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El proyecto de ley de Normalización de los Servicios de la Deuda Pública ingresó finalmente ayer al Congreso. La discusión en el plenario de comisiones del Congreso se realizó sin contar con el texto del proyecto (ver aparte). La norma, a la que accedió Página/12, se compone de 511 folios, en los que se encuentra un racconto del litigio con los fondos buitre, el articulado de las modificaciones requeridas por el gobierno de Mauricio Macri para avanzar en el pago de la demanda buitre y los anexos con los acuerdos alcanzados hasta el momento. El proyecto consta de 17 artículos en los que se inscriben todas las leyes, decretos y demás normativas que deben ser derogadas y modificadas para avanzar en el pago de los buitres y en las condiciones para el endeudamiento del país para afrontar esos compromisos. El texto reconoce una deuda de 20.000 millones de dólares en litigio de parte de bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda.

El primer artículo del proyecto del Poder Ejecutivo deroga la Ley 26.017, que se conoce como Cerrojo, que impide el ingreso de nuevos bonistas al canje luego de finalizada la operación e impide su reapertura, y la de Pago Soberano (26.547), que suspendía la vigencia de la anterior a los efectos de permitir la reapertura del canje por única vez. También deroga la Ley 26.886, que establece que las condiciones que ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda. Este punto es el que abriría la puerta a que los bonistas que aceptaron la quita de 67 por ciento del canje accionen legalmente para cobrar la diferencia. Por último, se modifica los artículos 13 a 15 de la Ley 26.984, de Pago Soberano, como así también toda otra ley, decreto o norma que sea contraria o incompatible con las disposiciones del proyecto de ley.

En los siguientes dos artículos se faculta el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a llevar a cabo enmiendas y actos administrativos necesarios para “normalizar la deuda” y ratifica los acuerdos alcanzados en los dos canjes. En el cuarto apartado se autoriza a ofrecer “un pago equivalente al monto de capital adeudado de sus títulos con más un 50 por ciento de dicho monto de capital (Oferta Base)”, y deja claro que “en ningún caso, el monto a pagar podrá ser superior al monto reconocido por cualquier sentencia dictada con relación a dichos títulos más la actualización legal correspondiente a la aplicación de intereses judiciales al 31 de enero de 2016”. Para los que tengan fallo firme por la cláusula de pari passu, la oferta es de un 70 por ciento de la sentencia monetaria.

Los fondos buitre pasan a ser designados como “tenedores de Títulos Públicos Elegibles que hubieren iniciado reclamos ante la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de América, agrupados en una acción de clase”, y se autoriza al Gobierno a “acordar una suma adicional para solventar los gastos administrativos necesarios” de estos grupos carroñeros. Se establece que la oferta se pagará en efectivo y se instrumentará mediante la firma de acuerdos de cancelación de deuda.

El artículo seis solicita autorización para la emisión de bonos del Tesoro de la Nación y/o la contratación de otras operaciones de empréstito público por el valor nominal para cumplir con los pagos requeridos. Los buitres que ingresen a la operación deberán renunciar a todos los derechos legales. En el artículo ocho se autoriza a Hacienda a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Por último, se regulariza la situación con el Bank of New York Mellon como agente fiduciario, al que se le había quitado la licencia por no cumplir con el pago a los tenedores de bonos reestructurados por presión del juez Griesa. Hasta tanto no se normalice la situación del BoNY, se realizará la transferencia de los pagos mediante Nación Fideicomiso.