Manuel Gonçalves para todos los días en el peaje de la autopista que va a Ezeiza. Se topa con un cartel gigante con la cara del ex subcomisario Luis Patti. “Vote en defensa propia”, es el lema. Todos los días, cada vez que pasa por ahí, piensa en su papá. Gastón Gonçalvez fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Fue visto por última vez en la comisaría de Escobar, donde trabajaba Patti. El fiscal que investiga este hecho pidió que el ex intendente sea citado a declarar como sospechoso. Mientras, el ex intendente quiere ser gobernador. Manuel le reclamará a la junta electoral de la provincia de Buenos Aires que impugne esa candidatura. Lo hará hoy junto a los familiares de Eduardo Pereyra Rossi, Osvaldo Agustín Cambiasso y Diego Muniz Barreto, otras víctimas del represor.

Pereyra Rossi y Cambiasso fueron secuestrados en Rosario el 14 de mayo de 1983. La versión oficial fue que murieron en un enfrentamiento, pero las pericias indicaron que fueron torturados y asesinados. Al ex diputado Muniz Barreto se lo llevaron de una carnicería de Escobar el 26 de febrero de 1977. En todos estos hechos, según lo investiga la Justicia, estuvo involucrado Patti.

La presentación en la que se reclamará formalmente que el represor no sea habilitado para presentarse como candidato a gobernador estará patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales y la agrupación HIJOS y se realizará ante la Junta electoral de la provincia. Este organismo, encargado de resolver las impugnaciones, deberá definir si Patti tiene idoneidad ética y moral para ejercer la representación política.

El año pasado, el Congreso impidió que el ex subcomisario asumiera como diputado nacional por considerar que era responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El buscó la revancha y se anotó para gobernador. Mientras, la Corte Suprema aún debe expedirse sobre la banca legislativa. Al fallar en un caso similar, referido a Antonio Domingo Bussi, el tribunal dijo que la Cámara de Diputados no podía impedir el juramento de un legislador y advirtió que el mecanismo correcto para cuestionar una candidatura era el de realizar una presentación antes de las elecciones.

“Aunque no compartimos la jurisprudencia de la Corte en ese caso, ésta fue clara al fijar el mecanismo idóneo para las impugnaciones y en este caso se trata de recurrir a la Junta Electoral. Este organismo debe revisar sus decisiones, ya que en 1999 rechazó un planteo que, en el mismo sentido, había hecho el CELS”, explicó a Página/12 Andrea Pochak, directora adjunta de ese organismo de derechos humanos.

La abogada destacó “la excepcionalidad” de la presentación, ya que se trata de una persona sobre la que hay sobradas pruebas de su participación en graves violaciones a los derechos humanos. “La Justicia está actuando, deben dejarla actuar”, dijo Pochak.

Formalmente, para que una persona sea inhibida para presentar una candidatura debe haber sido condenada. Pero los represores de la última dictadura no pudieron ser juzgados, ni siquiera investigados, hasta hace poco tiempo, porque durante veinte años estuvieron vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

En la presentación ante la junta, los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas de Patti recordarán que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró que el Estado argentino debía adoptar “las medidas necesarias para la exclusión de cargos estatales de personas sospechadas de participación en graves violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar a fin de modificar la ‘sensación de impunidad’”.

“Para que el Estado argentino dé cumplimiento con las obligaciones asumidas y no incurra en responsabilidad internacional, deberá realizar todas las medidas de investigación que correspondan a efectos de recabar pruebas suficientes de participación del candidato impugnado en graves violaciones de derechos humanos y determinar su legitimidad constitucional para eventualmente asumir el cargo electivo al que aspira”, señalará el escrito con el que se reclamará que la junta electoral recopile información acerca de Patti y el estado de los distintos expedientes en los que se ventila su participación en el terrorismo de Estado.

“Estamos trabajando en el plano judicial para que sea condenado, aunque es difícil porque es claro que es una persona que sigue teniendo poder. Pero seguimos buscando respuestas en las instituciones del Estado para terminar con la impunidad en general, y en particular con personajes que buscan intervenir en la vida pública”, explicó Ana Oberlin, abogada de HIJOS.

La presentación del CELS, HIJOS y los familiares de algunas de las víctimas de Patti se sumará a otras impugnaciones con las que ya cuenta el represor, como la de Luis Gerez, quien declaró en su contra en el Congreso y luego fue secuestrado, y la del diputado y candidato del MST Carlos Tinnirello.

El escrito mencionará también las causas judiciales en las que estuvo involucrado Patti en democracia. En una de ellas fue procesado por encubrir a un represor prófugo de la Justicia. La otra es la que lo hizo conocido y dio inicio a su carrera política: dos hombres acusados de robo lo denunciaron porque los llevó a una casa en las afueras de Pilar, los sometió a submarino seco, sofocación con una bolsa de plástico y les aplicó corriente eléctrica en los testículos. Por este hecho, Patti fue arrestado por el juez de San isidro Raúl Alberto Borrino. Pero el ex subcomisario logró que sacaran al magistrado del caso, que dejaran dormir la causa y que lo sobreseyeran por prescripción.