia al desempeño de González Taboada. Pero reconocieron que fueron las propias víctimas de la represión quienes se encargaron de recolectar las pruebas que hoy tiene la fiscal. Los docentes recogieron el material fotográfico y fílmico que captaron los medios periodísticos que estuvieron sobre la Ruta 22 el día de la “brutal cacería”; guardaron y sellaron para los peritajes el Fiat 147 en el que viajaba Fuentealba; y aún siguen aportando los testimonios de los que vivieron la tragedia.

Hasta las primeras horas de ayer a la tarde, Poblete estuvo detenido en el céntrico cuartel de bomberos de la capital de Neuquén. El lugar pasaba poco inadvertido, con los camiones hidrantes de la policía como custodia, y la información recorrió rápidamente los lugares donde los docentes se concentraban y continuaban su lucha: los dos puentes que unen Neuquén con Río Negro y la radio abierta que funcionó durante gran parte del día en el monumento a San Martín. Por ese motivo fue trasladado hasta la Jefatura de la Policía neuquina –donde se concentraba la mayoría de los móviles policiales, tanquetas e hidrantes, que evitaron mostrarse por la ciudad– y finalmente alojado en un sitio que no fue revelado. Se invocaron “razones de seguridad”.

A las escondidas jugaron también Sobisch y sus funcionarios: todos desaparecieron de la escena, mientras la oposición presentó un pedido de juicio político contra el gobernador. Se descuenta que el intento no prosperará porque el oficialismo tiene más de la mitad de los miembros de la Legislatura provincial, pero aún así Sobisch no la tiene sencilla. Dentro del MPN ya se desató la interna y ahora aparecen voces que cuestionan su liderazgo y le demandan que abandone la conducción partidaria.

Sin reelección posible, la alternativa que el mandatario había encontrado para tratar de mantener al menos algo de su poder y evitar enfrentamientos internos era su proyecto presidencial, pero sus planes en ese sentido también quedaron hechos trizas. “Ni se le cruza por la cabeza pensar en su candidatura. Sus chances de seguir siendo candidato son ahora casi nulas”, confió un hombre de su entorno.