En el juicio contra el sacerdote católico Julio César Grassi, que comenzó ayer, la sala de audiencia fue inaccesible para la prensa. A manera de compensación, la vereda de los tribunales de Morón, sobre la calle Brown 1045, se convirtió en un virtual recinto de debate al aire libre, por donde pasaron todas las partes, con la única excepción de los jueces. El que abrió el fuego fue el propio imputado. El cura llegó antes de las 9, hora de inicio de la sesión, y cuando muchos esperaban que ingresara de incógnito, escondido en un auto, optó por recorrer a pie el trayecto final hacia la entrada al edificio. “Soy inocente y lo voy a demostrar con pruebas. Esta fue una causa armada por Telenoche Investiga. La periodista Miriam Lewin inventó pruebas. Ahora quiero que se haga el juicio para lograr la absolución y después la paz.” Como una mosca que va hacia la telaraña, el cura se dejó envolver por la maraña de cables, cámaras y periodistas. Grassi, cuyos defensores plantearon ayer la nulidad del juicio por octava vez –las otras siete fracasaron y el mismo camino seguiría este nuevo intento–, le achacó todo a la prensa y pareció ignorar que está procesado, por la Justicia y no por los medios, por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores contra tres jóvenes que eran todavía niños cuando ocurrieron los hechos.

El discurso de Grassi –desde hace tres días viene reiterando planteos similares– fue rechazado por el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, y por uno de los abogados querellantes, Juan Pablo Gallego, quien representa en el juicio al Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño. Ayer, en el inicio del debate, sin presencia de público ni de periodistas, los fiscales Alejandro Varela y Carolina Rodríguez y los querellantes, Gallego, Sergio Piris y Jorge Calcagno, expusieron los lineamientos de sus respectivas acusaciones. Cuando les llegó el turno a los defensores de Grassi, Martín Tipito, Daniel Cabo y Ricardo Malvicini, en lugar de oponer argumentos, resolvieron insistir en plantear la nulidad del juicio por supuesta violación del artículo 18 de la Constitución nacional, que garantiza el derecho a la defensa en juicio. Ante eso, los miembros del Tribunal Oral Nº1 de Morón resolvieron levantar la sesión hasta hoy a las 12, cuando fijarán posición ante el pedido. Todo hace pensar que será rechazado por improcedente (ver aparte).

“Soy inocente y lo voy a demostrar con pruebas. Creo que la Justicia está encarnada en hombres y los hombres pueden fallar. En esta causa no se me respetó ningún tipo de derecho, se realizaron declaraciones fuera de jurisdicción. Voy a presentar pruebas, muchas pruebas, para demostrar que he sido víctima de una gran mentira”, sostuvo Grassi en su largo alegato ante los periodistas, que están inhabilitados para entrar a la sala de audiencias. El fiscal general Nieva Woodgate sostuvo que no le sorprendía la insistencia de la defensa de Grassi. “Durante casi cuatro años (en la etapa de instrucción) estuvieron planteando y replanteando el tema absurdo del juicio por jurados y llevaron el tema dos veces a la Suprema Corte” bonaerense, recordó el titular del ministerio público, quien negó que durante el proceso se hayan violentado los derechos de Grassi.

“La causa se llevó adelante con todas las garantías, incluso con más garantías de las que la ley le otorga a cualquier imputado. Cualquier ciudadano, en la misma situación que Grassi, hubiera estado con una detención efectiva”, señaló Nieva Woodgate ante los periodistas. La investigación en la que está involucrado Grassi comenzó en el año 2000, a partir de una denuncia anónima por supuesto abuso sexual, y tomó estado público en octubre de 2002, cuando salió al aire la edición especial de Telenoche Investiga. El 21 de noviembre de 2002, la jueza de instrucción Mónica López Osornio procesó a Grassi por abuso sexual y corrupción, pero le otorgó una detención morigerada, que le impedía tomar contacto con los chicos alojados en la Fundación Felices los Niños, en Hurlingham, donde habrían ocurrido los 17 hechos que se investigan, en contra de los jóvenes identificados como “Gabriel”, “Ezequiel” y Luis.

Respecto de las declaraciones de Grassi en el sentido de que la causa fue “armada”, Nieva Woodgate respondió: “Si por armada se entiende que existen elementos falsos, eso no es cierto”. El abogado querellante Juan Pablo Gallego criticó el pedido de la defensa que obligó a pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a las 12. “Grassi siempre se ha encargado de dilatar las cosas. Con éste ya presentó ocho pedidos de nulidades, todos los cuales fueron rechazados, incluso por la Suprema Corte provincial. Ahora tenemos un juicio sin público ni prensa y, en ese caso, el único favorecido es Grassi, quien quería evitar que lo vieran sentado en el banquillo de los acusados”, aseguró Gallego. Para el querellante, el cura “actúa como si fuera un testigo. El acusa públicamente a otras personas y dice que la prensa le armó la causa, pero nosotros queremos discutir sobre los hechos ocurridos y sobre los cuales Grassi no se hace cargo aunque hay una sinfín de pruebas en su contra”.

Cuando se le preguntó a Grassi por la prohibición al ingreso del público y de la prensa a la sala de audiencias, el imputado respondió que él quería “que el juicio fuera televisado, que hubiera registro fílmico, pero eso fue rechazado por el tribunal”. El querellante Gallego, por su parte, dijo que el sacerdote se refería “no a la presencia de la prensa en el debate, sino a un pedido que hizo la defensa y que fue desestimado por el tribunal, para que ellos tuvieran dos cámaras propias filmando todo lo que ocurre en el recinto. Lo querían utilizar como si fuera el telebean. El quería filmar cada minuto para después hacer denuncias en contra de las víctimas y testigos. Lo que nosotros pusimos en discusión es otra cosa: que la prensa pueda estar presente en el debate”. Finalmente, los registros fílmicos fueron autorizados, pero estarán a cargo de personal del Tribunal Oral Nº 1, como ocurre en otros juicios.

Grassi fue aplaudido, cuando entraba a los tribunales, por un grupo de unas quince personas, en su mayoría mujeres que llevaban un rosario blanco en sus manos. Los manifestantes, pocos pero ruidosos, colgaron un cartel de las rejas de la entrada que decía: “No cometan el error de encerrar a un inocente. Justicia para Grassi”. Diego Martínez, que dijo ser docente de la Fundación Felices los Niños, fue el vocero de los fans: “No hay ninguna prueba contra el padre. La pericia de la que se habla (se refiere a la realizada en El Calafate) no arroja ningún resultado que perjudique a Grassi”. Cuando PáginaI12 le dijo que esa pericia determinó que el cura tiene el perfil de un “delincuente sexual”, Martínez mantuvo su negativa.

–Si tu padre fuera un abusador sexual, ¿vos lo defenderías? –preguntó el seguidor de Grassi.

–Mi padre nunca fue denunciado, pero si lo hubiera sido, tal vez lo seguiría queriendo, por ser mi padre, pero no lo defendería si es cierto lo que hizo –contestó este diario.

–Grassi es nuestro padre y lo seguiremos defendiendo –concluyó Martínez.