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El Gobierno no termina de resolver el entuerto en que lo puso la Corte Suprema al declarar inconstitucional el recorte del 13 por ciento en los salarios de empleados públicos y jubilados. Eduardo Duhalde tomó la decisión de respetar el fallo y ordenó a sus ministros buscar una solución integral, evitando que cada trabajador o jubilado tenga que acudir a la Justicia a reclamar la restitución del dinero descontado. Sin embargo, se desató una dura pelea entre los ministerios de Economía y Trabajo contra la Jefatura de Gabinete por cuál debería ser la solución. El malestar en el Poder Ejecutivo se agiganta por las nuevas dificultades que surgieron para llegar a un acuerdo con el FMI, situación de la que atribuyen a la Corte buena parte de la responsabilidad. En concreto, sobre la devolución de los haberes todavía se está lejos de una definición. Una propuesta de Economía restringe la restitución a los jubilados que ganan entre 500 y 700 pesos, a partir de octubre. Los empleados públicos recién volverían a cobrar el salario completo en 2003.
Ayer hubo contactos informales entre las carteras que participan de la discusión. A pesar de la intención de resolver el tema cuanto antes, el esquema final recién se establecería la próxima semana. El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, recomendó que “no nos pongamos ansiosos con este tema, porque lleva tiempo arreglar lo que llevó un año desarreglarlo”. El primer destinatario de esa frase fue el gobierno de Fernando de la Rúa, pero también estuvo dirigida a los gremios estatales y a sus colegas de Economía y Trabajo, que quieren avanzar con una propuesta que no es justamente la que él impulsa.
Atanasof también disparó en dirección a la Corte, al afirmar que la Justicia “no ha hecho mucho hasta ahora frente a la gran cantidad de reclamos” que se plantearon por este tema, cuestionando la oportunidad que eligió el máximo tribunal para emitir su fallo, cuando el Gobierno estaba cerca de alcanzar un acuerdo con el FMI que hora parece lejano.
Los cálculos que hacen en Economía le permiten elevar a Eduardo Duhalde una propuesta poco seductora. Se trata de restablecer el 13 por ciento sólo a los jubilados que ganan entre 500 y 700 pesos a partir de octubre, es decir, con los haberes que se liquidan en noviembre. De acuerdo a la evolución de la recaudación y de las cuentas fiscales, de existir algún margen hacia fin de año, se elevará ese tope a los haberes de 1000 pesos.
El resto de los jubilados y los empleados públicos deberían resignarse a cobrar los sueldos completos recién a partir de enero de 2003. Economía ya le dijo al FMI que en el Presupuesto del próximo año incluirá partidas para que todos recuperen el 13 por ciento. En cuanto a la deuda generada por los meses en que se aplicó el descuento, Lavagna propone saldarla con bonos.
La cartera laboral presiona para que, aunque sea, se lleve el tope de la restitución a los jubilados hasta los 1000 pesos. La postura de Graciela Camaño es que el Gobierno debe evitarse pagar el costo político de miles de personas yendo a reclamar a tribunales. “Vamos a tener que pagar igual y vamos a pagar un costo político enorme”, sostiene la ministra frente a sus pares del gabinete. Sin embargo, acepta la explicación de Economía de que no se le puede restituir el 13 por ciento a todos, pero reclama que el pago sea lo más extensivo posible.
Por el contrario, Atanasof pretende que la solución sea global. Es decir, que alcance tanto a los jubilados como a los empleados públicos, así como a los trabajadores provinciales y municipales, en aquellos distritos que adhirieron a la medida. Aunque en estos últimos casos la Nación no tiene responsabilidad legal, Atanasof sostiene que el Gobierno carga con la responsabilidad política de no dejar librados a su suerte a los mandatarios del interior. Desde otros ámbitos del Gobierno lo acusan de querer presionar en favor de los trabajadores municipales, respondiendo a su origen sindical, y por ello boicotea la solución de Economía. El jefe de Gabinete se resiste a que sólo cobren los jubilados. Duhalde, por su parte, insistió en que se respetará el fallo, pero dejó en claro que “el Gobierno no tiene dinero para pagar el retroactivo”, por lo cual todo indica que esa deuda se cubrirá con títulos públicos.