Desde que la Administración Federal de Ingresos Públicos obligó a obtener un certificado para que quienes vendan su propiedad consigan eximirse del Impuesto a la Transferencia de los Inmuebles, la recaudación de ese tributo aumentó un 170 por ciento. El titular del organismo, Alberto Abad, aspira a un fuerte aumento de la recaudación de ese sector a partir del 1º de julio, cuando se estrene el mecanismo por el cual nadie podrá escriturar un inmueble si no cuenta con el expreso permiso de la AFIP. Las inmobiliarias, sospechadas de convalidar las escrituraciones por debajo de los valores reales, siguen objetando esa intervención fiscalizadora.

El declarado propósito del nuevo régimen de control de operaciones inmobiliarias es evitar la evasión de tributos como Bienes Personales y Ganancias, que se facilita declarando en las escrituras un precio muy por debajo del que realmente se cobra por las propiedades que se venden. Subsidiariamente, la AFIP también quiso ajustar el control sobre el ITI, del que sólo pueden estar exentos quienes vendan una vivienda familiar con el propósito de comprar otra.

Según se ufana el organismo recaudador, en los cinco primeros meses del año la recaudación de ese Impuesto (equivalente al 1,5 por ciento del precio de la operación) subió a 151 millones de pesos, contra los 56 millones recaudados en el mismo período del 2006. ¿Qué cambió desde entonces? Que ya no es suficiente la declaración del escribano que interviene en la operación de que es una compraventa de vivienda única. Desde principio del año, el vendedor debe obtener el correspondiente certificado de la AFIP para gozar de ese beneficio.

El otro eslabón del cerco fiscalizador incluye a las inmobiliarias, que debieron inscribirse en un registro que las habilita para operar en blanco. Pero desde el primer día de julio entraría en vigor la última y decisiva condición, que por segunda vez involucra de modo directo a los vendedores. Estos tendrán que notificar a la AFIP a qué precio ofrecen a la venta el inmueble. Así obtienen un código que utilizarán finalmente para comunicarle a qué valor finalmente vendieron.

“La AFIP sabe perfectamente quién evade y quién no. No necesita crear nuevos trámites burocráticos, ya que los escribanos le informan periódicamente sobre las operaciones formalizadas. Lo que hace ahora es la inversión de la prueba: todos somos sospechosos cuando, a la inversa, ellos deberían demostrar primero que somos culpables.” La protesta corre por cuenta de Carlos Sotelo, titular de la Cámara Inmobiliaria, que a nivel institucional cuestionó el control desde el momento mismo en que fue anunciado el cambio de régimen, advirtiendo un eventual parate en las operaciones.

Si bien es cierto que los escribanos están obligados por ley a informar a la AFIP sobre los montos de escrituración, la realidad es que nunca estuvo operativo un mecanismo que le permita u obligue constatar la veracidad de los valores consignados. Esto tampoco existe aún, ya que el organismo oficial todavía no alistó el instructivo correspondiente al nuevo régimen de control.

Recién cuando complete esa tarea, se habrán definido dos cuestiones clave y por ahora inciertas. Primero, cuál será el parámetro oficial (valor por metro cuadrado por zona, por ejemplo) para que la AFIP juzgue si el monto de una operación se ajusta a la realidad o no y lo avale con el certificado correspondiente. Y segundo, qué ocurrirá con aquel propietario que sea descubierto subvaluando el bien. Hasta anoche, y a sólo pocos días de que el nuevo sistema se estrene, Abad y su equipo evaluaban cómo resolver esas dos cuestiones.