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La causa que investiga la conformación de una asociación ilícita para vender soja en negro está centrada, por el momento, en dilucidar el rol que cada uno de los imputados ocupó en la cadena de comercialización ilegal. Es decir, la lupa judicial está puesta sobre las empresas apócrifas que ingresaban la soja al mercado, en asociación con los acopios y las compañías de corretaje, encargadas de blanquear la operatoria, según la investigación de la Fiscalía Federal de Villa María. Sin embargo, desde el primer momento de la investigación, tanto la fiscalía como la AFIP entendieron que la maniobra debía concluir sí o sí en la exportación de los granos. A través de toda la documentación analizada, los investigadores determinaron en reiteradas oportunidades los vínculos directos de las empresas apócrifas (APOC) con las exportadoras Vicentin y Bunge y, en menor medida, también sobresalen los vínculos con Cargill, Molinos Ríos de la Plata y LDC Argentina.

“La operación evasiva se concreta mediante la compra en negro del cereal por parte de un acopiador, para con posterioridad proceder a vender el grano a las exportadoras o a la industria por intermedio de un corredor, momento en el que se emiten las respectivas liquidaciones de compra a nombre de sujetos muchas veces insolventes. En consecuencia, se concluye que el exportador, con posterioridad a solicitar el recupero del IVA por las operaciones de exportación (consigue que), el organismo recaudador le devuelva un crédito fiscal del cual una parte no ha sido ingresado al fisco”. Así lo expresaron, en varias oportunidades, tanto la fiscalía como la AFIP, a través de Antonio Ramón Panza, jefe de la división jurídica de Río Cuarto.

En los distintos allanamientos realizados en los domicilios de los imputados, fueron encontrados archivos de computadora con información de las facturas pendientes de cobro entre varias de las empresas apócrifas y las exportadoras Bunge y Vicentin. Incluso, de las escuchas telefónicas surgieron los vínculos directos entre estos eslabones de la cadena.

“Una empresa APOC compraba determinada cantidad de soja en forma ilegal, y el único soporte documental eran las personas físicas o jurídicas falsas, que forman parte de la asociación ilícita. Lo único verdadero era cuando ese grano llegaba a los exportadores. Es decir, éstos no podían desconocer la maniobra. Por eso la frutilla del postre de toda esta operatoria era cuando las exportadoras reclamaban a la AFIP el reintegro del IVA que nunca ingresó al fisco”, explicó a este diario la fiscal Virginia Miguel Carmona.

Según la fiscalía y la Procelac, para poder determinar algún grado de responsabilidad penal de las exportadoras es necesario encontrar los vínculos directos entre las empresas fantasmas y estas cerealeras. Es decir, algún dato que indique que les compraban el grano a las empresas apócrifas. Las exportadoras tienen por mecánica conocer todos los eslabones de su cadena de comercialización, sin dejar nada librado al azar. Este diario accedió a un documento que Molinos Río de la Plata les hace firmar a sus proveedores, por el que se comprometen a ofrecer granos legalmente registrados. Esto se replica en las distintas exportadoras. Sobre la base de esta información, para los investigadores es poco probable que las exportadoras no conocieran el origen ilegítimo de los granos.

Vínculos directos

De las computadoras allanadas en el domicilio de FG Cereales surgen datos concretos de los contratos directos entre esta compañía y Bunge. Por ejemplo, entre el 22 de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre del mismo año, existen registros de cartas de porte y facturas diarias a cobrar con importes que iban desde los 86 mil pesos o dólares (no está identificado) hasta operaciones por 373 mil pesos o dólares. En total, Bunge aparece en 18 operaciones con las distintas empresas APOC denunciadas por la fiscalía de Villa María.

Este tipo de operaciones se repite hasta 2012, donde también aparecen datos de operaciones de FG Cereales, de manera directa o a través de corredoras, con Vicentin (14 operaciones), Molinos (2) y Noble (2). Tal como sostuvieron los investigadores, en una primera instancia las empresas apócrifas les vendían la “soja blue” a los exportadores de manera directa. Pero cuando se dieron cuenta de que la maniobra resultaba “burda”, incluyeron en la operatoria otras empresas, registradas como acopiadoras y de corretaje, para cumplir el rol de “blanqueadoras” de los granos. Ahí es cuando aparecen en la operatoria la corredora Compañía Agraria SA y Luis Farías e Hijos, luego Cercal SRL.

La empresa Compañía Agraria SA (antes era una SRL) está integrada por Carlos Ubaldo Cuello, Diego Alberto Cuello y Gonzalo Alejandro Menéndez. El mencionado Diego Alberto era socio de Fernando Luis Cuello en la empresa Fernando Cuello Cereales SRL y, a su vez, tenía una participación accionaria en otra compañía –Guayacán SRL– junto a Luis Salvador Farías (Cercal SRL) dedicada a la venta de combustible en Santiago del Estero.

En una de las computadoras de los domicilios allanados había una carpeta con el nombre Algeciras. Dentro de ella, el archivo Excel con el membrete “Cobranzas Vicentin”. Entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2012, Algeciras registró pagos pendientes de Vicentin por 67,8 millones de pesos.

Según el estudio que realizó la Procelac, la sistematicidad de las operaciones con Vicentin era la siguiente: de la empresa apócrifa Algeciras se procedía a blanquear el grano a través de la Compañía Agraria SA. Y de esta última empresa salían los granos hacia la exportadora. Todas las operaciones vinculadas a Vicentin tuvieron la participación de la corredora mencionada. En total, hay registradas 59 operaciones entre las empresas APOC, Compañía Agraria SA y Vicentin.

Soja sobre ruedas

Si bien la principal hipótesis de la causa es que la maniobra de evasión requería de la exportación del grano para cerrar el círculo, también surge de la documentación analizada por los investigadores que la “liquidez” de la evasión se daba a partir de la venta de la soja por los transportistas de las empresas imputadas. Es decir, del análisis realizado por la Procelac surgió que muchos destinatarios finales de la soja eran transportistas. Por ejemplo, la empresa Corretaje Group, vinculada con Cuello, terminaba facturando la soja a transportistas, a través de la corredora Luis Farías e Hijos (luego Cercal SRL). Entre ambas empresas fueron registradas por la Procelac más de 130 operaciones. ¿Dónde terminó ese grano? La hipótesis de los investigadores es que pudo venderse a “pie de camión” en otros acopios o silos, o que salió del país vía contrabando.

De toda esta maniobra surge otro destinatario final del grano, el propio Luis Farías, ex ministro de Agricultura de Angeloz. Página/12 accedió a los registros de las facturas entre la empresa apócrifa Produc TAN SRL, integrada por el concejal Néstor Rubén Beltrame, y Cercal SRL. Por día, se emitían varias facturas que movían entre 100 mil y 400 mil pesos. El destinatario final del grano era Farías. Según la documentación analizada por los investigadores, en 2010 hubo registros de facturas entre ambas por más de 45 millones de pesos.