Las comunidades nativas y campesinas peruanas ganaron el fin de semana un importante pulso al gobierno de Lima al lograr, tras más de 10 días de paros y manifestaciones, que el Congreso derogara dos polémicos decretos legislativos que habrían hecho más sencilla la compraventa de tierras indígenas. La llamada Ley de la Selva ablandaba las condiciones actualmente requeridas para vender o arrendar las tierras de las comunidades, exigiendo para ello el voto favorable sólo de la mitad más uno de sus integrantes. Los detractores de la medida consideran que habría abierto la puerta al masivo desembarque de compañías mineras y del sector energético en tierras amazónicas.

En palabras del gobierno, las normas pretendían promover la modernización del campo y la creación de puestos de trabajo al facilitar el ingreso de capitales privados.

El viernes, el Parlamento las anuló en una votación en la que el partido de Gobierno, el Alianza Popular Revolucionaria Americana, se quedó solo. Desde los nacionalistas de Ollanta Humala hasta la derecha votaron a favor de la derogatoria de los decretos. Más de 60 comunidades de distintas zonas del país se levantaron, apoyadas por algunas ONG y organizaciones de izquierda, con el argumento de que las normas desconocen los derechos históricos sobre la tierra y son una imposición derivada del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., que entrará en vigencia el año que viene.