La Plata espera el inicio del juicio al ex capellán Christian von Wernich en medio de un clima ambiguo. Si bien este proceso ratifica la continuidad del enjuiciamiento a represores, la ausencia de Julio López –quien fue testigo contra el ex comisario Miguel Etchecolatz y hace más de nueve meses que permanece desaparecido– se instaló en los pensamientos y las conversaciones. Todas las miradas están puestas en las medidas dispuestas para proteger a más de 120 personas que darán su testimonio hasta el 13 de septiembre. “El Estado garantiza la seguridad de los testigos”, afirmó el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Al mismo tiempo, el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, aseguró que la fuerza de seguridad bajo su mando “garantizará que esos testigos se desenvuelvan con el mayor grado de tranquilidad”. Esto es lo que había reclamado la semana pasada la agrupación Justicia Ya!, al enfatizar que “el Estado es responsable” por la seguridad de quienes atestigüen. Sin embargo, el programa que coordina los planes de protección aún no está en funcionamiento. En este contexto, el secuestro de documentación destinada al juicio en el domicilio de una testigo, Felisa Marilaf, contribuyó a sensibilizar aún más los ánimos.

Anoche ya estaban cortadas las calles aledañas al palacio de 8 y 50, donde funcionan los tribunales federales de La Plata, y podía verse el doble vallado perimetral. Además, en el interior del edificio habrá detector de metales, cámaras y doble control de identidad a quienes participarán de las audiencias. Hoy manifestarán organizaciones políticas y de derechos humanos, junto a la CTA, y algunos militantes comentaron a Página/12 la posibilidad de que aparezcan grupos de ultraderecha católica.

Para el resguardo de los testigos el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 acordó aceptar los programas de contención emocional y psicológica que proporcionarán el Comité para la Defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos (Codesedh) y el del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima de la provincia de Buenos Aires, que conduce Alberto Linares. Según el presidente del tribunal, Carlos Rozanski, se sentirán “no sólo protegidos, sino también respetados”. En tal sentido, se hará más veloz el tiempo de espera antes de cada declaración y para ello está previsto que esperen reunidos en una casa acondicionada a tal efecto, ubicada a tres cuadras y comunicada a través de un “corralito”. La idea es darles “contención” y evitar que sean amedrentados por las propias fuerzas de seguridad que participan del proceso, pero la iniciativa fue cuestionada por uno de los organismos encargados de la seguridad por la exposición física y psicológica a la que podrán verse sometidos.

En diálogo con Página/12, el titular del programa Verdad y Justicia, Marcelo Saín, precisó que coordinaron con los ministerios de Interior y Justicia y con el programa provincial la supervisión del esquema policial durante el juicio y la planificación de la protección de los testigos, “que no vamos a contar cómo es”. Saín elogió el programa provincial porque coordinan medidas con las fuerzas seguridad y la asistencia emocional, psicológica y hasta laboral, “que en esta coyuntura quizás es más importante, es lo mejor que hay en la materia, y contaron con los medios porque hubo una decisión política del gobernador”.

Saín reconoció que “hay un clima de temor” y se lamentó de que la “reiteración de testimonios por parte de quien ha sido víctima es algo terrible”. Según el funcionario “hay tratar de unificar aquellas causas con un mismo circuito represivo para que haya economía de esfuerzos procesales”. Pero aclaró que “aunque no somos la Justicia podemos sugerirlo, y ya lo estamos haciendo con el Ministerio Público, sistematizando una base de datos unificada, y hay unas diez que ya están para su elevación a juicio. Estamos identificando testigos en situación crítica en estas causas. Pero es una coordinación, este esquema nunca va a tener un programa propio de protección de testigos ni casas especiales porque esos mecanismos son jurisdiccionales”.

–¿El programa Verdad y Justicia no existe aún?

–Sí, en el decreto.

–¿Y en concreto?

–No, no hay fondos operativos que necesitamos en la investigación de situaciones de riesgo, identificación de grupos y en la formulación de denuncias, que también es para lo que fue creado. Mi oficina está en Ezeiza, en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Por el momento no tengo personal ni estructura, pero según me ha dicho el doctor (Carlos) Zannini, está a punto de salir. Por ahora puse parte de la PSA para este tema.