Las privatizadas suspiran tranquilas: descuentan que la situación contractual y, en particular, la tarifaria se “normalizará” en los primeros meses de gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Esa idea la sostienen señalando que el triunfo en las urnas le brinda poder político para tomar medidas antipáticas. La presidenta electa ya había admitido públicamente que es partidaria de instrumentar aumentos “graduales” en el precio de los servicios públicos. En los hechos, muchos casos ya están pautados por acuerdos en vigencia. No hay un porcentaje uniforme para ese reacomodamiento pero, según admiten funcionarios del área, la futura administración sostendrá el criterio de que las tarifas de luz y gas irán aumentando para todos los segmentos de usuarios, con más énfasis en los más pudientes.

En una de las pocas entrevistas que concedió en vísperas de la elección presidencial, la postulante del Frente para la Victoria indicó que no habría ningún “shock” y que las subas incluirán una tarifa social. Iniciativa que las propias prestadoras proponen con la expectativa de que sea el Estado el que se haga cargo de subvencionar a los consumidores pobres y no que ese subsidio tenga que cubrirse sacrificando recaudación propia. Este será un primer punto políticamente sensible a definir por el futuro gobierno.

Su compañero de fórmula, Julio Cobos, fue igualmente contundente días antes cuando formuló declaraciones ante la prensa española. “Hay que hacer ver a la gente que el sector servicios es fundamental para atraer inversiones y que crezca el país. Hay que establecer mecanismos de actualización de acuerdo con las variables mano de obra, mantenimiento e inversión”, sentenció el futuro vicepresidente al diario ABC.

Cristina tiene respeto por el secretario de Energía, Daniel Cameron, a quien las empresas del área le reconocen tanto solvencia técnica como capacidad para comprender sus argumentos a favor de adaptar los contratos a las necesidades del negocio privado. Finalmente, la consagrada presidenta sabe que es muy difícil sostener el actual sistema de millonarios subsidios al sector sin terminar comprometiendo el superávit primario que pretende sostener.

Las distribuidoras eléctricas tienen acuerdos transitorios que les permitieron aumentar un 15 por ciento las tarifas de comercios e industrias, pero con la promesa de que el 1° de febrero entrará en vigencia la revisión tarifaria integral (RTI). Esto supone un nuevo cuadro de precios del servicio, que permita recomponer la ecuación económica de los contratos bajo el parámetro de la relación con los costos. La RTI entrañará un aumento que aún no tiene porcentaje firme.

El mismo pacto provisorio con Edenor, Edesur y Edelap, hoy en vigencia, fija una cláusula que permite trasladar a la tarifa los mayores costos del servicio. Para evitar el retoque que hubiere correspondido en los últimos meses, la administración de Néstor Kirchner está autorizando a las distribuidoras a quedarse con los fondos del Puree (Programa del Uso Racional de la Energía Eléctrica), que se acumulan por penalizar a los usuarios que consumen más que en el 2005.

Ese fue un recurso de excepción para evitar un incremento tarifario en víspera electoral. La fórmula normal admitida en el acuerdo consiste en que cada aumento de costos sea traducido a la tarifa. Además de los incrementos salariales y otros insumos con valores ascendentes, en el sector se descuenta que también se corregirá el actual sistema de precios de la generación eléctrica. Hoy es la caja estatal la que compensa a las generadoras por los mayores costos de producción para evitar que esa suba se traslade a toda la cadena y llegue a los usuarios finales.

No es menos complejo el cuadro gasífero. Gas Natural Ban es la única distribuidora que pudo este año aumentar un 10 por ciento a todos sus clientes, incluidos los residenciales. Pero también tiene pendiente para el 2008 la revisión tarifaria integral, que supondrá incrementos adicionales. Un proceso similar que tienen previsto otras distribuidoras gasíferas.