El Gobierno y el conglomerado de partidos de la oposición que integran el peronismo federal, la UCR, el socialismo y la Coalición Cívica empezaron a pulsear en el Congreso por un proyecto de ley que involucra el presupuesto de la Anses. Se trata de dos iniciativas que respaldan esas fuerzas políticas –una fue elaborada por el socialista Rubén Giustiniani y la otra por la senadora Adriana Bortolozzi, en proceso de separación del Frente para la Victoria– que apuntan a derogar la transferencia del 15 por ciento de los recursos coparticipables desde las provincias al organismo de la seguridad social. Su argumento es que esa concesión a la Anses fue realizada para compensar al Estado nacional cuando se crearon las AFJP. Desde que se eliminaron las administradoras privadas, afirman, corresponde que los recursos vuelvan a los distritos provinciales.

El titular de la Anses, Diego Bo-ssio, estuvo en el Senado hace dos semanas para dar explicaciones de por qué esa ley ocasionaría un grave perjuicio al sistema previsional, que se viene recuperando a paso firme desde el estado de devastación en que quedó después de la convertibilidad. El funcionario presentó datos que reflejan qué pasaría con el presupuesto del organismo si el proyecto prosperara.

En 2009, la Anses tuvo un superávit de 3809 millones de pesos, con ingresos por 107.530 millones de pesos y gastos por 103.721 millones. Sin embargo, si hubiera dejado de percibir el 15 por ciento de recursos coparticipables, el resultado habría sido negativo en 14.432 millones de pesos. Lo mismo hubiese pasado los tres años anteriores, con un rojo de 10.999 millones de pesos en 2008 –contra un superávit de 5764 millones–, un desbalance de 4943 millones en 2007 –frente a un excedente de 8439 millones– y un quebranto de 4387 millones en 2006 –en comparación con un superávit de 5717 millones–. Como se ve, en números absolutos el problema se acrecienta con los años, debido a que el monto de ingresos y gastos de la Anses viene en ascenso.

En el caso de 2009, si el organismo hubiera resignado ese dinero –18.241 millones de pesos– tendría que haber hecho recortes varios. Esa partida equivale a 1,2 millón de jubilaciones mínimas durante un año o al pago de un año al 56 por ciento de las personas beneficiadas por la moratoria.