Uno de los líderes de la sofisticada banda que robaba dinero de argentinos ricos y famosos depositado en cuentas bancarias en el exterior fue detenido ayer en Chile a pedido de la Justicia federal porteña, que reclamará su extradición. Luis Miguel Casado Córdova era el único que todavía estaba prófugo de las 19 personas que componían la trama de estafadores. Está acusado de ser “organizador” de la “asociación ilícita” en la que también participaban policías federales y un agente de la SIDE. Hay más de cuarenta estafas comprobadas, entre cuyos damnificados figuran el productor Alejandro Romay, la ex tenista Florencia Labat y varios empresarios acaudalados.

Según la investigación que llevó adelante el fiscal Guillermo Marijuán, Casado Córdova, chileno, era uno de los cerebros de la organización y el encargado –entre otras cosas– de que el dinero robado de una cuenta llegara por medio de una transferencia a otra cuenta, que nunca estaba en la Argentina. La red tenía ramificaciones que operaban en Chile, Ecuador y Estados Unidos. La fiscalía llegó a detectar transferencias por un total de casi 15 millones de pesos, ejecutadas entre 2005 y 2006. Otras tantas fueron abortadas a tiempo.

Casado Córdova fue detenido por Interpol mientras hacía las compras en una panadería del centro de Santiago de Chile. Ayer mismo un juez de la Corte local le notificó que existe un juicio en su contra en la Argentina y quedó detenido bajo custodia de la gendarmería del país vecino. Marijuán y el juez Rafecas se disponen a pedir su extradición, según pudo confirmar PáginaI12. Tienen un plazo de sesenta días. Desde Chile trascendió que allí Casado Córdova tendría otra causa abierta por estafa desde hace diez años. Esto podría obstaculizar su juzgamiento en los tribunales porteños.

La maniobra que utilizaba la banda para robar los millones de los ricos y famosos era de lo más compleja y se hacía en varias etapas:

- Primero sustraían la correspondencia bancaria y resúmenes de las cuentas de las víctimas a través de algún contacto –que no ha sido identificado– en el Correo Argentino. De allí obtenían los nombres completos, domicilios reales y números de cuenta.

- Luego obtenían los legajos personales de los damnificados archivados en la División Legajos Personales de la Policía Federal. De esas carpetas sacaban las copias de los DNI y pasaportes. Para esto contaban con colaboración de al menos un policía, el suboficial Daniel Pisapia, de la División Documentos y Certificados, y de un agente de la SIDE, Néstor Raúl Luna. Ambos están procesados (por asociación ilícita, estafa y sustracción de documentos públicos), al igual que el socio de Pisapia, el policía retirado Gastón Ariel Velasco.

- La siguiente etapa consistía en el desvío de la línea telefónica de la víctima. Para eso contaban con el aporte de técnicos de Telefónica, Telecom y otras empresas subcontratistas. Ellos se encargaban de concretar materialmente el corte de la línea y transferirla a otro teléfono desde el cual un hombre o una mujer –según el caso– se hacían pasar por los verdaderos titulares de las cuentas y pedían las transferencias de dinero a depósitos off shore de la banda. Cuando desde el banco volvían a llamar al teléfono registrado de su cliente, atendían los estafadores. Ante el pedido de copia de DNI y pasaporte, mandaban el que habían obtenido de los legajos personales de la Policía Federal, de los cuales, además, escaneaban y falsificaban las firmas.

Los empleados telefónicos que fueron procesados por asociación ilícita y estafa son Luis Humberto Rodríguez, Marcelo Galarza, Marcelino Galarza, Antonio Enrique Busto, Ignacio Aquistapace y Carlos Serrano. Carlos Daniel Núñez era el encargado de coordinar los cortes del servicio telefónico y está procesado como “organizador” del grupo de ladrones. Cuando fue indagado, en diciembre último, confesó todos los detalles de la operatoria y le dijo al juez: “Debo haber cortado unos cuarenta y cinco teléfonos (...) nos pagaban 400 pesos (...) Para ser franco, a mí me servía la plata y no pensé de quién era”. Otros tres involucrados se llaman Gustavo Wolochwianski, Gastón Santana y Norberto Verón.

Los que se hacían pasar por titulares de las cuentas eran Eduardo Kerschen y su hija Alejandra, según el cliente real fuera varón o mujer. El fue marino mercante y ella, analista de sistemas, fue empleada de la DGI. Ambos manejan varios idiomas y viven en countries de la zona norte, según informaron allegados a la causa. También están procesados.

Los dos jefes de la organización están presos. Uno se llama Marcelo Pizzini y el otro es Fabián Alejandro Gonçalves. Pizzini, de 41 años, vivía en una mansión amurallada de casi cuatro manzanas en Pilar con tres piletas, una fuente con peces, dos camionetas 4x4 y varias motos. Allí lo detuvieron. Los investigadores encontraron sobre su escritorio legajos originales obtenidos de la policía. Gonçalves, 44 años, abogado y ex empleado de un juzgado correccional, se ocupaba de las transferencias. Incluso viajó a Chile, donde se hallaron algunas de las cuentas receptoras del dinero.

Varios de los bancos extranjeros de donde salieron los giros –de entre 40 mil y 200 mil dólares– detectaron las operaciones sospechosas. Otros fueron alertados por la Justicia. Algunos de los damnificados recuperaron el dinero, otros no. El reclamo a veces se complica porque no todos declararon la posesión de estas cuentas extranjeras.