Rosa Molina acaba de morir en la ciudad de La Plata, con 56 años de edad y 24 kilos de peso. Su hijo fue a buscarla hace unas semanas a Resistencia, luego de reconocer su imagen en los diarios. Rosa pasó por el Hospital Central de la capital chaqueña con 30 kilos de peso, los médicos le dieron el alta hospitalaria y se negaron a atenderla después. A comienzos de agosto, ella buscó refugio en la Catedral, donde su gente logró la atención de los medios. Esa mujer toba ahora es la víctima número 15 del hambre, esa aterradora estadística sanitaria que crece en la provincia con números que empezaron a contarse sólo hace dos meses entre las víctimas aborígenes.

Orlando Charole, con otros ocho delegados del Chaco, estuvo en Buenos Aires ayer para reunirse con el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, autor de la denuncia que disparó la semana pasada el inédito fallo de la Corte Suprema que diagnosticó el problema como “exterminio”. Luego del encuentro, los delegados llamaron a una conferencia de prensa por dos motivos. Para exhortar al gobierno nacional y provincial a cumplir con la sentencia de la Corte de proveer agua, alimentos y medicina a los aborígenes. Y para decir que su hasta ahora “sobrada paciencia” parece llegar a un límite.

“Nosotros decimos que tuvimos sobrada paciencia sobre los hechos de muerte que se han producido en las comunidades indígenas”, dijo Egidio García, otro de los delegados. “Tuvimos mucha paciencia, pero ahora venimos cargados de bronca, de iras porque nos toca muy cerca.”

El problema del hambre pasó en los últimos meses de la agenda social a la política, hasta colarse en las últimas elecciones. En 11 de julio, detrás de lo que apareció como la primera víctima, varias organizaciones sociales y de derechos humanos salieron a acompañar el reclamo con informes que hicieron foco en la situación sanitaria con niveles de hambruna de años que disparan tuberculosis y Chagas, entre otros males. Esos datos se transformaron en un pedido de amparo de la Defensoría ante la Corte y luego a la medida cautelar del máximo tribunal. “Le pedimos ahora a la Corte –dijo Charole– que no se aparte de este proceso porque tiene todas las facultades para quedarse.”

Sus comunidades reúnen a 60 mil personas de tres etnias (tobas, wichis y mocovíes) en toda la provincia, aunque la mayor parte vive en el Impenetrable. En el Paraje Colonia 10 de Mayo del departamento General Güemes todos los habitantes que entrevistó la Defensoría tenían vinchucas en sus casas y en lugares como El Colchón, las familias extraen agua de charcos donde también beben los animales.

Charole, además de delegado, es presidente del Instituto de Asuntos Aborígenes de la provincia, un organismo estratégico que, aunque supuestamente es autónomo, depende del Ministerio de Trabajo y Justicia del Chaco. Charole tiene una hermana diputada electa en el peronismo y una tía muy conocida en los últimos tiempos: su nombre es Mabel Pino Fernández y es una de las mujeres que murió con 25,7 kilos de peso, con los pulmones llenos de tuberculosis, después de un largo proceso.

“Uno puede solidarizarse con los familiares de los muertos”, dice él. “Pero el dolor de ellos es enorme ante esa impotencia. Muchas veces el indígena no quiere hablar y hoy por hoy prefiere quedarse en su lugar y no ir a un hospital, prefiere aislarse y morir en su propia tierra. Y algún médico va a decir que es por razones culturales, pero es parte de un avasallamiento continuado y entonces uno prefiere morir ahí.”

A principios de año, llevó a su tía con otras tres personas que estaban muy mal al hospital de Resistencia. Después del diagnóstico médico supieron que todos estaban con tuberculosis. ¿Por qué? “Por falta de atención médica en sus zonas natales –dice él–, porque aunque hay puestos sanitarios vamos a decir que no existen porque por más que existen no funcionan, entonces, existen pero no existen.”

En julio último, con los primeros fríos, el Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela denunció la primera de las quince muertes que siguieron. “Nosotros no sabemos si son todas las muertes que hay”, dice Rolando Núñez, del Centro. “Es posible que haya más y que no hayan llegado porque el Ministerio de Salud nos tabicó la información: ahora nos vamos enterando por la misma gente cercana a los que fallecieron pero lo importante no son las cuentas sino que era demostrar cómo el frío era un disparador pero que la causa estaba en la pobreza extrema, en el Chagas, en la tuberculosis, en la neumonía, en la diabetes como en Africa.”

Según los datos del centro Mandela, en 1995 las tierras fiscales del Chaco eran 3 millones de hectáreas, ahora son unas 500 mil. Las comunidades que eran nómades quedaron arrinconadas en tres reservas y ahora en unas 20 mil hectáreas vive una comunidad de dos a tres mil personas. Extensiones inmensas para los parámetros de Buenos Aires, pero inservibles ahí.

–¿Cuanta tierra necesitan?

–¿Cuánto? –pregunta Charole– Yo diría que todo, todo el territorio que teníamos ancestralmente, entonces ustedes se deberían tener que ir. Ese es el problema, ése es el verdadero problema.