La petrolera YPF emitió ayer un comunicado donde recordó que, pese a estar controlada por el Estado, sigue siendo una sociedad anónima y debe cumplir con las obligaciones que surgen de la Ley de Sociedades Comerciales y de los reguladores y accionistas. De este modo, la firma conducida por Miguel Galuccio justificó las cláusulas confidenciales que incluye el acuerdo con Chevron. La aclaración llega luego de que la jueza federal Liliana Heiland le solicitara a la compañía a través de un oficio que le entregue una copia del contrato firmado con la multinacional estadounidense. Ese pedido fue consecuencia de una demanda iniciada por un grupo de accionistas de Repsol, nucleados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas.

YPF se negó a darle esa información a la Justicia, pero como el tema adquirió notoriedad pública decidió también emitir un comunicado donde se limitó a justificar su decisión con un argumento legal. En el texto recuerda que, al ser una sociedad anónima, no le es aplicable “legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”. No obstante, recordó que luego de firmar el acuerdo con Chevron dio a conocer los principales detalles del contrato, que prevé una inversión de 1240 millones de dólares en una primera etapa. Más allá de lo legal, la decisión de mantener en reserva algunas cláusulas obedece a una decisión estratégica de la compañía. La petrolera que conduce Galuccio no quiere que la competencia o incluso firmas con las cuales podría asociarse en el futuro tengan acceso a información confidencial que podrían eventualmente hacer valer en contra de la propia YPF en el futuro.