Ni el arrepentimiento lo salvó. La Justicia chilena procesó y encarceló a Santiago Sinclair, ex mano derecha del difunto dictador Augusto Pinochet, por su responsabilidad en el asesinato de cinco militantes de izquierda durante la dictadura, que fueron arrojados al mar en 1987. Aunque el general retirado criticó en 2003 las pasadas violaciones a los derechos humanos, ayer fue detenido junto al general en retiro Hugo Prado, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y el coronel en servicio activo Marcos Bustos. Los familiares de las víctimas celebraron la medida judicial.

Luego de que el juez Mario Carroza dio luz verde al procesamiento de Sinclair y los otros dos militares, los partícipes de la dictadura fueron recluidos en el Batallón de Policía Militar en el oriente de Santiago. La instalación devino en centro de reclusión debido a los procesamientos masivos de militares iniciados en 2007, tras la muerte de Pinochet en diciembre de 2006. Con este nuevo fallo, ya suman 20 los uniformados encausados en un caso que fue emblemático por tratarse de la última desaparición de opositores del régimen castrense que imperó en Chile entre 1973 y 1990.

Todos los procesados son acusados del secuestro y desaparición de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), de izquierda, en 1987. Las víctimas, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida, Julio Muñoz, Julián Peña y Alejandro Pinochet Arenas, habrían sido torturadas y asesinadas en dependencias militares. En una versión local de los vuelos de la muerte realizados por los militares argentinos, sus pares chilenos arrojaron los cuerpos al mar desde un helicóptero del ejército, tras una orden emitida por Sinclair, según indica la investigación del juez Mario Carroza.

La decisión de ayer es el primer paso para la sentencia definitiva,

en el caso que deberá ser sancionada por la Corte de Apelaciones. “Hoy día se está reprochando a los jefes de este tipo de operación y de estos secuestros permanentes que existen respecto de estos cinco desaparecidos”, señaló el abogado querellante, Nelson Caucoto. Sin embargo, advirtió que aún faltan otros autores materiales. Por ello, abogados anticiparon que ahora iniciarán juicio contra los civiles y políticos que respaldaron el régimen castrense, entre los que figuran senadores y diputados en ejercicio.

En tanto, las organizaciones de derechos humanos recibieron con alegría la noticia. “Su detención es extraordinaria y constituye un avance significativo y serio en el esclarecimiento judicial de las violaciones a los derechos humanos”, dijo la vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García. Para los defensores de las víctimas lo importante es que por fin están siendo procesados los responsables finales de las prácticas represivas. “Ojalá sigan cayendo muchos más”, dijo.

Sinclair fue vicecomandante en jefe del ejército entre 1986 y 1989, cuando pasó a integrar la junta militar. Antes de convertirse en senador en 1997, el militar retirado participó como civil del “boinazo” en julio de 1993, una rebelión militar carapintada comandada por el entonces general Pinochet, en la que comandos paracaidistas del ejército con boinas, lanzacohetes y lanzagranadas rodearon el edificio de las Fuerzas Armadas, a pasos de La Moneda. En uno de los capítulos más tensos de la transición, tres años después del fin de la dictadura, Sinclair fue quien presentó el petitorio de la asonada para que el gobierno de Patricio Aylwin sepultara el caso de los “pinocheques”.

Diez años más tarde, quien fuera uno de los más estrechos colaboradores de Pinochet en los años de plomo se convirtió en uno de los ocho primeros arrepentidos de las atrocidades llevadas a cabo por la dictadura. En mayo de 1993, Sinclair firmó una carta junto a otros siete generales de confianza del dictador en la que reconocían “la existencia de problemas en materia de derechos humanos” durante la dictadura. En el documento inédito para ese entonces, los militares no mencionaban explícitamente el genocidio en Chile por el que unas 3000 personas fueron asesinadas o desaparecidas, según informes oficiales, y otras 50.000 torturadas, entre ellas niños de hasta dos años.

Por si la memoria falla, ayer la Justicia se lo recordó.