En los días de demanda pico de gas, los cortes de suministro afectaron al 45 por ciento del consumo local. En el caso de la industria, la restricción fue equivalente al 70 por ciento de sus necesidades, a las centrales térmicas se les recortó un 45 por ciento y se afectó un 80 por ciento de la demanda de GNC. En el sector eléctrico, las limitaciones fueron menores y se concentraron en las horas de mayor consumo. En los peores momentos, la magnitud de la restricción alcanzó los 1320 Mw, lo que representa 7,3 por ciento de la potencia promedio disponible (18.000 Mw) y recayó en los grandes consumidores. La estimación forma parte de un informe de Ecolatina difundido ayer; a raíz de esos datos la consultora redujo las proyecciones de crecimiento anual para el sector manufacturero en torno a 6 por ciento, un punto por debajo de las estimaciones realizadas a principios de año.

Además, se destaca que a partir de julio la escasez de insumos presionará también sobre los costos y precios de otras actividades. Según señala el informe, se esperan significativos aumentos de costos y en algunos casos faltantes de insumos para la construcción, el campo (escasez no sólo de gasoil sino también de fertilizantes) y el transporte. Luego de realizar el diagnóstico, Ecolatina ofrece su receta para salir adelante: “políticas focalizadas en el largo plazo, un marco regulatorio previsible y tarifas acordes podrían sentar las bases para atraer los capitales necesarios para expandir los actuales niveles de producción”.

En el caso del gas, se detalla que se requieren proyectos de exploración como de explotación para poder aumentar la oferta y obras de ampliación de gasoductos. Mientras que para aumentar la capacidad de generación eléctrica se recomienda construir más centrales y terminar las obras que actualmente se encuentran demoradas (Atucha II y elevar la cota de Yacyretá a 83 metros). Las recomendaciones son atendibles, pero la propuesta de fijar “un marco regulatorio previsible y tarifas acordes” se parece mucho al reclamo que vienen realizando las propias empresas desde la devaluación y no garantiza los recursos necesarios para llevar adelante esas inversiones, pues durante la década del 90 las compañías que actualmente reclaman aumento de tarifas tuvieron ganancias extraordinarias en dólares y no hicieron las inversiones que ahora prometen en caso de recibir aumento. De hecho, el último gasoducto troncal que se construyó en el país es el Neuba II y fue realizado en 1988, antes de la privatización de los sistemas eléctrico y gasífero.