El dictador Reynaldo Bignone fue indagado ayer, y quedó detenido con arresto domiciliario, en el marco de la megacausa sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el Primer Cuerpo de Ejército, acusado de 18 casos de detenciones ilegales ocurridas en el Hospital Posadas. El último presidente de facto negó su responsabilidad en el secuestro de estas personas, en su mayoría profesionales de la salud, que tuvo lugar a pocos días del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando Bignone era delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social y comandó en forma personal la toma de ese hospital. También fue detenido el coronel médico Agatino Di Benedetto, que había sido nombrado por el dictador como interventor del Posadas. Al término de la indagatoria ante el juez federal Daniel Rafecas, el abogado defensor de Bignone, Juan Aberg Cobo, pidió al magistrado que disponga la detención de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, del ex candidato presidencial Italo Luder y del ex ministro y ex gobernador bonaerense Carlos Ruckauf.

Cuando a Bignone le leyeron los hechos que se le imputaban y le mencionaron el decreto firmado por Isabel, Luder y Ruckauf que ordenaba combatir la subversión, Aberg Cobo entendió que ese pudo haber sido el “origen” de la intervención dispuesta por su asistido en el Hospital Posadas. Y con ese argumento, repetido por parte de otras defensas de represores, el letrado solicitó que se ordenara la detención de los ex funcionarios (otros firmantes del decreto han fallecido), pero le sugirieron que lo hiciera por escrito, lo que el abogado prometió concretar en los próximos días.

A lo largo de la investigación llevada adelante por Rafecas quedó acreditado que, en el marco de la toma militar del policlínico Posadas, ubicado en Haedo y que sigue funcionando como tal, fueron detenidas en forma ilegal cuarenta personas, todos empleados del hospital y en su mayoría médicos. Luego de permanecer cautivas en ese lugar durante algunas horas, fueron trasladadas a distintos sitios tales como la Superintendencia de Seguridad Federal, distintas comisarías y las unidades penitenciarias de Devoto y Olmos.

Durante la declaración indagatoria de ayer, cuando le imputaron al dictador su autoría en la privación ilegal de la libertad de dieciocho personas que trabajaban en el hospital Posadas, admitió que el 28 de marzo de 1976 dispuso la intervención de esa institución a partir de “informes de inteligencia de la época que daban cuenta de la frecuente atención a supuestos guerrilleros que se prestaba allí”, según indicó a Página/12 una alta fuente judicial. Además, Bignone reconoció que “el operativo se llevó a cabo con personal del Ejército que actuó bajo sus órdenes y que él solicitó especialmente al Colegio Militar” y que “en el marco de tal procedimiento se efectuaron detenciones” que, según expuso, “tenían en miras la identificación e inmediata libertad de las personas”. Finalmente, mencionó que “no pudo comprobarse que en el seno del hospital se haya prestado asistencia médica a guerrilleros”.

Por otra parte, Di Benedetto fue imputado como autor de la privación ilegal de la libertad de treinta y tres personas, ocurridas entre el 28 y el 31 de marzo de 1976, también en su mayoría médicos.

Al finalizar la indagatoria, que duró algo más de dos horas, Bignone fue trasladado bajo custodia a su domicilio.