La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto oficial que crea un nuevo modelo de operación del servicio ferroviario. La iniciativa prevé el lanzamiento de dos nuevas empresas estatales que controlarán los trenes. Una de ellas se encargará de la “administración” de la infraestructura y de la planificación de las inversiones, mientras que la otra se focalizará en la prestación de los servicios, tanto de pasajeros como de carga.

Un mes después de que el Ejecutivo enviara el proyecto, la Cámara alta lo aprobó por 32 votos a favor y 15 en contra tras una hora y media de debate. Ahora tendrá que ser aprobada por Diputados.

La bancada oficialista, con el senador Celso Jaque como miembro informante, defendió el proyecto ya que ordenará el sistema ferroviario, que estuvo en el ojo de la tormenta por la deficiente prestación de los servicios. La ofensiva del Gobierno intenta darle más injerencia al Estado, aunque la ley prevé que las dos nuevas agencias estatales pueden delegar o asociarse con privados para cumplir con sus funciones.

El nuevo esquema está basado en el sistema español, integrado también por un ente público que administra la infraestructura y otro que opera los ramales. Por ahora, estos cambios no impedirán que los actuales concesionarios privados continúen en sus funciones. No obstante, fuentes del Gobierno aclararon a Página/12 que, de surgir nuevas deficiencias en las prestaciones, la nueva ley serviría como una herramienta eficaz para renegociar los contratos o, directamente, dar por caídas las concesiones.

En ese sentido, algunos especialistas del sector, como la Comisión Nacional Salvemos al Tren y de la CTA, señalaron que la iniciativa no produce cambios de importancia con respecto al funcionamiento actual del sistema ferroviario. En su exposición en el recinto, Jaque aseguró que “la nueva estructura brindará una solución a la problemática de la Argentina en materia ferroviaria y le otorgará una mayor competitividad al país”.

Además, remarcó que “una de las prioridades será la incorporación de la calidad al servicio”. Desde la oposición, el radical santacruceño Alfredo Martínez objetó una de las partes centrales del proyecto: la administración de las inversiones de infraestructura. “No existen controles previos de parte del Congreso. Tampoco la posibilidad de conocer las obras que se van a realizar. Se tienen serias dudas en este mecanismo de contratación”, ante la posibilidad de que pueda generar el pago de sobreprecios, disparó el legislador.

Las dos empresas estatales que crea la ley son las siguientes:

- Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Se abocará a todo lo relacionado con las inversiones de infraestructura, inclusive su mantenimiento. Desde allí se controlarán los fondos invertidos en las redes y su ampliación. Las obras podrán desarrollarlas por su propia cuenta, tercerizándolas o asociándose a privados en sociedades mixtas.

- Operadora Ferroviaria. Tendrá a su cargo la “prestación” de los servicios de pasajeros y cargas a través de los actuales concesionarios privados. En la votación de ayer se eliminó la posibilidad de crear una comisión arbitral que juzgue la calidad de los servicios y actúe cuando haya controversias, tal como figuraba en el dictamen de comisión. Esa potestad queda bajo la jurisdicción del actual órgano de control, la CNRT, como hasta ahora. De esta manera, este organismo ampliará su capacidad de acción ya que también pasará a controlar los activos ferroviarios, que hasta el momento estaba en manos de la Onabe. Esta resolución fue criticada por los legisladores de la oposición.

El nuevo sistema funcionará bajo la órbita del Ministerio de Planificación. El Ejecutivo dispondrá de seis meses, a partir de la sanción de la ley, para reglamentar la norma.