Desde Madrid

“Máxima firmeza contra los piquetes.” Minutos después de que el ministro del interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciara mano dura contra la huelga de transportistas, veinticinco mil policías y guardias civiles salieron ayer por la mañana, durante el tercer día de conflicto, a despejar las rutas. Por la tarde el tránsito volvió a la normalidad en las grandes ciudades, mientras las fuerzas de seguridad anunciaban que se había detenido a más de cincuenta manifestantes. En Andalucía, donde la medida se hizo sentir con más fuerza, los enfrentamientos entre camioneros y policías se saldaron con varias decenas de heridos, entre ellos un policía que a última hora de ayer permanecía ingresado en estado grave. En la jornada más tensa del conflicto hubo también enfrentamientos entre las fuerzas del orden y colectivos de pescadores y agricultores en distintos lugares del país. El desabastecimiento de combustible y alimentos se hizo notar con mucha fuerza en todo el territorio.

Con las negociaciones trabadas entre la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, y las entidades que convocaron al paro porque el gobierno se niega a fijar una tarifa mínima a los transportistas para no violar las reglas de libre comercio que exige la Unión Europea, la administración Zapatero decidió a primera hora de la mañana que la única forma de salir del atolladero era sacar las fuerzas de seguridad a la calle. Y así lo hizo. A media mañana, con las principales ciudades colapsadas por las protestas y las manifestaciones de los camioneros, veinticinco mil policías y guardias civiles recibieron la orden de despejar las rutas a cualquier precio.

En Andalucía, donde la huelga es más contundente debido a que se han sumado pescadores –en paro desde hace ya diez días– y agricultores, comenzaron los enfrentamientos más duros con la policía. Mientras en Almería los productores rurales arrojaban a los antidisturbios todo tipo de verduras y frutas, fastidiados porque no las podían vender debido al paro de transporte, en Sevilla se produjeron los peores choques de la jornada, que se saldaron con trece heridos, todos leves salvo un agente de policía que fue internado en estado grave. Para completar el operativo de desarme de la medida, el gobierno escoltó a más de cuatro mil camiones gracias a un dispositivo que anunció Pérez Rubalcaba por la mañana en el que se sugería a los transportistas que no se habían adherido que llamaran a la policía para pedir ayuda.

La reacción del gobierno socialista se entiende no sólo porque los sindicatos patronales que convocaron la medida representan sólo al 20 por ciento del sector, sino porque ayer el país daba claras muestras de estar sufriendo la huelga hasta niveles que el propio gobierno no había previsto durante los días anteriores al comienzo de la huelga. El desabastecimiento de alimentos era más que notorios en los supermercados, mientras que la aventura de conseguir cargar combustible se había vuelto casi imposible en la mayor parte del país. Es más, la propia administración pública comenzaba a sentir la falta de suministros, que afectaban incluso a la policía, a las ambulancias en los hospitales, al servicio de bomberos y hasta comenzaban a correr rumores de que iba a escasear el fluido eléctrico, algo que finalmente no ocurrió. El bloqueo que los transportistas habían impuesto a los grandes mercados mayoristas y los principales puertos del país comenzó a traducirse en un alza del precio de los alimentos, un dato preocupante que llegó el mismo día en el que se supo que la inflación había alcanzado un 4,6 por ciento, el peor dato en quince años.

El Partido Popular aprovechó la sesión de control semanal al gobierno en el Congreso de los Diputados para criticar a Rodríguez Zapatero. Su líder, Mariano Rajoy, consideró que el Poder Ejecutivo no está tomando las medidas necesarias para resolver el conflicto al tiempo que continúa negando la gravedad de la crisis económica, con lo cual tampoco tiene la iniciativa suficiente para dictar las directivas de fondo que ayuden a paliarla. Zapatero respondió explicando que el próximo miércoles tendrá una reunión con empresarios y sindicatos en la que piensa proponer un gran acuerdo social para hacer frente a la dura situación económica que sacude al país, agobiado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria –gran motor del crecimiento durante los últimos años–, la inflación provocada por el alza de las materias primas y la falta de liquidez que ha traído consigo la crisis financiera global, que se desató el pasado mes de agosto, con epicentro en Estados Unidos.