Ni el gobierno ni la oposición se lo esperaban. Por eso quedaron boquiabiertos ayer cuando el jefe de la Asamblea Constituyente de Ecuador, Alberto Acosta, anunció su renuncia al cargo. El candidato más votado de la oficialista Alianza País tomó la decisión en rechazo al ultimátum que dio el presidente Rafael Correa para terminar como sea la nueva Constitución antes del 26 de julio. “Lo ha dicho Rafael Correa, mi amigo, que es un suicidio político no cumplir hasta el 26 de julio. Yo creo por el contrario que debemos tomarnos el tiempo suficiente para que el debate y la Constitución sean de calidad”, señaló Acosta.

Rodeado de asambleístas de otros partidos y en ausencia de representantes de su coalición, Acosta salió por la tarde a calmar a la prensa, que desde ayer a la mañana quería saber los motivos de su dimisión. “La democracia es que todos los ciudadanos puedan ser escuchados y puedan escuchar, no debemos excluir a nadie”, dijo al tiempo que confirmaba su renuncia, de carácter irrevocable, en la sede de la Asamblea en la localidad de Montecristi, en la provincia costera de Manabí.

Pese a dar un paso al costado, Acosta aseguró que seguirá respaldando al gobierno. “Es una decisión democrática. Yo no tengo ni resentimientos ni una situación de enojo frente a ninguno de mis compañeros”, indicó, para luego subrayar que su relación con Correa es “muy buena”. Por ello, añadió que no busca una pugna de poderes ni la más mínima división de Alianza País y el grupo Acuerdo País, que controla la Asamblea, a los que, según dijo, seguirá perteneciendo y apoyando como asambleísta.

La renuncia de Acosta fue anunciada ayer por la mañana por el jefe de prensa de la Asamblea, Orlando Pérez, cuando restan cinco semanas para que expire el plazo para la entrega del texto de la nueva Constitución con la que Correa busca habilitar su reelección inmediata y reforzar el poder estatal sobre la dolarizada economía ecuatoriana.

Apenas el gobierno se enteró de la noticia, el ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, se mostró preocupado por la sorpresiva dimisión. “Por supuesto que nos preocupa, hemos conocido la renuncia de Alberto y vamos a ponernos en contacto con él para conocer las razones de la decisión y ver qué salidas tenemos”, dijo. Por la tarde, el líder de la AP dio a conocer su discrepancia con la urgencia de Correa por aprobar la Carta Magna en la fecha estipulada.

Pero ésa fue tan sólo la gota que rebasó el vaso. Acosta y el mandatario ya habían chocado en otras ocasiones, según dijo una fuente del gobierno consultada por PáginaI12, que conoce desde hace años al asambleísta y que no quiso revelar su nombre. La semana pasada el jefe de la Asamblea se ausentó de la misma y fue reemplazado por el segundo, Fernando Cordero, que cambió el modo de funcionamiento de la sesión que Acosta venía implementando. “Redujo el tiempo de debate, algo con lo que Acosta no está de acuerdo”, señaló la fuente. Esa no fue la única divisoria de aguas. Al candidato de AP tampoco le cayó bien la propuesta que hizo Correa de amnistiar al ex mandatario Gustavo Noboa, enjuiciado por el también ex presidente León Febres Cordero y que llegó a estar privado de la libertad por renegociar la deuda externa.

Mientras el titular de la Constituyente comparecía ayer, los asambleístas de Acuerdo País estaban reunidos en la cercana ciudad de Manta decidir el nombre de su posible sucesor. Tanto Acuerdo País como Correa defienden que la redacción de la nueva Constitución concluya el próximo 26 de julio, como señala el estatuto de la Asamblea.

Sin embargo, Acosta y otros asambleístas, de la mayoría y de otros grupos, consideran que el plazo debería ampliarse y reivindican las consultas realizadas por la Asamblea a los grupos sociales sobre los textos constitucionales, que han sido criticadas por Correa. Ayer, la oposición de derecha aprovechó la renuncia para señalar que con ella se destapó la crisis que venía cocinándose en el oficialismo. Desde el gobierno, reconocieron que el anuncio significa un desgaste político increíble porque le sirve a la oposición en su campaña contra la nueva constitución, que en septiembre debería ser votada en un referéndum.