Tabaré Vázquez enfrentó ayer el primer paro general del año. Con un acatamiento casi total en la enseñanza como en la salud y una escasa repercusión en los transportes, la medida comenzó a las 10 y se extendió hasta las 14. Los gremios se concentraron en varias zonas de Montevideo, desde donde marcharon hasta la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas, mientras el ministro de esa cartera, Danilo Astori, se encuentra en Miami, participando de la asamblea anual del BID.

Fue la cuarta huelga general parcial de la central sindical PIT-CNT contra el gobierno uruguayo. Cuando se avecina la última ronda del año del Consejo salarial, la medida de fuerza convocó a unos 15.000 trabajadores, según informaron sus organizadores. Los sindicatos exigieron un aumento salarial y de las jubilaciones, cambios urgentes al impuesto a la renta personal y la anulación de la Ley de Caducidad, que perdonó a represores de la dictadura.

Ante la dureza de las cámaras patronales para negociar, los trabajadores salieron a la calle, explicó a Página/12 Luis Puig, uno de los dirigentes de la central. “Hubo una recuperación del salario, pero fue mínima e insuficiente, mientras que las ganancias patronales son muy grandes”, señaló Puig. “Todavía hay salarios y jubilaciones muy bajas y persiste la concentración de la riqueza y la desigualdad”, dijo el dirigente del gremio del Gas e integrante del oficialista Partido de la Victoria del Pueblo (PVP).

Al igual que Puig, la mayoría de los sindicalistas que integran el secretariado del PIT-CNT pertenecen al mismo tiempo al gobernante Frente Amplio. Dentro de la dirección de 15 miembros, tiene peso una alianza entre los sectores moderados –Vertiente Artiguista, la Asamblea Uruguay de Astori y la mayoría del Partido Socialista de Vázquez–, pero también inciden el Partido Comunista y el PVP, más cercanos a la izquierda.

Esa heterogeneidad se reflejó en la medida de ayer. La mayoría de los gremios, liderados por la coalición oficialista, realizó un paro general acotado, en vez de uno por 24 horas como habían propuesto los sindicatos más combativos. Pero lo que algunos sindicalistas oficialistas entendieron como un llamado a “profundizar los cambios” del gobierno, otros lo vieron como un rechazo a la política económica y social. “El PVP y el PC cada vez tienen posturas más radicales. Por eso la central resolvió impulsar este año un Congreso del Pueblo y la anulación de la Ley de Caducidad”, señaló Aldo Gilli, uno de los líderes de los bancarios. En cambio, la dirigencia del Frente que gobierna se abstuvo en el último plenario oficialista cuando se aprobó impulsar la anulación de la ley.

Desde el Ministerio de Trabajo, el paro fue tomado con suma parsimonia. “Están en su derecho, si bien no queremos que hagan estas medidas”, dijo a este diario el director nacional de Trabajo, Julio Baraibar. Aunque la huelga fue un llamado de atención al gobierno, Baraibar reconoció que va a llevar su tiempo atender el reclamo. “No se puede ser ansiosos. Cuando se tira demasiado de la colcha, se deja a otros con el culo al aire”, señaló el funcionario, que integra el Movimiento de Participación Popular de José Mujica.

Luego de que los contratos colectivos de trabajo vencieran en diciembre del 2007 y fueran prorrogados, la próxima y última ronda de discusión salarial del 2008 se iniciará el 1º de julio. “No podemos hacer magia, el gobierno va a analizarlo para que beneficie no sólo a los trabajadores, sino también a los empresarios”, añadió el funcionario.

El PIT-CNT reclama un aumento del salario mínimo nacional a 6500 pesos (320 dólares), de los actuales 3400 pesos (170 dólares). Asimismo, exige elevar el mínimo no imponible del impuesto a la renta personal y disminuir el IVA, por considerar que el esquema actual perjudica a los trabajadores. Sin olvidarse de los maestros, que en este momento protagonizan el principal conflicto sindical del país, la central exige también presupuesto para la educación pública.

Informe: Juan Manuel Barca.