La escena, para el recuerdo. El ministro Ginés González apuraba, por pedido de la fiscal Mónica Cuñarro, su argumentación a favor del uso para la salud de cualquier sustancia cuya calidad para ello esté probada, sin mencionar nunca la palabra marihuana. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, apuraba un chiste sobre el tema, no para los periodistas, sino para los fotógrafos que disparaban sus flashes sobre el trío. Los movileros apuraban al ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, que respondía con su apoyo al anunciado cambio de la ley de drogas para que ya no persiga a los consumidores. Los académicos del flamante comité convocado para asesorar al Gobierno en la materia departían por su lado. Acababan de presentar, en regia ceremonia en la Casa Rosada, la primera encuesta nacional sobre el consumo de drogas, alcohol y tabaco que se hará en el país para elaborar una nueva política pública sobre el tema.

Fernández comenzó por describir los pasos que ha dado en los últimos meses para reorientar la “matriz criminal” sobre drogas. En una entrevista exclusiva con Página/12 anunció hace tres semanas que dio orden a las fuerzas de seguridad que controla de no perseguir más a los consumidores, sino a las organizaciones ilegales. En realidad, su discurso está nutrido por los expertos de un Comité Científico integrado por eminencias de las ciencias sociales –estuvieron presentes la psicoanalista Eva Giberti, el juez federal Roberto Falcone, el sociólogo experto en adicciones Roberto Cabieses, la jueza Patricia Llerena, entre otros– y coordinado por Cuñarro, presentada ayer como secretaria ejecutiva del grupo de expertos.

El planteo de fondo es que la policía no debe ocuparse de los asuntos de la salud pública, como el consumo de drogas, por ejemplo. “No estamos tirándole (al ministro de Salud, Ginés González) por la cabeza absolutamente nada. Que ellos (por los funcionarios de salud) se dediquen a la atención del adicto y nosotros (por él y Arslanian) a la prevención y la represión del delito”, dijo.

El convenio que ayer firmaron el Comité Científico, González García, Fernández, Arslanian y el presidente del Indec, quien tendrá a cargo el trabajo, pretende un mapeo de lo que se consume y su impacto social en todo el país. “Será una encuesta lo suficientemente potente como para dar elementos que nos permitan construir una nueva política pública en el tema”, lanzó Fernández. “Debe haber algo muy claro: para el adicto y el consumidor, tratamiento, y para el traficante, cárcel”, afirmó Arslanian.

Arslanian destacó que con esa encuesta se podrá “centralizar y generar una base de datos sobre el consumo de drogas sociales, como el alcohol, el tabaco, otras ilegales y fármacos”. El punto no es menor: existen indicios de que los mayores daños a la salud y motores de la violencia doméstica son en realidad el alcohol y los psicofármacos, de venta legal, y no las drogas ilegales.

Hubo dos organismos oficiales cuya ausencia volvió a ser notoria en un ámbito en el que se reescribe la política sobre drogas: por un lado la Ufidro, la adormecida oficina de apoyo a la investigación sobre drogas y delitos complejos, y la Sedronar, la secretaría de Estado que regularmente realiza encuestas sobre consumo de drogas. “Argentina está procesando el tercer estudio nacional y los resultados estarán en septiembre y octubre. Involucra 24 mil hogares. Los organismos internacionales lo piden al país”, explicó una alta fuente de la Sedronar a este diario. En efecto, son datos que son elevados a los organismos que procesan datos sobre drogas para la Naciones Unidas y la OEA. “Eso hay que hacerlo, pero sobre los diseños que imponen de afuera. Es saludable que nosotros dispongamos de nuestra propia información, elaborada en base a las necesidades de cada ministerio para poder pensar lo político”, dijo Cuñarro, una de las artífices de la encuesta.