En el afán de evitar que las arcas públicas tengan que afrontar el millonario pasivo de Aerolíneas Argentinas, algunos legisladores evalúan involucrar al Estado español, responsable en última instancia de los desmanejos imputados a Marsans. Pero, tal como está planteada la situación hasta el momento, ese eventual respaldo sólo podría ser habilitado por una instancia política, que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no estaría dispuesto a explorar.

El Estado español ha tenido un papel protagónico en Aerolíneas Argentinas privatizada, incluyendo Austral como parte del grupo. El primer adjudicatario fue Iberia, compañía enteramente estatal que manejó la empresa hasta conducirla a su crisis de 2001. Entonces, un acuerdo entre los gobiernos de Argentina y de España propició el traspaso al grupo Marsans.

La administración de entonces, liderada por José María Aznar, tuvo competencia en la elección de ese grupo privado como su sucesor y, en virtud de ese convenio binacional, dispuso 758 millones de euros para ordenar la línea argentina. Lo hizo a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), holding del Estado español que Iberia integraba. De algún modo, España asumió su responsabilidad en el proceso que había llevado a AA a la convocatoria de acreedores.

El pacto entre SEPI y Marsans no es un acuerdo comercial convencional ni puede dejar totalmente afuera al Estado argentino, que hoy es un eventual damnificado porque ese compromiso no se cumplió. Tal como se analiza en tribunales españoles –y como los abogados del Ministerio de Planificación dejaron constancia en las impugnaciones a varios balances de Aerolíneas–, Marsans no utilizó aquel dinero estrictamente para los fines que lo recibió: cancelar la deuda concursal, pagar los compromisos generados entre julio y octubre del 2001 y ejecutar un plan de desarrollo, que suponía la renovación casi integral de flota.

En las discusiones parlamentarias, la idea de apuntar al Estado español fue sugerida por varios opositores, aunque sin hacer eje en este recurso, por ahora subordinado a la decisión principal de qué se hará con la dupla Aerolíneas-Austral y quién asumirá su deuda post concursal de 890 millones de dólares (750 si se le restan los pasajes por volar) que, según el plan oficialista, es competencia del Estado nacional. Pero la cuestión se está discutiendo en varios despachos, a los que fuentes extraparlamentarias también arriman ideas.

Si se considera que Air Comet-Marsans es “mandataria” de la SEPI, Argentina podría reclamarle a España por el no cumplimiento de ese mandato y, por consiguiente, exigirle que se haga cargo de aportar ahora los recursos que su sucesor en gran medida desvió, subrogando créditos concursales: los compró, se transformó en acreedor y luego capitalizó esas acreencias. De ese modo tiene acciones sin haber aportado fondos propios. Además, no ejecutó el plan de salvataje operativo prometido.

Aunque el propio gobierno argentino señaló esas faltas en los informes de sus asesorías jurídicas, probarlas ante la Justicia nunca sería un trámite expeditivo, pese a que el desvío de fondos ya fue considerado por varios organismos jurídicos madrileños. La vía más eficaz podría ser, entonces, la de un acuerdo político entre los gobiernos por el cual el gobierno español asuma como un déficit propio los desmanejos del grupo privado.

Exigir a la administración de José Luis Rodríguez Zapatero que se haga cargo de las consecuencias de un pacto celebrado por una gestión opositora se presenta complicado. Existe en ese sentido un antecedente negativo. Con el acuerdo con Marsans bajo la lupa de la Justicia madrileña, la SEPI ya negó a la conducción de Antonio Mata los fondos pedidos en función de una cláusula adicional, por la cual el Estado español puede aportar hasta 240 millones de euros por “pasivos contingentes”. La privatizada estaba en un momento difícil e invocó ese punto. Pero la negativa fue rotunda.

Esos eventuales recursos serían reservados para las millonarias indemnizaciones que tendrá que enfrentar Aerolíneas por varias demandas en trámite, incluyendo las de los familiares de la azafata de Austral o de los fallecidos en el accidente de Fray Bentos.