España e Italia se vieron envueltas el viernes en una polémica por las políticas migratorias impulsadas por el jefe del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, a partir de declaraciones del gobierno español que causaron malestar y requirieron aclaraciones entre ambas partes. A pesar de que el gobierno italiano rechazó ayer la violencia ejercida contra campamentos de gitanos en Nápoles, en su mayoría originarios de Rumania y pese a las críticas recibidas, continuaron las redadas para la expulsión de extranjeros.

Los planes de Berlusconi de endurecer la política contra la inmigración ilegal generaron ayer preocupación y rechazo en Italia y Europa, con cuestionamientos encabezados por la Iglesia Católica y España, que advirtieron que esos planes pueden provocar “violencia, racismo y xenofobia”. Las críticas llegaron un día después de que Italia anunciara el arresto de 268 inmigrantes e insistió con sus planes de penar con cárcel a los sin papeles, acelerar las expulsiones y reforzar controles, aun en las fronteras con países firmantes de un tratado que autoriza la libre circulación por Europa a sus ciudadanos.

En Italia, el presidente del país, el ex comunista Giorgio Napolitano, se mostró cauto y pidió al ministro del Interior, Roberto Maroni, asegurarse de que las medidas que impulsa el nuevo gobierno de derecha sean efectivamente “urgentes y de necesidad” y respeten la normativa europea.

Maroni, miembro del partido antiinmigrantes Liga del Norte, se reunió el jueves con Napolitano para informarle de las medidas, incluidas en una ley que se espera sea aprobada por el Gabinete el próximo miércoles en Nápoles, que fue escenario de violentos incidentes. Mientras se aguarda su adopción, el ministro de Defensa, Ignazio La Russa, propuso que el Ejército ayude a patrullar los barrios junto con la policía, en una medida de “prevención y disuasión”.

Prueba de la diligencia con la que el gobierno de Berlusconi actúa en esta ocasión es que La Russa, de visita en el Líbano, anunció ayer que más de diez “bases allí desplegadas, que ya han sido desmanteladas, se trasladarán a Italia y servirán, a partir de ahora, como centros de acogida de clandestinos en vías de expulsión”. La Russa dijo que se cambiará el nombre de los centros de acogida para llamarlos centros de identificación y expulsión, una afirmación que contrasta con la hecha ayer por su colega del Interior, que negó la preparación de expulsiones masivas, prohibidas por la Unión Europea.

La Iglesia también alzó la voz y dijo que “hay que parar los extremismos” contra los inmigrantes, ya que se puede caer en el racismo. Pero la preocupación y el rechazo trascendieron las fronteras. Uno de los cuestionamientos más duros fue formulado por la vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, quien no sólo expresó su desacuerdo con las medidas que impulsa Berlusconi sino que, además, sin pelos en la lengua, dijo que en Italia existe “violencia, racismo y xenofobia”. Por su parte, la Comisión Europea dijo que seguía la situación “con mucha tensión”, pero aclaró que “por ahora”, Italia no contravino la legislación europea sobre inmigración.