La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto para autorizar al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a presentar al gobierno nacional como querellante en la causa contra la Asamblea de Gualeguaychú por el corte del puente internacional. Da Rocha había viajado el miércoles al juzgado federal de Concepción del Uruguay para formalizar la denuncia con la que el Gobierno judicializará la protesta, pero el juez subrogante Gustavo Pimentel planteó que faltaba un decreto que habilitara legalmente al funcionario.

Ayer, tras dar forma al texto del decreto, el ministro de Justicia, Julio Alak, volvió a reclamar a la Asamblea que levante el bloqueo. “La cuestión está terminada jurídicamente. No se puede permanecer cortando más el puente a partir del fallo de la Corte Internacional de La Haya”, sostuvo. Además, advirtió que “la no aceptación de liberación del puente está generando la imposibilidad del control ambiental”.

“Uruguay nos está diciendo: ‘No podemos permitir que vengan a controlar nuestros territorios, nuestras plantas fabriles y nuestros ríos, mientras ustedes están en alzamiento contra una resolución internacional. Liberen el puente y conformemos la comisión para hacer los controles’. ”

El monitoreo conjunto de la planta de Botnia-UPM está en realidad ordenado por el fallo de la Corte de La Haya, que Argentina y Uruguay se comprometieron a cumplir. En su párrafo 281, el tribunal internacional dijo: “La Corte puntualiza que el Estatuto de 1975 (Estatuto del Río Uruguay) pone a las partes bajo un deber de cooperar entre ellas, en los términos establecidos allí, para asegurar el cumplimiento de su objeto y fin. La obligación de cooperar trae aparejado el monitoreo continuo de un establecimiento industrial como la planta Orion (Botnia)”.

Por eso, los presidentes Mujica y Cristina Kirchner firmaron en el encuentro que realizaron en la Estancia Anchorena una declaración en la que anunciaron su acuerdo para realizar, “en cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia”, “un plan de vigilancia para la planta de Botnia-UPM” y “un plan de control de la contaminación del río Uruguay”.

Es decir que Uruguay está obligado por La Haya a avanzar en el monitoreo. Pero viene poniéndole trabas, se supone que para presionar por el levantamiento del corte. En la última reunión de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo que debe acordar cómo se realizará el plan de vigilancia, los representantes uruguayos rechazaron todos los puntos de la propuesta de vigilancia presentada por la Argentina. La gran duda –manifestada incluso por algunos funcionarios del Gobierno– es si la razón de este rechazo es solamente el corte o si el Uruguay tiene la decisión de fondo de impedir que los técnicos de la CARU ingresen a la planta papelera –la mayor inversión en la historia del país vecino– para controlarla. Ocurre que Botnia-UPM está blindada por un tratado de protección recíproca de las inversiones firmado en 2002 entre Finlandia y Uruguay, como condición para que Botnia se instalara, un convenio que se hizo habitual en la región a partir de los ’90 (la Argentina también los tiene) para blindar las inversiones de las empresas transnacionales en los países periféricos.

El corte fue instalado de manera permanente en noviembre de 2006, después de que el Banco Mundial aprobó el último tramo del crédito para terminar la construcción de Botnia, y desde entonces fue mantenido durante tres años y siete meses por los vecinos, a pesar de que la medida resultó ineficaz para frenar la instalación de la planta, que sólo interrumpió su producción brevemente en una oportunidad, no por la protesta social, sino por efectos de la crisis financiera global, que bajó el consumo de papel en el primer mundo. La compañía tampoco se había desviado de sus planes cuando los entonces presidentes Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner pidieron que frenara su construcción por 90 días para realizar un estudio de impacto ambiental. Este es el marco que mete a los ambientalistas en la difícil situación de sostener una medida que incluso a ellos les resulta poco eficaz.