No sólo le costó el cargo de ministra. La bolsa también le costará a Felisa Miceli un embargo preventivo sobre sus bienes por 200 mil pesos, la suma equivalente a los billetes que contenía según el acta policial que se labró en el momento del hallazgo. La medida fue ordenada por el juez federal Daniel Rafecas, en respaldo a un pedido del fiscal Guillermo Marijuán, que lleva adelante la investigación.

Rafecas reemplaza por esta semana a su colega María Servini de Cubría, la verdadera jueza a cargo de la causa, que se tomó licencia justo cuando empezaba el baile. Aunque le dejará a ella la decisión de llamar o no a indagatoria a la ex ministra, ayer el juez entendió que no podía esperar para tomar otras determinaciones. Una de ellas es el embargo, para lo cual emplazó a Miceli a presentar información sobre sus inmuebles, cuentas y otros bienes, que quedarán congelados por el valor estipulado.

El objetivo, señalaron fuentes judiciales, es garantizar que si se comprueba que el dinero que contenía la bolsa es “de origen espurio”, esté disponible para ser devuelto. Los investigadores, en rigor, no saben adónde está ahora esa plata encontrada el 5 de junio en el baño privado del ex despacho de Miceli por una inspección de la Brigada Antiexplosivos. Otra medida adoptada por el juez apunta a conseguir precisiones sobre los movimientos de dinero de la Caja de Crédito Cuenca, la financiera por donde el fiscal sostiene que pasó la plata que desembarcó en el Ministerio de Economía. En la bolsa, según el acta policial, había un ladrillo con 100 mil pesos, con embalaje plástico del Banco Central y el número de lote 38.057, y aparte 31.670 dólares.

En el dictamen donde pidió la indagatoria de Miceli, Marijuán aseguró que hay constancias de que el dinero salió del Banco Central y fue a Cuenca en un camión de Juncadella-Prosegur. Hay, sostuvo, un remito de la entidad y un informe de la empresa de caudales. El martes reiteró sus argumentos públicamente para refutar al titular de la financiera, Miguel Rutenberg, que había manifestado en una conferencia de prensa que “no existe constancia del ingreso a la entidad del ladrillo identificado con el número 38.057”. Agregaba el hombre de finanzas: “No tenemos nada que ver, porque en el período del 21 de mayo al 5 de junio, investigado por la Justicia, no existen retiros de fondos en efectivo iguales o superiores a 100 mil pesos”.

Pero como las financieras pueden movilizar billetes de muchas formas, el juez Rafecas le ordenó a Cuenca que informe si en ese período registró y por qué montos: retiros de dinero por parte de los socios, distribución de lo que en la jerga del rubro se suele llamar “excedentes repartibles”, pagos de juicios, operaciones interbancos o encajes en el Banco Central. El listado de diligencias del juzgado también incluye un pedido de información al Ministerio de Justicia, para que le remita todos los antecedentes de constitución de Cuenca, sus autoridades, administradores y también síndicos. Esta firma, según consta en tribunales, ya había sido denunciada por el propio Banco Central por operaciones irregulares, como lavado de dinero.

Uno de los próximos pasos en la causa apunta a establecer de dónde salió el dinero y qué destino tenía. Hasta ahora Miceli está acusada por la fiscalía de encubrir una operación financiera supuestamente ilegal que permitió que los fajos llegaran a su despacho y de incumplir sus deberes de funcionaria y sustraer el acta original donde quedó documentado el hallazgo. Ahora también se investiga, entre otras líneas, el papel de la ex ministra en un contrato con una empresa de su hermana Adriana y el Banco Hipotecario.