La Justicia chilena encontró la quinta tumba colectiva de los años de represión pinochetista. El hallazgo de restos óseos y casquillos de balas en un valle cercano al lago Rapel, en el centro del país, confirmó finalmente la masacre de 22 campesinos y dirigentes de izquierda en los primeros días de la dictadura. La matanza se distinguió de los otros asesinatos políticos porque las víctimas no fueron detenidas y llevadas a un centro de detención, sino que se las ejecutó inmediatamente. Para el abogado de algunas de las familias de los desaparecidos de Paine, Nelson Caucoto, el objetivo fue revertir el éxito que había tenido allí la Reforma Agraria del gobierno de Salvador Allende.

En conversación telefónica con Página/12, Caucoto no dudó en afirmar que los militares triunfaron. No sólo muchos de los asentamientos desaparecieron junto con sus dueños, sino que las tierras fueron divididas y asignadas a los campesinos que pudieran pagarlas. “Además, aún hoy se vive con miedo en Paine”, agregó el abogado. El pequeño pueblo rural, ubicado a sólo 30 kilómetros al sur de Santiago, se ha convertido en un ejemplo para las organizaciones de derechos humanos del largo camino que falta para llegar a la verdad y la reconciliación nacional. Cuenta con el trágico record de ser la localidad que más muertos y desaparecidos tuvo durante la dictadura en proporción a su población, actualmente poco más de 50 mil. Se estima que cerca de 80 personas fueron víctimas del terrorismo de Estado, 44 de las cuales siguen desaparecidas. Gracias a la amnistía de Pinochet, son muy pocos los que han pagado por sus crímenes en el pueblo. “En Paine, los victimarios viven junto a sus víctimas”, explicó Caucoto.

La mitad de esos 44 desapareció la noche del 16 de octubre de 1973. Un grupo de militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo irrumpió en el centro de Paine con una lista en mano. Tenían escrito el nombre y apellido de 22 vecinos, en su gran mayoría campesinos que habían sido beneficiarios de la Reforma Agraria. Los fueron a buscar uno a uno a sus parcelas y al resto –dirigentes de partidos de izquierda y dos pequeños comerciantes que simpatizaban con el depuesto gobierno socialista– a sus casas. Los subieron a un camión militar y nunca se los volvió a ver.

Casi 35 años después, el descubrimiento de restos humanos, muy posiblemente de ese grupo de desaparecidos, permitiría completar el relato. El camión militar llevó a los 22 detenidos a la Quebrada Los Arrayanes, en la VI Región, apenas unos kilómetros al sur de Paine. Los militares los hicieron bajar y hacer fila en uno de los bordes de la quebrada. En cuestión de minutos, decenas de disparos sonaron, los cuerpos rodaron por la ladera y fueron tapados con tierra.

El descubrimiento de esta semana no sólo confirmó la matanza. El hallazgo de astillas óseas y pequeños pedazos de tela también sería una prueba de la exhumación de los cadáveres en 1978, en la llamada operación “retiro de televisores”. Para cubrir sus crímenes, Pinochet había ordenado que todas las fosas clandestinas fueran vaciadas y los cadáveres, tirados al mar. Sin dudas, el dictador retardó el trabajo de la Justicia chilena. Sin embargo, ayer la delegada presidencial en temas de derechos humanos y ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, les dio esperanzas a los familiares. “Tenemos evidencias bastantes ciertas de que en ese lugar ejecutaron a las 22 víctimas de Paine”, señaló.