Los bloques de la oposición (UCR, PRO, Coalición Cívica, Frejuli y algunos partidos provinciales) volvieron a criticar el proyecto oficial para la reestatización de Aerolíneas y Austral. En una conferencia de prensa, denunciaron que el método de valuación establecido en el acta-acuerdo (fondo de flujos futuros) inflaría el valor de las compañías y cuestionaron el “apuro” del oficialismo para tratar la reestatización este jueves. Sin embargo, todavía no tienen presentado –ni elaborado– ningún proyecto. “Queremos esperar a que el bloque K realice su dictamen y ver qué ofrecen realmente”, señalaron a PáginaI12 desde el radicalismo. En un intento por captar más voluntades, la oposición también se reunió con los gremios aeronáuticos afines a la iniciativa del Ejecutivo. Por su parte, el bloque SI, que conduce Eduardo Macaluse, sigue aguardando un diálogo con el kirchnerismo para ver si pueden acercar posiciones. De no llegar a un acuerdo, harán su propio dictamen.

“Vemos con preocupación que el bloque mayoritario haya decidido acelerar el tratamiento de su proyecto. Parecen más preocupados por asumir, afanosamente, una deuda de 890 millones de dólares que encontrar una solución al problema de Aerolíneas”, disparó Federico Pinedo (PRO). Si bien todavía no tienen redactado su proyecto, la oposición volvió a recalcar que solicitarán la creación de una nueva empresa estatal, libre de cualquier pasivo, que incorporarán a todo el personal de AA y Austral y que impulsarán la creación de una monoflota.

“Serán aviones más modernos, homogéneos y menos costosos que los actuales. Se puede conseguir tranquilamente naves con cuatro o cinco años de antigüedad para alquilar. Y si hay que capacitar a los pilotos, podríamos hacerlo en los tres o cuatro meses que demande la creación de la nueva compañía”, explicó Adrián Pérez (CC). Mientras tanto, AA seguiría volando.

La oposición sabe que no tiene el tiempo a su favor. Todavía no llegó a redactar el proyecto unificado y probablemente no lo haga hasta que no se venza el plazo para presentar su propio dictamen, o sea mañana por la mañana. En pos de buscar más voluntades, estuvieron reunidos ayer con los gremios aeronáuticos. “Nos llamaron para escucharnos, pero cuando estábamos hablando, no nos daban bola. Incluso varios se levantaron para ir a su conferencia de prensa. Obviamente el encuentro terminó en nada”, señaló Ricardo Frescia, titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes.

Los gremialistas, que más temprano habían anunciado la realización de una “campaña de boicot” contra empresas de capitales españoles, como Air Comet, Air Europa e Iberia, también estuvieron reunidos con el bloque del SI. “La actitud fue diferente, nos escucharon. Si bien tienen sus reparos con el proyecto oficial, se mostraron más propensos a encontrar consensos”, indicó Frescia.

El bloque del SI, que conduce Eduardo Macaluse, tenía en claro una cosa. “No votaremos detrás del radicalismo ni de la Coalición Cívica. Estamos de acuerdo con la participación del Estado, pero hay puntos dentro del proyecto del Ejecutivo que siguen siendo oscuros”, afirmó a PáginaI12 Carlos Raimundi.

Para acercar posiciones con el kirchnerismo, el SI quiere que el artículo 6 sea modificado (y no eliminado) para que quede establecido que el Estado tendrá una participación accionaria siempre mayor al 51 por ciento y que a la hora de la valuación de la empresa, también se tengan en cuenta las pérdidas acumuladas en los últimos años. De no llegar a un acercamiento, el SI votará un dictamen propio. Y para no quedar alineados con el radicalismo, “harían un uso político de la abstención”, señaló Raimundi.

Mientras cada bloque busca sumar más votos, el lobby empresario no se hace esperar. Ya están circulando por algunos despachos representantes comerciales de empresas que se dedican a la venta y alquiler de aviones. Tal fue el caso de un vendedor de la compañía californiana Associated Sales International, que estuvo reunido con el radical Rubén Lanceta. El legislador presentará en el seno de la Bicameral de Seguimiento de las Privatizadas –junto a Esteban Bullrich (PRO), Adolfo Rodríguez Saá (Frejuli) y Juan Carlos Marino (UCR)– la nulidad del Acta Acuerdo firmada entre el Ejecutivo y Marsans, por “carecer de basamentos legales”.