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Por Claudio Lozano *

El Presupuesto enviado por el Gobierno al Congreso Nacional es coherente con la estrategia adoptada por el oficialismo, de transformar la salida de la convertibilidad en una nueva y descomunal transferencia de ingresos desde el conjunto de la población hacia aquellos grupos empresarios con inserción exportadora y fuertes activos financieros en el exterior.
Esto se expresa tanto en el carácter que adopta la presión impositiva como en el tratamiento de los gastos. En el primero de los casos se acentúa la regresividad vigente al plantear un incremento del impuesto a los combustibles y al rebajar, luego de la devaluación, la presión del IVA sobre la venta de granos. En el segundo de los casos, el ajuste explicitado en el presupuesto asciende a 3179 millones de pesos, lo que supone menores transferencias a las provincias (2000 millones) y reducción expresa sobre el gasto de la Administración Nacional. Mas aún, el ítem consignado como “reducción por programación presupuestaria” incluye una rebaja en la masa total de remuneraciones que supera el recorte del 13 por ciento y que contempla un descenso adicional del 11 por ciento. Descenso que puede implicar tanto una nueva rebaja de salarios, como el despido de personal o la eliminación del aguinaldo y que es independiente incluso de otros recortes previstos como por ejemplo la eliminación del Fondo de Incentivo Docente.
Lo expuesto indica que el Gobierno ha renunciado a transformar la política fiscal y presupuestaria en un instrumento que intervenga en el ciclo depresivo que observa la economía argentina para frenarlo e inducir la expansión de la demanda interna. Lejos de ello, transforma al Presupuesto en un mecanismo de propagación y profundización de la recesión. Esta decisión supone además convertir en imposible, dada la situación de colapso y depresión que exhibe la economía local, la propia presentación presupuestaria.
No hay modo de establecer con seriedad cuál será la verdadera caída de la actividad y por lo tanto de la recaudación. En este sentido, el Presupuesto se transforma en un dibujo absolutamente trucho a punto tal que en las actuales discusiones con el FMI, la previsión respecto de la caída de la actividad no es ya del 4,9 por ciento sino del 8,4 por ciento. Cifra ésta más razonable ya que, para superar el arrastre que en materia de caída implica el año 2001, la economía argentina debería crecer al 10 por ciento anual durante el último semestre del año para sólo caer un 4 por ciento. Ciertamente, sin demanda en el mercado local por efecto de la contracción y pauperización de los ingresos, así como por la confiscación de riqueza operada sobre los ahorristas y dado el escaso arrastre que en términos de empleo tiene el sector exportador argentino, esto resulta absolutamente imposible.
Una estimación razonable del comportamiento de la recaudación (acorde con lo que ya se observó en enero y compatible con el descenso de la actividad consignado) implicaría 5000 millones de pesos menos de recaudación y elevaría en esa misma cifra el déficit esperable. Situación que indica que el ajuste presentado es sólo de mínima, debería ser mayor (por lo tanto impracticable), y de no aplicarse, en este diseño de política económica terminaría agudizando un proceso de aceleración inflacionaria.
En suma, de un modo u otro, se licuarían los ingresos de la población profundizando la desigualdad y agravando el cuadro de tensión social. En este marco, desde la CTA y desde el Frenapo sostenemos que la única reactivación compatible con el incremento del empleo y la expansión de los recursos fiscales que podría permitirnos comenzar a salir de la lógica del ajuste perpetuo, es aquella que privilegie la aplicación de un shock distributivo que, por vía de invertir en los niños, los desocupados y los ancianos nos permita expandir el consumo popular. Esto es factible si serevisa el régimen privado de fondos de pensión (reapropiando los 4300 millones), si se unifica el gasto social (no menos de 1000 millones), si se reformula el esquema tributario eliminando las exenciones sobre ganancias (3000 millones) y estableciendo una contribución de emergencia sobre las firmas y bancos que han obtenido rentas extraordinarias en la última década (2800 millones de dólares), si se restituyen las contribuciones patronales a la previsión, y si se computa a favor de este objetivo la expansión de recaudación asociada al mayor consumo de los 15 millones que hoy se encuentran bajo la línea de pobreza.
La estrategia presupuestaria planteada es absolutamente viable pero impracticable en el marco de la presente política económica. Promoverla exige un control estricto del mercado de cambios, uso óptimo del bajo volumen de reservas disponible, declaración de la divisa como bien de utilidad pública, fijación del tipo de cambio, efectiva desdolarización de la economía, reorganización del sistema financiero bajo el criterio de servicio público y revisión absoluta de la apertura comercial y financiera de la economía argentina.
Como es obvio, el replanteo presupuestario que impone el shock distributivo requiere de otra política económica y supone, por cierto, otra opción política. Opción por la igualdad, la justicia y la democracia, que hoy recorre las calles de la Argentina y que es deber del Parlamento respetar y defender corrigiendo el rumbo adoptado por el Ejecutivo. De no hacerlo, de no registrar la compleja y delicada situación social que atraviesa el país, se pondría en riesgo el futuro de la República.

* Director del Instituto Estudios CTA