ECONOMíA › APENAS 347,7 MILLONES DE PESOS SALIERON POR AMPAROS EN AGOSTO

Cuco que ya no debería asustar

 Por Claudio Zlotnik

Primero fue el Banco Central, luego el Fondo Monetario y, por último, los “notables” enviados por el organismo internacional. Cada uno de ellos insistió con lo mismo: frenar los amparos judiciales. El propio gobierno hizo gestiones ante la Corte Suprema para detener la fuga de dinero desde los bancos. Y el FMI puso a ese objetivo como una de las condiciones para rubricar el acuerdo con la Argentina. Sin embargo, los datos oficiales de agosto dejan en ridículo a esa titánica misión: los amparos acumularon apenas 347,7 millones de pesos, el 30 por ciento de lo efectivizado el mes anterior, cuando faltan contabilizar los datos del jueves y de ayer. En todo caso, el monto definitivo quedará lejísimo de los 1200 millones mensuales previstos por el programa monetario del Central.
En medio de la pelea entre Roberto Lavagna y Aldo Pignanelli, el tema de los amparos fue el único sobre el cual ambos contendientes se pusieron de acuerdo. En sintonía con el reclamo de Washington, los dos funcionarios dijeron públicamente que debía ponerse fin a los amparos. De otra manera, argumentaron, sobrevendría un golpe inflacionario. “Si la Corte no termina con los amparos, sería la primera vez que la Justicia decreta una hiperinflación”, advirtieron en distintas oportunidades los últimos dos presidentes del BCRA, Mario Blejer y Aldo Pignanelli. En vista de los datos del mes que se acaba hoy, tanto los funcionarios como el FMI parecieron enfrentarse más a un fantasma que a la realidad.
En varias oportunidades, Página/12 quiso saber la cantidad de amparos pendientes en la Justicia. Ese es el dato más relevante para prever el volumen de fugas del sistema bancario. Pero ni en Economía ni en el BCRA pudieron dar esa información. “Es imposible conocer las presentaciones que se tramitan en todos los juzgados”, se justificaron en repetidas oportunidades. Pese al desconocimiento, el tema de los amparos fue tomado con alarma por el Gobierno, los bancos y el Fondo Monetario. A tal punto que el mismo organismo que cuestiona a la Argentina por su aparente desorden jurídico y político –en relación con la devolución del 13 por ciento del recorte salarial a los agentes públicos y a los jubilados– propone elípticamente que el Ejecutivo acuerde con la Corte una salida por los amparos, lo que implicaría la injerencia de un poder sobre otro. La cuestión de los amparos fue abordado a ciegas y, de hecho, los datos conocidos de agosto dejan mal parados a los mismos que hasta ahora plantearon la situación como amparos=caos.
Con los 347,7 millones de pesos de este mes, el acumulado de amparos alcanza a 5881,5 millones en lo que va del año. Este mes fue el de menor volumen, contra los 1131 millones que salieron tanto en julio como en junio. Hasta ahora, el record lo tiene mayo: 1257 millones de pesos, según los datos oficiales del Banco Central. Ante una consulta de este diario, en la entidad monetaria no supieron decir si la fuerte contracción de este mes podría indicar una tendencia definitiva sobre los amparos.
En total, agosto registró 4554 casos de amparos exitosos. Y desde que comenzó 2002 ya acumulan 70.999. La mayor parte de los casos de este mes confirman la tendencia anterior: la mayor parte de los amparos corresponde a plazos fijos de entre 20 y 50 mil pesos.
Con respecto a los bancos que sufrieron mayor cantidad de amparos, en agosto también se confirmó la tendencia que venía del resto del año. En el “Top Diez” están listados siete bancos de origen extranjero, dos estatales y uno solo privado de capitales nacionales. Desde enero, el Banco Nación aparece como la entidad con la mayor cantidad de casos: 11.306 por un total de 1112,5 millones de pesos. Es decir, uno de cada cinco amparos se conformaron en ese banco público.
Frente a estos datos puede preverse la próxima pelea que se avecina entre el Gobierno con los bancos: quién pone los 3187 millones de pesos que se entregaron a los amparistas por la diferencia entre el dólar libre (que rigió para pagar los amparos) y el 1,40 peso por dólar con el cual el Gobierno pesificó los depósitos en dólares. Están en juego 873 millones de dólares.

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