El Ministerio de Economía volvió a insistir ayer ante la Justicia para que se profundice la investigación de las denuncias realizadas contra ex funcionarios de la cartera que presuntamente beneficiaron al Grupo Greco en perjuicio de los intereses del Estado nacional. El escrito, firmado por la subsecretaria Legal, Alejandra Tadei, le reclama al juez federal Sergio Torres que avance con las declaraciones indagatorias de Eduardo Pérez, ex secretario Legal, y Osvaldo Siseles, ex subsecretario de la misma área, quienes se desempeñaron en Economía durante la gestión de Roberto Lavagna. Además, Tadei adjuntó un informe de auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación donde se cuestiona la legalidad del proceso judicial.

En Economía sostienen que Pérez y Siseles habrían permitido que avance la pretensión de Greco por el cobro de una indemnización y habrían dejado “caer”, en el camino, la demanda del Estado contra el mismo grupo, que habría resultado en un saldo neto favorable al Estado.

El conflicto comenzó en 1980 cuando Héctor Greco, José Greco y Jorge Bassil fueron detenidos por la dictadura militar y “desapoderados” de sus empresas. Cuando volvió la democracia pretendieron recuperar sus activos y se entabló un largo conflicto con el Estado que continúa actualmente. Hasta junio de 2003, el reclamo fue rechazado, pero luego Economía convalidó un fallo judicial en favor de los sobrevivientes y herederos del grupo que ordenaba pagar unos 600 millones de pesos y ni siquiera tomaba en cuenta la deuda de los Greco con el Estado.

En la presentación de Tadei se cita, además, una auditoría de la Procuración del Tesoro donde se realiza un “severo cuestionamiento” a la “legitimidad del proceso judicial” del caso, que incluso “lleva a concluir que no se está ante la presencia de un verdadero juicio en el sentido de haberse contado con un proceso judicial regular”.