Desde París

Una de las grandes batallas políticas y sociales ganadas por los socialistas hace 10 años se esfumó al filo de la medianoche. Mediante un voto en el Senado, el Parlamento francés adoptó el proyecto de ley sobre la renovación de la democracia social, cuyo capítulo consagrado a la reforma de la extensión legal de las horas de trabajo pone punto final a las 35 horas de trabajo semanales adoptadas por el gobierno socialista de Lionel Jospin (1997-2002). Sólo la mayoría conservadora votó por este texto, que era a la vez una de las promesas de la campaña electoral del presidente Nicolas Sarkozy y un emblema sustantivo de la filosofía de su mandato, resumida en la fórmula “trabajar más para ganar más”. Los socialistas consideran esta reforma una “regresión social” y adelantaron que en los próximos días interpelarán al Consejo Constitucional.

La reforma no suprime de hecho las 35 horas como horizonte legal. Las mantiene pero al mismo tiempo autoriza a las empresas a aumentar el tiempo de trabajo previa negociación gremio por gremio con los sindicatos o los representantes del personal. La ley permite así que las empresas extiendan el recurso a las horas extras sin tener que pedir permiso a los inspectores de trabajo, siempre y cuando no se excedan las 48 horas de trabajo semanales. Anoche, el Senado dio vuelta la página de lo que fue, a lo largo de los últimos diez años, uno de los temas más controvertidos en Francia y que, de manera frontal, trazó una frontera entre la izquierda y la derecha. Para los socialistas y los sindicatos, la reforma no hará sino privar de sus derechos y sus beneficios a los trabajadores, instaurando una suerte de “útil de dumping social a los empleadores”.

Durante la campaña electoral del año pasado, Sarkozy había calificado las 35 horas como “una catástrofe generalizada para la economía francesa”. Caso único en Europa, la limitación de la semana laboral a 35 horas en vez de 39 era una medida emblemática del gobierno socialista de Lionel Jospin, cuyo propósito consistió en luchar contra el desempleo mediante el reparto del tiempo de trabajo. Una estimación controvertida del Instituto Nacional de Estadísticas indica que, en su momento, las 35 horas permitieron la creación de 350.000 puestos de trabajo entre los años 1998 y 2002. Sin embargo, esa reactivación del mercado laboral fue en gran parte subvencionada por las ayudas públicas pagadas por el Estado a las empresas. Hace diez años, la adopción de esta medida había desencadenado una aguda confrontación con las patronales. Al mismo tiempo, ese plan socialista dio lugar a una movilización sin precedentes de la sociedad. Por o contra ellas, frente a la historia social las 35 horas fue el último proyecto colectivo que incluyó a toda la sociedad francesa. No se trató de los jóvenes, los estudiantes, los ejecutivos o los metalúrgicos sino de cada familia.

La derecha siempre consideró las 35 horas como un peso para la economía, un peso tanto más determinante cuanto que, según los conservadores, ese esquema penalizaba la competitividad de las empresas. Xavier Bertrand, el ministro francés de Trabajo, estimó que con el nuevo texto se renovaba “la democracia social”. El ministro dijo que era “un texto sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Es un texto histórico que va a modificar el derecho laboral. Ecologistas, socialistas y comunistas ven en esta reforma una ‘regresión social’ mayor”. En este contexto, los sindicatos franceses advierten sobre los “perjuicios” que la reforma introduce “en el equilibrio entre vida privada y vida profesional”. Una época y una filosofía llegaron a su fin ayer en Francia. El principio según el cual incluso el tiempo de trabajo se comparte con la colectividad en pos del bien común fue reemplazado por el otro, ya universal, que hace del más fuerte un potencial ganador.