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Después de la confirmación oficial por parte del FMI de que no habrá acuerdo con Argentina en el corto plazo, Roberto Lavagna jugó ayer la última carta que le queda en el mazo: solicitó una prórroga por un año del vencimiento por 2700 millones de dólares que debería pagar el Gobierno el 9 de setiembre próximo. Conseguir la postergación de esa cuota es la única forma de evitar el default con el organismo de crédito.
El ministro de Economía encabezó su nota al Fondo puntualizando que “deseo expresar la satisfacción del gobierno argentino por la comunicación que nos hiciera llegar la señora Anne Krueger el 24 de agosto, por la cual nos comunica que, atentos a los avances en nuestro diálogo, el staff está preparado para recomendar al Directorio la postergación por un año del pago” de ese vencimiento.
La “satisfacción” que menciona Lavagna no es más que una fórmula diplomática. En rigor, el ministro suponía que el acuerdo se firmaría a principios de este mes. En lugar de eso, se ve obligado a tomar la única oferta que le queda: patear los vencimientos. Por su parte, lo que el FMI presenta como una concesión tampoco lo es tanto: una cláusula del contrato del préstamo que ahora se refinanciaría permite la prórroga automática del vencimiento por un año. Lavagna agregó en la misma carta que envió ayer al Fondo: “Le agradezco que considere a la presente como el pedido formal de dicha prórroga”.
En cambio, el Banco Mundial y el BID tienen prohibido por estatuto cualquier postergación en los pagos. El Gobierno deberá resolver si cae en cesación de pagos con esos organismos o toma 2000 millones de dólares de las reservas para cumplir rigurosamente. Hasta ahora el Gobierno evitó extender el default a los organismos para “no quedar todavía más aislados del mundo”. Insistir con esa política le costará 2000 millones de dólares. En Economía aseguran que es posible desprenderse de esas reservas sin que corran riesgo la estabilidad del dólar y otras variables financieras.