Desde Río de Janeiro

Poco antes de las siete de la mañana de ayer la Policía Federal se presentó en el departamento donde reside el ex presidente Lula da Silva, en San Bernardo, cordón industrial de San Pablo. Poco antes la escolta a que Lula tiene derecho como ex mandatario había llegado al local y lo advirtió de la presencia de la policía judicial. El mismo Lula abrió la puerta.

Cumpliendo órdenes del juez de primera instancia Sergio Moro, la Policía Federal condujo a Lula da Silva hasta el aeropuerto metropolitano de San Pablo. En la sala reservada a las autoridades –una gentileza concedida a la figura política de mayor relieve en Brasil– Lula prestó declaraciones a lo largo de casi cuatro horas. En más de una ocasión se irritó con las preguntas de los comisarios de la Policía Federal. Se irritó, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre botellas –algunas, de vino importado– encontradas en la casa de campo que el ex presidente frecuenta los fines de semana. También sobre los dos barquitos que su esposa compró para los nietos de la pareja. “¿Es que no tienen nada más importante para hacer que preguntarme estupideces?”, espetó Lula da Silva a sus interrogadores. Un abogado que acompañó el interrogatorio contó que Lula contestó a todas las preguntas sin titubear un solo instante.

La noticia de que el ex presidente fue blanco de una orden de ser llevado por la fuerza pública a prestar testimonio tuvo inmenso impacto en todo el país.

Por la tarde, Lula y la presidenta Dilma Rousseff manifestaron su “indignación” por la medida adoptada por el juez Sergio Moro. “Me sentí como un prisionero esta mañana” dijo Lula. “Si querían escucharme sólo tenían que llamarme porque no debo y no temo.” A su vez, Dilma expresó su “plena disconformidad” por el operativo policial en un mensaje televisado que dio desde el palacio presidencial flanqueada por sus ministros. “Manifiesto mi plena disconformidad con el hecho de que un ex presidente de la república, que muchas veces compareció voluntariamente para ofrecer aclaraciones ante las autoridades competentes, sea ahora sometido a un innecesario traslado coercitivo para dar testimonio,” se quejó la mandataria.

También Marco Aurelio Mello, integrante del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la Justicia en Brasil, criticó, por abusiva, la medida determinada por el responsable por la Operación Lavadero de Autos, que investiga el esquema de corrupción instalado en la estatal Petrobras. Figura prominente del principal partido de oposición, el socialdemócrata PSDB, José Gregori, ministro de Justicia y luego de Derechos Humanos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, denunció lo que considera un “evidente abuso” practicado por el juez de provincia. El economista Luis Carlos Bresser-Pereira, uno de los fundadores del PSDB, fue más contundente aún, al afirmar que “ya es hora de que el Supremo Tribunal Federal intervenga en la Operación Lavadero de Autos, para impedir que sigan ocurriendo abusos de poder como prisiones temporarias perpetuas o la conducción coercitiva de un ex presidente que ni siquiera había sido convocado a declarar”.

Por la tarde, Lula da Silva se manifestó de manera contundente. “No era necesario que Moro mandase gente a mi casa, a las de mis hijos y de mis compañeros de militancia”, dijo con aire indignado, recordando que solamente este año ya había comparecido en tres ocasiones para prestar declaraciones. “Ha sido un gesto de arrogancia, de prepotencia”, agregó.

Lula insistió, una vez más, en recordar que ha sido en sus dos gobiernos (2003-2010) que se concedió, como nunca antes, autonomía a la Policía Federal e independencia el Ministerio Público. “Lo hicimos”, dijo, “porque creemos en la democracia. Moro, no. Mucho antes de Moro, yo ya era un demócrata. Mientras él no hacía nada, nosotros luchábamos para devolver la democracia al país”.

El ex presidente, luego de declararse indignado por la humillación enfrentada, avanzó sobre el esquema armado entre Policía Federal, el tribunal de Moro y los grandes medios de comunicación. “A las siete de la mañana, cuando mis abogados no sabían de nada, y yo menos, algunos medios ya anunciaban el operativo”, aseguró.

Los argumentos de la Policía Federal y del Ministerio Público que integran la Operación Lavadero de Autos para solicitar la comparencia por la fuerza pública de Lula, prontamente acatados por el juez Moro, se refieren, de manera vaga y amplia, a las contribuciones de grandes empresas al Instituto Lula. Además, se insinúa que las charlas que dio Lula en Brasil y otros países eran un disfraz para pasarle dinero de coimas cobradas en la Petrobras. También se acusa a Lula de haber ocultado patrimonio, en especial un departamento en el decadente balneario de Guarujá, y una quinta a hora y media de San Pablo. La transferencia de los dos inmuebles sería una manera disfrazada de pagarle coimas a Lula.

El ex mandatario ya aseguró reiteradamente que no es dueño del departamento en la playa ni de la quinta, que pertenece a un antiguo compañero de militancia, su amigo desde hace más de 40 años.

Lula da Silva contó que, en sus charlas en el exterior, por las cuales cobraba hasta 200 mil dólares –“está todo en mi declaración al fisco”–, las preguntas de la asistencia se referían siempre a los logros sociales alcanzados por Brasil a partir de su llegada al gobierno. “¿Por qué Bill Clinton puede venir a Brasil, como vino hace poquito, y hablar en la Confederación Nacional de la Industria y cobrar un millón de dólares, y yo no puedo contar a amigos africanos o latinoamericanos cómo hicimos para disminuir la miseria en este país de injusticias eternas?”.

Lula anunció que está listo para recorrer el país defendiendo su historia y la historia del Partido de los Trabajadores (PT). “Quisieron matar a la yarará, pero en lugar de golpearla en la cabeza golpearon la cola. Y la yarará está viva y lista para volver”, dijo en clara referencia a las elecciones del 2018.

Lo más grave de esa historia, sin embargo, es que puso a las claras que el esquema armado entre el juez Moro, la Policía Federal, el Ministerio Público y la gran prensa hegemónica encontró su punto ideal.

La comparencia por la fuerza pública de Lula da Silva demuestra que Moro es un magistrado sin límites, y que actúa en perfecta harmonía con el calendario golpista. Acosando a Lula, acosa a Dilma. Con eso, fortalece el debilitado proceso de impeachment que adormece en la Cámara de Diputados, faltando poco más de una semana para las manifestaciones callejeras convocadas por la derecha más radical para el domingo 13 de marzo.

La euforia registrada en el mercado financiero –el dólar cayó en picada, la Bolsa subió como un cohete– muestra quiénes son los que se alegran con la perspectiva del derrocamiento de Dilma Rousseff y la degradación de Lula. Ahora, hay que ver cuál será la reacción de los movimientos sociales, de la militancia del PT y del electorado que, en cuatro ocasiones seguidas, ha derrotado al PSDB en las urnas.