El escándalo por la alteración del resultado de la inflación en Mendoza no tuvo ningún tipo de aclaración. Ni el Indec, ni la Secretaría de Comercio Interior, ni el Ministerio de Economía dieron explicaciones de por qué se cambió el dato que había remitido la Dirección de Estadísticas provincial, que arrojaba una suba de precios de 3,1 por ciento en agosto, por un aumento de 1,5 por ciento. La única expresión surgió desde la propia provincia cuyana. El gobernador Julio Cobos, quien es además compañero de fórmula de Cristina Fernández, buscó bajarle el tono a la polémica. “El Departamento de Estadísticas solicitó una aclaración. Eso es todo. No olviden que el Indec es quien realiza el cálculo. Y le pedimos al organismo nacional que nos diga si hubo un cambio metodológico o algún criterio distinto. Nada más”, comentó, tras participar de un acto en Neuquén.

Cobos no hizo ninguna acusación ni sembró sospechas, como sí habían deslizado anteayer la directora de Estadísticas mendocina, Patricia Giménez, y la ministra de Economía, Laura Montero. El gobernador señaló que la responsabilidad última del índice es del Indec y, en todo caso, solicitó una aclaración por los cambios. Más temprano, su segundo en la provincia, Juan Carlos Galiff, también se había mostrado conciliador. “Creo que ha sido un error administrativo”, sorprendió, debido a que el Indec modificó no sólo el índice general, sino también los incrementos en casi todos los rubros.

Pese a que no hubo una versión oficial de los hechos, de manera extraoficial se multiplicaron las versiones. Una de ellas indicaba que el Indec publicaría hoy una fe de erratas para restituir las cifras originales. Sería una forma de resguardar a sus autoridades de una eventual acción de la Justicia. El fiscal general de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, prepara medidas para investigar a fondo los hechos. Según esa versión, en el Indec temen quedar involucrados en una causa penal, frente a la cual se pondrían a cubierto con una fe de erratas.

Otra versión que surgió desde el propio organismo fue que le achacarían el error a una funcionaria. Si fuera así, también se debería explicar por qué el día en que se difundió el comunicado con el IPC Nacional se demoró hasta las 11 de la noche, cuando estaba previsto para las 4 de la tarde. Fuentes gremiales aseguran que durante todas esas horas hubo una negociación política entre el gobierno nacional y el mendocino para corregir los resultados. Llegado ese punto, algunos sostienen que la administración mendocina incumplió su palabra y denunció los hechos –ahora relativizados por Cobos–, y otros afirman que nunca hubo acuerdo y el Indec “se cortó solo”.

El diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel aportó lo suyo. Atribuyó el problema a una “interna del partido gobernante” en Mendoza. “Hay un sector muy ligado al diputado (Roberto) Iglesias y al ex ministro (Alberto) Flamarique que busca distorsionar los números” de la inflación, acusó. Cuando le preguntaron por qué se sumó la ministra Montero, que es candidata a diputada de la línea de Cobos, respondió que “tal vez no tenga definida su posición”.