La OEA empezó a moverse para repeler la nueva ley europea que endurece las sanciones contra los inmigrantes ilegales. En una resolución aprobada por unanimidad, los Estados de las Américas se mostraron preocupados ayer por la nueva norma y resolvió conformar una misión de ministros americanos para dialogar con Europa. “Los nacionales de terceros países no deben ser objeto de encarcelamiento en la UE por una falta administrativa”, se quejó la vicecanciller de México, Lourdes Aranda. Estados Unidos y Canadá apoyaron la resolución, pero a diferencia del resto defendieron la autodeterminación de la Unión Europea (UE) en materia migratoria.

Después de que Europa aprobara el 17 de junio la Directiva Retorno, los países americanos quieren que el Viejo Continente dé la cara. Por eso, a pedido de Perú, la OEA se reunió ayer para analizar y buscar una solución alternativa a la ley europea, que dispone una detención de hasta 18 meses de los inmigrantes ilegales que no quieran partir por propia iniciativa y una prohibición de cinco años para regresar a la UE.

“Manifestamos preocupación por las leyes y medidas adoptadas por algunos Estados que pueden restringir los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes”, indicó la resolución aprobada en Washington. Con ánimo de dialogar, los asistentes encomendaron al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que conformara una misión de alto nivel de los Estados miembros de la OEA a la UE para obtener información de primera mano sobre la Directiva Retorno en una reunión en fecha a definirse.

En circunstancias que recrudecen los ataques xenófobos en Europa, el plan es discutir los puntos más sensibles de la norma. “Hay que reforzar los mecanismos de diálogo entre los dos continentes (Europa y América) para encontrar vías constructivas de solución práctica que protejan los derechos básicos y las libertades fundamentales de los trabajadores migrantes y sus familias”, propuso el canciller peruano, José García Belaúnde. La misión podría estar integrada entre otros funcionarios por Insulza y el canciller peruano García Belaúnde (ver aparte), según informaron fuentes diplomáticas. El Salvador también anunció que formará parte del grupo.

Durante el encuentro, los Estados de las Américas recordaron que en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la UE, a mediados de mayo en Lima, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y las naciones europeas acordaron establecer un diálogo integral y comprensivo sobre la migración. “En conformidad con el derecho internacional, hay que garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes”, exigieron.

Desde la aprobación de la directiva, Europa se ganó las críticas del gobierno de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú y de Insulza, que calificó a la ley de “represiva”. “El viento frío de la xenofobia sopla otra vez”, denunció el martes el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Por su lado, el presidente venezolano, Hugo Chávez, amenazó con no enviar más petróleo a los países europeos que decidan aplicar la nueva ley migratoria, y dijo que revisará las inversiones europeas en Caracas.

Ayer, la reunión de la OEA hizo de caja de resonancia del malestar regional. El ministro peruano recordó que el continente americano recibió a millones de europeos que inmigraron escapando de la pobreza durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Colombia pidió explicaciones. “Consideramos que es necesario que se explique a los gobiernos y a nuestras poblaciones, cuál es el alcance real de estas medidas que ha tomado el Parlamento Europeo y cuál es la perspectiva en la cual se van a aplicar”, reclamó el canciller Fernando Araújo.

Por su parte, el vicecanciller paraguayo, Antonio Rivas, transmitió la decepción que sentía su país por la nueva normativa europea –la cual pidió que fuese modificada– y denunció que era incongruente con las relaciones históricas entre los dos continentes. México criticó la aprobación de la ley a espaldas de América. “Nadie puede resolver unilateralmente el fenómeno migratorio. Es indispensable fortalecer el diálogo”, sostuvo la vicecanciller Lourdes Aranda.

Todo esto fue escuchado atentamente por los observadores de los países de la UE que aportan al presupuesto de la OEA y manifestaron su voluntad de diálogo. Eso sí, sin tocar la cuestionada Directiva Retorno.