Desde México, D.F.

El diagnóstico es estremecedor: el crimen organizado prevalece por la impunidad y corrupción imperantes en México, ejerce un amplio control territorial, eleva su nivel de violencia y capacidad de fuego, y cuenta con mejores sistemas de organización y estructura logística. Al mismo tiempo, el Estado enfrenta el deterioro institucional de los organismos de seguridad y la Justicia, de-satendidos por décadas. El duro análisis no es de la oposición sino del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y del secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián. Lo hicieron en público durante la XXIII Sesión del Consejo, en la que se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, acto que reunió al presidente Felipe Calderón, los 31 gobernadores del país, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y representantes del sector privado, asociaciones religiosas, sociedad civil y medios de comunicación.

Así culminaron tres semanas de discursos mediáticos disparados por el secuestro y asesinato del hijo de un notorio empresario, un adolescente de 14 años asesinado mes y medio antes por sus captores. El padre de la víctima, dueño de una cadena de tiendas deportivas, estuvo en la reunión para decirles a los políticos que “si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción”.

El Acuerdo establece 75 puntos para depurar los cuerpos policiales del país, integrados por 375.934 elementos, de los cuales solamente 20.353 son agentes federales y el resto, municipales y estatales. Con un énfasis en el combate al secuestro, lavado de dinero y crimen organizado, el Acuerdo determina plazos para cumplir. Pero ninguno de ellos será en lo inmediato, y algunos de ellos se extienden hasta por dos y tres años. Por si fuera poco, de los 28 compromisos adquiridos directamente por el gobierno federal, al menos diez ya habían sido planteados con anterioridad por la administración de Felipe Calderón.

De ahí el escepticismo sobre la eficacia de esta nueva estrategia contra el crimen, no sólo de buena parte de la sociedad civil, sino hasta de la propia clase política. “Programas sin recursos que los sustenten son mera demagogia”, dijo el gobernador de Sonora y presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el priísta Eduardo Tours, al reclamar respaldo económico. Hace 18 meses, la Conferencia entregó a Calderón, al Congreso y al Poder Judicial sus propuestas de coordinación y compromisos para combatir el crimen organizado.

Casi al mismo tiempo que se reunía el CNSP, los diputados y senadores del PRI celebraban reuniones plenarias en la que dejaron claro que no adherían, pues no las conocen y rechazaron sumarse a acciones “coyunturales o con fines mediáticos”. En Chihuahua, casi en la frontera con Estados Unidos, al visitar municipios que son patrullados por el ejército en tanquetas, el ex candidato presidencial de izquierda Andrés Manuel López Obrador descalificó la propuesta, a la que llamó “un nuevo modelo policíaco” que no ataca las causas del problema. Hasta el ex presidente nacional del PAN, Manuel Espino, consideró “tardía” la reunión del CNSP. “No hacían falta tantas muertes para reaccionar.”

Pero no son sólo las más de 4000 ejecuciones registradas en lo que va del gobierno de Calderón, sino el deterioro social e institucional para combatir el delito, reconocido por sus propios funcionarios. “Esto se ha agravado, en muchos casos, debido a la penetración de la delincuencia en los órganos de seguridad y a la complicidad de algunas autoridades con los criminales. En muchos casos la delincuencia ha dañado el tejido social y ha encontrado cobijo en familias enteras y comunidades”, dijo el secretario técnico del CNSP.

La batalla por la seguridad pública continuó ayer en el VIII Encuentro Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales. En las vísperas, siete policías fueron asesinados en varias partes del país.