Viniendo por la ruta 197, apenas dos cuadras pasando Malvinas Argentinas para entrar en jurisdicción de José C.Paz, si uno dobla a la derecha, se detiene y pregunta por la calle Oliverio Girondo con cara de extranjero, inmediatamente le indicarán: “El hogarcito queda a dos cuadras, dando la vuelta. Se va a dar cuenta porque está lleno de periodistas”. Y es cierto. Girondo, entre Ventura Coll y Presidente Quintana. El número 185 queda cubierto detrás de hombros y cámaras periodísticas. El barrio, El Ombú, para más datos, está convulsionado otra vez. La semana pasada, el jueves 20, una comisión policial de la DDI San Martín, con orden del fiscal federal Jorge Sica, allanó el “hogarcito” y detuvo a tres mujeres y un hombre que aparentemente lo administraban. Adentro, encontraron en estado de total abandono, anoréxico de alimentos y afecto, a un viejito, pero no al que buscaban. Lorenzo Cavallero, de 77 años, no estaba allí. Su cuerpo permanecía en la morgue del hospital Larcade, de San Miguel, desde el lunes 17, como NN. Cuando los policías entraron, el viejito anoréxico de tanto trato hogareño preguntó casi por reflejo: “¿Me vienen a traer comida?”.

La noticia había trascendido el martes pasado por la noche, cuando una comisión policial y un equipo de bomberos cruzó el portón de Girondo 185. Buscaban cuerpos de ancianos supuestamente enterrados en el jardín. Las voces del vecindario habían runruneado sobre la existencia de pozos y montículos de tierra. Y de ahí a imaginar cuerpos enterrados hay un solo paso. Los vecinos hicieron la denuncia y la policía acudió por orden del fiscal federal de San Martín, Jorge Sica. No encontró nada, porque nada había. Cinco días antes, la misma comisión policial pero sin bomberos, había concurrido por orden del mismo Sica a allanar el lugar y detener a Rosa Clelia Vallejo, de 62 y dueña del lugar; su hijo, Ariel Diego Valenti, de 34; Andrea Verónica Castro, de 30 y esposa de Ariel; y Ramona Itatí González, de 46 y que hacía de mucama-enfermera. Fue ese día cuando encontraron al viejito abandonado por todos, mientras buscaban a Lorenzo Cavallero.

Aunque el caso judicial y todos sus ribetes jurídicos hayan iniciado el 20, la historia en sí comenzó mucho antes, entre 5 y 6 años atrás. Para entonces, Clelia, como la conocen en el Ombú aunque se daba poco con los vecinos y sólo comentaba un buen día o qué frío está haciendo, compró el lote que hace esquina con Ventura Coll. Y puso el geriátrico que no es geriátrico, porque así figura en el cartel de entrada que promete parque y arboleda (lo que es cierto, se lo puede ver desde la reja), pero que aclara que “no es geriátrico” aunque diga “cuidamos abuelos”. Había que seguir todo un curso de semántica antes de depositar al abuelito como prenda.

Lo cierto es que de algún modo empezaron a llegar los abuelos. Jubilados de acá o de allá. “Nunca tuvieron muchos. Siempre había tres o cuatro” –dijo Laura, una vecina, remisa a dar apellidos pero se ve que conocedora–. Los maltrataban mucho. La que sabe es Cristina”, y señaló al 152, allí pegadito. Según se sabe, y al parecer ya es público, Cristina y su marido solían escuchar a los viejitos que del otro lado del ligustro les pedían “Dame comida, dame comida” y ellos les daban. “¿Por qué no les dan de comer?”, le preguntó un día Cristina a Clelia, y Clelia respondió que “les damos, pero siempre quieren más”.

Carlos, otro vecino, dijo indignado que ellos siempre les acercaban comida, “ahí adentro los maltrataban todo el tiempo; muchos vecinos les acercábamos comida”. Otra vecina, Adela, tan remisa como Laura en cuestión de apellidos, dijo que “Clelia les daba como laborterapia que arrancaran los yuyos con las manos”. Para los vecinos, el lugar tiene “banca de algún puntero porque, cómo hicieron si no para resistir tantas denuncias”. Fuentes municipales aclararon con insistencia a este diario que “el lugar no estaba habilitado como geriátrico”, y aseguraron que “cobraban 800 pesos por mes y si no tenían plata para pagarlo les pedían los documentos a los familiares y les cobraban la jubilación”.

Durante la semana pasada, un familiar de Lorenzo Cavallero, de 77 años, pretendió visitarlo. “No lo dejaron verlo –señaló el fiscal Sica a este diario–. Entonces presentó la denuncia y dijo que le pedían 30 mil pesos. Se hicieron las averiguaciones y se allanó el lugar investigando un secuestro extorsivo. Pero se daba un caso atípico porque el secuestrado no estaba. Esa misma noche se pudo averiguar que había fallecido el lunes anterior en el hospital Larcade. El caso se inició en la Justicia Federal, pero ahora debería seguir en la Justicia ordinaria porque al haber fallecido antes no había secuestro extorsivo”.

El caso quedó ahora como tentativa de extorsión y abandono de persona agravado y se investiga si los detenidos, mediante la apropiación de los documentos de los internados, trataban de heredar sus propiedades.